La UNED paga 500.000 euros en indemnizaciones a dos directivos de una fundación pese a sufrir un déficit de 22 millones

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) no es ajena a las penalidades económicas que con la crisis y la austeridad presupuestaria soportan las instituciones públicas. En 2013 terminó con un déficit de 22,16 millones de euros y este año cerrará de nuevo en números rojos, tras reducirse en cuatro millones de euros la financiación pública que recibe, fundamentalmente del Ministerio de Educación. Sus estrecheces presupuestarias no han sido obstáculo, sin embargo, para tener que pagar, y a buen precio, el cierre de una fundación, creada hace menos de cuatro años, que se presentó como un proyecto estrella de alto nivel tecnológico, la plataforma educativa en internet destinada a ser líder en Iberoamérica.

El Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CESV) se constituyó como una fundación privada sin ánimo de lucro en diciembre de 2010. Sus patronos eran Telefónica, Banco Santander, Hispasat, los ministerios de Educación y de Ciencia, la Agencia Española Internacional para la Cooperación al Desarrollo (Aecid) y la UNED. Su presidente, el rector de la Universidad a Distancia; su vicepresidente, César Alierta. Emilio Botín figuraba como vocal. Tenía un presupuesto de tres millones de euros para sus cuatro primeros años de funcionamiento, a partir de los cuales debía autofinanciarse.

Sin embargo, en el consejo de gobierno de la UNED del pasado 4 de marzo, el rector, Alejandro Tiana, anunció que el CSEV no había “logrado captar fondos públicos ni autofinanciarse”, por lo que seis días más tarde, el 10 de marzo, en una convocatoria extraordinaria, su patronato iba a aprobar la extinción. Cesó en su actividad en mayo y ahora se encuentra en fase de liquidación.

Ese proceso incluyó los despidos de las 11 personas empleadas en el CSEV. La Uned pagó un total de 650.000 euros por la rescisión de sus contratos. De esa cantidad, 500.000 euros correspondieron a las indemnizaciones del director general, Daniel Torres Mancera, y del director general adjunto de la fundación, Bernardo Díaz Salinas. Así lo denunciaron los representantes del Personal Administrativo y de Servicios (PAS) en el claustro de la UNED del pasado 30 de junio, según lo recogen las actas de la reunión, a las que ha tenido acceso infoLibre. El rector se comprometió entonces a “estudiar” el asunto. Fuentes de la Uned se remiten a los 250.000 euros que aparecen consignados en los presupuestos de la universidad para 2014 como “aportación” anual al CSEV. Y que, aseguran, son la única cantidad que se ha destinado a pagar su liquidación y cierre.

“Contratos blindados”

Ya en el consejo de gobierno de marzo, los representantes de los profesores y catedráticos de la Uned expresaron su “sorpresa” por la desaparición del CSEV, se quejaron por la falta de información sobre el centro y su dirección, y expresaron sus temores ante la existencia de “contratos blindados” que podría tener que pagar la Uned. “Los pocos beneficiados por su existencia [del CESV] podrían además cobrar indemnizaciones”, advirtió incluso el representante del PAS, tras recordar que la mayor parte del presupuesto del CESV se lo llevaba el capítulo de personal. “Hay trabajadores cuyos derechos es necesario respetar”, respondió el rector, según consta en las actas de esa comisión de gobierno. “La Uned, en tanto que miembro del patronato, tiene obligaciones y deberá asumir costes, que se intentarán minimizar”, admitió Alejandro Tiana. También se comprometió a trabajar para evitar el “daño a la imagen de la UNED” que el cierre del CSEV podría infligirle “debido a los convenios firmados” con otras instituciones: desde la Marca España hasta la Once pasando por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Daniel Torres Mancera, fue de 2008 a 2011 director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi), dependiente de Red.es, empresa pública adscrita al Ministerio de Industria. Desde 2004 trabajó como asesor del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros Perán. Y antes había trabajado en Telefónica. Bernardo Díaz Salinas fue gerente y director general de otras dos fundaciones, el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas y la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fuentes de la Uned reconocen que el CSEV se cerró porque no era viable y, sobre los resultados de su actividad –que algún miembro del consejo de gobierno de marzo tachó de “escasos”–, asegura que “algunas herramientas de análisis y estudios” realizados por la fundación “se han recuperado para la Uned”. Su misión, explican, era desarrollar los llamados MOOC (Massive Open Online Courses), los cursos gratuitos en abierto que ahora ofrecen las universidades. 

