El Tribunal de la UE ordena de nuevo regularizar a los interinos y el Gobierno responde que ya lo hace

Ha vuelto a pasar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha marcado de nuevo el camino que se ha de seguir con el personal interino de la administración pública que encadenan contratos temporales: deben convertirse en indefinidos para castigar y prevenir abusos laborales. Lo ha hecho en una sentencia que responde a la petición de tres trabajadoras de la Generalitat de Cataluña, cuya plaza quedó ocupada por un funcionario de carrera, que alegaron que su labor no respondía a necesidades temporales, urgentes y excepcionales, sino a tareas ordinarias, duraderas y permanentes, por lo que solicitaron que su contrato temporal de larga duración se transformara en indefinido.

El TJUE se alinea ahora con las interinas y señala que, a falta de medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la conversión de los contratos de duración determinada en indefinidos puede ser una medida adecuada de prevención y reparación de abuso. Si bien, en el fallo se recuerda que corresponde a los juzgados nacionales garantizar que esa conversión no implica una interpretación contraria a la ley.

Javier Araúz, el abogado que se ha ocupado de este proceso en representación de los interinos del sector público, asegura a infoLibre que la sentencia "afecta a alrededor de 1,2 trabajadores temporales" en el conjunto del país, "que, en el fondo, son más de cinco millones de ciudadanos, contando familiares". De ellos, unas 900.000 son mujeres de edad avanzada”, muchas mayores de 50 años, “a las que les va la vida estabilizarse en el sector público porque no van a poder acceder a un mercado que no existe para ellas, después de hasta 35 años de aguantar la precariedad laboral, con la angustia que ello conlleva”, afea.

A juicio del letrado, la resolución del tribunal europeo evidencia que "las autoridades administrativas y judiciales españolas no están a la altura". "Es, en primer lugar, un varapalo para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -sostiene-, al estimar que lo que ésta entiende como aplicación de la directiva, que es dejar al abusado en régimen de abuso hasta que se proveyera su plaza por un funcionario de carrera, es contrario a la directiva comunitaria". Y apostilla: "Pero también deja en mal lugar al Gobierno de España, que se había inventado la Ley 20/2021, con una indemnización de 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades, para quienes no superen los procesos de estabilización de esa norma. El fallo les indica que no, que esto tampoco cumple con la normativa comunitaria ni con el objetivo de la directiva, que es acabar con la precariedad en el sector público".

Para Araúz, el cumplimiento de la sentencia del TJUE exigiría “paralizar inmediatamente los procesos de estabilización convocados al amparo de la Ley 20/2021”, transformar “en fijos o de carrera a los empleados públicos temporales víctimas de un abuso que hayan accedido a través de un proceso selectivo sujeto al principio de igualdad, capacidad y libre concurrencia, pues esta estabilización no es contraria a las normas nacionales”; y “sujetar al resto del personal temporal víctima de un abuso a las mismas causas de cese o de despido que rigen para los funcionarios fijos o de carrera”. “La sentencia también nos da la solución para cumplir la normativa comunitaria y para que España de una vez se acerque a Europa y se aleje de África y haya trabajadores que dejen de vivir angustiados”, lanza. Cree que, "si no fuera por Europa", el país todavía estaría "en el siglo XIX o XX en estas materias". "Me da mucha pena que nuestros políticos y nuestros tribunales no sean capaces de reconocer derechos que son de puro sentido común y vienen impuestos por la Unión Europea", mantiene.

Desde la órbita de los interinos recuerdan que "éste no es un problema nuevo" y ya hubo un fallo previo del tribunal europeo de este mismo año en el que "se dejó claro que ni una indemnización al cese o extinción de los contratos ni las sanciones que puedan imponerse a las autoridades administrativas responsables de estos abusos, ni los procesos de oposición o estabilización son medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos de la directiva". "Se indicó que la forma de hacerlo es convertir en fijos a los empleados públicos víctimas de un abuso", concluyen.

"Se ha alcanzado ya el 75% de las regularizaciones"

Del lado del Gobierno, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha anotado que en España se ha alcanzado ya el 75% de las regularizaciones de trabajadores interinos de la administración pública y que el Ejecutivo "tiene una ley" con la que se "anticiparon" al problema de la temporalidad, que, en su opinión, está dando "resultados extraordinarios", según ha recogido Ep. Antes de participar en el municipio gaditano de San Fernando en la I Jornada de reflexión sobre los Derechos Digitales, el ministro Escrivá se ha referido al pronunciamiento del TJUE y ha señalado que se está pendiente de conocer la opinión de éste sobre "casos previos al 2021" y que este asunto "atañe fundamentalmente a los tribunales" y a cómo dichos órganos "tienen que resolver esos conflictos".

Con todo, ha insistido en que desde el Gobierno tienen el objetivo de llegar "a un número determinado de regularizaciones", en concreto a las 300.000 estabilizaciones a final de año y que por el momento se ha alcanzando "el 75%", por lo que alcanzarán su propósito "ampliamente". "No tengo ninguna duda", ha proclamado.