Unai Sordo: “Que el Gobierno abra el escenario o deje de hablar de pacto de rentas”

“Que el Gobierno abra el escenario o que deje de hablar de pacto de rentas”, ha apremiado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, pocas horas antes de sentarse esta tarde con la ministra de Economía, Nadia Calviño, para preparar la convocatoria que la próxima semana reunirá al resto de los responsables económicos del Ejecutivo y a los agentes sociales. El martes Calviño se había citado con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

En teoría, la reunión de la semana que viene servirá para revisar el reparto de los fondos europeos pero, en la práctica, tratará también sobre el pacto para distribuir los costes de la crisis que impulsa el Gobierno. En la anterior cita, el pasado 6 de julio, los ministros comunicaron a sindicatos y patronal que busca un acuerdo de “moderación de rentas empresariales y salariales” durante tres años, hasta 2025. Pero no precisaron ninguna propuesta sobre el contenido.

Sólo unos días más tarde, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en una entrevista con infoLibre que el Ejecutivo está dispuesto a discutir sobre subidas de impuestos, pensiones y sueldos públicos, si antes sindicatos y patronal llegan a un acuerdo sobre el aumento de los salarios en los próximos tres años. Lo que no parece que vaya a resultar fácil. CEOE, CCOO y UGT habían dado por muertas las negociaciones del pacto salarial en mayo, cuando no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre las cláusulas de revisión. Los sindicatos las consideran ineludibles para evitar la pérdida de poder adquisitivo y la devaluación de los salarios, mientras que los empresarios las rechazan de plano porque dicen que aún no han recuperado los márgenes de beneficio anteriores a la pandemia.

En un desayuno informativo, Sordo ha rechazado este miércoles que el acuerdo salarial “determine el pacto de rentas”, al tiempo que ha emplazado al Gobierno a ser “valiente” en la toma de medidas, A continuación, ha enumerado cuáles cree que deben ser algunos de los asuntos que el Ejecutivo debe poner encima de la mesa del pacto de rentas para “abrir el escenario”.

SMI cerca de los 1.100 euros

Una de ellas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con la inflación en el 10,5%, el salario mínimo tiene que “quedar más cerca de 1.100 euros que de 1.049”, la propuesta más elevada de la comisión de expertos designada por el Gobierno para calcular el 60% del salario medio –la cuantía que debe alcanzar el SMI al final de esta legislatura para cumplir la promesa electoral del Ejecutivo–. “El viejo esquema de subida ha quedado obsoleto”, lamentó Sordo, por lo que el sindicato plantea que el alza del SMI “absorba toda la subida de precios de 2022, ya habrá tiempo de ir ajustándolo en los próximos años”. También UGT ha situado en 1.100 euros su propuesta de SMI. En estos momentos, la comisión de expertos está revisando su primer cálculo, que se basaba en cifras de 2018. Pero el Gobierno debe decidir si, además, lo actualiza de acuerdo con lo que ha escalado la inflación. Es lo que le piden tanto CCOO como UGT.

También apoya el sindicato medidas para contener los precios “en algunos mercados”. “Algo que hace unos meses era un anatema y ahora, cuando la necesidad aprieta, se abre paso en España y en la UE”, aseguró. Tras mencionar el tope al precio del gas establecido con la excepción ibérica, Unai Sordo invitó a ir más allá de la subvención de 20 céntimos a los conductores y frenar el precio de los combustibles actuando sobre los márgenes de las empresas petroleras. Según dijo, en el primer semestre del año, éstas han multiplicado por siete el rendimiento que le sacan a cada barril de refino.

Para Sordo, además, es “razonable” que el Gobierno “induzca” a las grandes empresas de distribución a ofrecer productos con precios limitados. Iniciativas como la cesta de la compra que promueve la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, son “medidas de responsabilidad social corporativa” que ya utilizan las cadenas de supermercados incluso cuando no hay crisis, apuntó el líder de CCOO.