Retrasos en el pago a los tutores

Hace escasos días la CGT denunció que las indemnizaciones a los directivos del CSEV se habían pagado al mismo tiempo que los tutores de sus 59 centros asociados sufren retrasos en el abono de sus nóminas y que otro tanto ocurre con las contratas que prestan servicios a la universidad. La Uned, por su parte, reconoce demoras “el pasado verano” en el pago a los tutores, por “problemas de liquidez”. Aunque también responsabiliza de ellas a los copatronos de esos centros: ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Las transferencias a los centros asociados equivalen al 80% del presupuesto de gastos de la Uned, según reconoció el propio rector ante el claustro el pasado junio.

El sindicato explica que las cantidades de enero y febrero no las cobraron algunos tutores –con retribuciones de unos 600 euros al mes y contratos mercantiles con la Uned– hasta junio. Y que en centros como el de Barcelona seguían con problemas de cobro en noviembre. En el de Málaga, los tutores llegaron a enviar una carta a la directora para protestar por su “decisión unilateral” de reducirles las horas y, por tanto, también la nómina. Las fuentes de la universidad admiten retrasos “sólo puntuales” en el pago a las proveedores y que, a día de hoy, ya están al corriente con las contratas.

Telefónica y Santander le aportan casi dos millones de euros

La UNED tiene un presupuesto de 216,27 millones de euros. El 39% de sus ingresos procede del Ministerio de Educación, el 52%, de las matrículas de sus estudiantes. También recibe fondos de otros ministerios, comunidades autónomas o el FEDER. Y de empresas privadas. En 2013 recibió de los dos principales patronos del CSEV casi dos millones de euros: 911.533 euros del Banco Santander, y 940.00 euros más de Telefónica.

En la UNED se matricularon el curso 2013-2014 un total de 211.167 estudiantes. Con una plantilla de 2.774 trabajadores –1.408 de ellos personal docente–, sus gastos de personal ascienden este año a 109 millones de euros. De ellos, 1,5 millones se los llevan los altos cargos de la universidad.

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Seis salvedades en el informe de auditoría

El pasado 23 de octubre el BOE publicó las cuentas de la Uned correspondientes a 2013 y el informe elaborado sobre ellas por la Oficina Nacional de Auditoría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Los auditores públicos incluyeron seis salvedades. Descubrieron que la UNED carece de “procedimientos adecuados de control interno” sobre los convenios que firma con otras instituciones para impartir formación permanente y enseñanzas no regladas. Así, los auditores no pudieron determinar el importe de los gastos e ingresos de esa actividad. También carece de mecanismos de control de las transferencias y subvenciones que recibe, por lo que no dispone de una “relación detallada, completa y única” de éstas. Echan en falta igualmente los auditores un inventario del material didáctico que elabora pero no vende, y un sistema de control sobre las transferencias que realiza la Uned a sus centros en el extranjero.

Finalmente, reprochan a la universidad que carezca de un “sistema adecuado y operativo” para reclamar deudas. Por el contrario, revela el informe, “transcurridos dos años del vencimiento”, la UNED provisiona el importe y “pasados cinco, cancela la deuda por prescripción”. Así, sólo en 2013, ha perdonado deudas por valor de 308.000 euros. Además de “infravalorar”, concluyen los auditores, “saldos deudores de ejercicios cerrados” por importe de, al menos, 1,44 millones de euros más.