Unión Europea
El Tribunal de Cuentas de la UE denuncia que los Estados usaron 7.000 millones de forma irregular
El Tribunal de Cuentas de la UE denunció este miércoles que alrededor de 7.000 millones de euros del presupuesto comunitario de 2013 (cifra equivalente al 4,7% del gasto total de 148.500 millones de euros) se utilizaron de forma irregular, incumpliendo la legislación europea. Los auditores comunitarios han reclamado por ello a los Estados miembros y a la Comisión que mejoren los controles y garanticen la obtención de mejores resultados con sus gastos.
El porcentaje de errores en el gasto detectado por el Tribunal de Cuentas es ligeramente inferior al de 2012 (cuando se situó en el 4,8%), pero está muy por encima del mínimo del 3,3% que se registró en 2009. Los auditores aprobaron las cuentas de la UE de 2013, pero subrayando que "la gestión de su gasto no es aún suficientemente satisfactoria en términos generales, ni en la Unión ni en los Estados miembros".
"La Comisión Europea y los Estados miembros han de prestar más atención a cómo gastan el dinero de nuestros contribuyentes", reclamó el presidente del Tribunal de Cuentas, Vítor Caldeira. Los auditores censuran en particular que se conceda prioridad "a gastar los fondos disponibles" y no a "conseguir buenos resultados".
La mayoría de los errores se produjeron en los ámbitos de gastos de gestión compartida por los Estados miembros y la Comisión Europea. En particular, en la política regional, la energía y los transportes, donde el mal uso de los fondos comunitarios ascendió al 6,9%. En segunda posición se sitúa el desarrollo rural, el medio ambiente, la pesca y la salud, con un 6,7% de errores.
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En conjunto, los ámbitos de gestión compartida arrojaron un porcentaje de error estimado del 5,2%, frente al 3,7% de los programas de gasto gestionados mayoritariamente de forma directa por la Comisión. El mal uso del presupuesto comunitario se limitó al 1% de los propios gastos administrativos de la UE.
El porcentaje de error estimado por el Tribunal de Cuentas no mide el fraude, la ineficacia o el despilfarro, sino los fondos que no deberían haberse abonado con cargo al presupuesto de la UE porque no se utilizaron con arreglo a sus normas. Los ejemplos que ponen los propios auditores son casos como el de una empresa que presentó una declaración en calidad de PYME cuando en realidad pertenecía a una gran compañía, o la ampliación de un contrato público existente sin dar a otros licitadores la posibilidad de presentar ofertas.
Según los auditores de la UE, las medidas correctoras y de recuperación de fondos de la Comisión y de las autoridades nacionales redujeron el porcentaje de errores del 6,3% al 4,7%. No obstante, el Tribunal de Cuentas denuncia que las autoridades nacionales disponían de información suficiente para haber corregido muchos de ellos antes de solicitar el reembolso a la Comisión, lo cual habría reducido el porcentaje de error estimado. Por ejemplo, en desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud, donde habría pasado del 6,7 al 2,0%.