RED para las industrias electrointensivas

En el pacto que pide el Gobierno, Sordo incluye igualmente medidas para proteger las rentas. Entre ellas, de nuevo –el Ejecutivo ya pagó un cheque de 200 euros en julio– una prestación de pago único para quienes ingresen menos de 1.000 euros al mes y de la que pueden beneficiarse unos 9,5 millones de personas. También recomendó una “simplificación de las políticas de transferencia de rentas” para mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o los bonos sociales. Y que se revierta el recorte en las prestaciones de desempleo que aplicó el Gobierno del PP en 2012 y aún sigue vigente. Desde entonces, a partir del séptimo mes de cobro, los parados perciben una prestación equivalente al 50% de su base reguladora, en lugar del 60%.

Al catálogo Unai Sordo añadió la activación para la industria electrointensiva del mecanismo RED, una herramienta de protección del empleo, creada el pasado mes de marzo, que permite reducir la jornada laboral o suspender los contratos de trabajo de las plantillas de empresas afectadas por crisis o caídas de demanda. De momento, esta evolución de los ERTE utilizados durante la pandemia sólo se ha aplicado a las agencias de viaje. Las industrias electrointensivas, desde las metalúrgicas hasta las papeleras o cementeras, han tenido que poner a sus trabajadores en ERTE por culpa de los elevados precios de la luz.

Finalmente, reiteró que el pacto de rentas no tiene sentido si no se incluyen medidas de política fiscal, impuestos que limiten los excedentes empresariales. E incluso aludió a la prolongación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) como otra posible materia de discusión. “Se trata, a fin de cuentas, de una mejora de salario diferido”, razonó. El MEI consiste en un aumento del 0,6% de las cotizaciones hasta 2032 que alimentará el Fondo de Reserva de la Seguridad Social –la hucha de las pensiones–. Sustituye al Factor de Sostenibilidad creado en 2013 por la reforma de las pensiones del PP. CCOO apoya que el mecanismo se amplíe hasta 2050 para que cubra todo el ciclo de jubilación de los baby boomers.

Aglutinar movilizaciones sectoriales

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“Salir de esta crisis con una devaluación de los salarios del 10% sería un disparate”, resumió el dirigente de CCOO, quien considera la negociación colectiva un “factor central” en la redistribución de los costes del frenazo económico que se avecina por culpa de los precios energéticos, la inflación y las subidas de tipos de interés con las que se pretende atajarla. De ahí que sitúe como prioridad “recuperar el marco” de la negociación del acuerdo salarial. Pero cree que “sin una movilización intensa, la CEOE no va modificar sus posiciones”. Por lo que CCOO y UGT están coordinando una movilización general y unitaria en toda España. No una huelga general, aclaró. Pero sí van a “aglutinar movilizaciones sectoriales que generen sinergias”. De forma que la patronal no sólo se siente a negociar, que no duda que lo hará, sino que lo haga dispuesta a modificar su rotunda negativa a incluir cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos.

La propuesta de CCOO es negociar estos mecanismos “jugando con los tiempos de recuperación del poder adquisitivo, al final de cada año o al final del ciclo –los tres años de vigencia del acuerdo–”. La oferta sindical que quedó sobre la mesa el pasado mayo, cuando la negociación encalló, fijaba subidas de entre el 3,5% y el 4,5% para 2022.

Año electoral también para los sindicatos

Uno de los factores que los sindicatos apuntaron como causa de la renuencia de la patronal a negociar las cláusulas de revisión salarial es la proximidad de las elecciones en la CEOE. En noviembre los empresarios deberán votar un nuevo presidente. Pero UGT y CCOO también comienzan con el nuevo curso un año electoral que no se cerrará hasta diciembre de 2023. En estos meses se elegirán casi 280.000 delegados sindicales y miembros de comité de empresa, de los que CCOO, el primer sindicato del país, tiene 101.500, indicó Unai Sordo. Así que dio algunos datos económicos del sindicato, como sus ingresos, que en 2021 ascendieron a 173 millones de euros, de los que 10 millones, el 5,74%, corresponden a subvenciones públicas por su representatividad y participación institucional. El resto procede de las cuotas de su casi millón de afiliados, subrayó. Como subvenciones finalistas, destinadas a sufragar actuaciones concertadas con las administraciones –atención a migrantes, orientación al empleo— reciben otros 23 millones de euros.