Las empresas del Ibex no han cumplido en 16 años el objetivo de paridad que marcaba la Ley de Igualdad

La Ley de Representación Paritaria aprobada en segunda vuelta este martes por el Consejo de Ministros se presenta como la herramienta necesaria para dar continuidad a las políticas públicas desplegadas hace ya dieciséis años de la mano de la Ley de Igualdad. Entre sus planteamientos: más obligaciones, más sanciones, menos discrecionalidad. Y una reflexión: para que la igualdad permee en empresas e instituciones, es necesario algo más que una mera recomendación. 

Es una de las conclusiones que emergen tras echar la vista a las empresas del Ibex 35. El informe anual que estudia la presencia femenina en consejos de administración, presentado el pasado mes de marzo por la agencia Atrevia y la escuela de negocios IESE, daba cuenta de que el conglomerado de empresas roza pero no termina de alcanzar la paridad. Diecisiete de las compañías no consiguieron el año pasado que las mujeres presentes en su consejo de administración supusieran, al menos, el 40%. A pesar del dictado que hace más de tres lustros introdujo la Ley de Igualdad.

La norma, aprobada en 2007, trazaba el criterio de presencia equilibrada entendida como aquella en la que "las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento" del conjunto. En el caso de las empresas del Ibex, el artículo 75 de la norma detalla que "las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de esta ley".

Las crónicas y análisis de la época se detuvieron en dos aspectos de este párrafo: la palabra "procurarán" y el plazo de ocho años. Respecto a lo primero, no caben matices: la ley no obliga a caminar hacia la paridad, sino que lo presenta como un objetivo deseable. En cuanto a lo segundo, el estudio sobre el impacto de la ley estaba condicionado por un margen de adaptación que, sin embargo, se ha demostrado insuficiente para alcanzar los propósitos trazados.

Aquella estimación temporal cayó en saco roto y, recientemente, el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estableció una recomendación para que las consejeras representen al menos un 40% del total de miembros no más tarde de 2022. A pesar de la moratoria, el informe anteriormente citado da cuenta de un nuevo fracaso.

Concretamente, las empresas que no alcanzan el mínimo marcado son ArcelorMittal, Acciona, Telefónica, Solaria, Repsol, Grifols, Ferrovial, Banco Sabadell, Meliá Hotels, Colonial, Acerinox, Merlin, Fluidra, Sacyr, Naturgy, ACS e Indra. En estas cinco últimas, además, la representación de mujeres no llega ni al 30%. En el reverso, Cellnex es la única que tiene más mujeres en su consejo: un 54,5%.

Este martes, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, indicó que a pesar de los "avances" conseguidos en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, aún "queda camino por recorrer" pues "la presencia de mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas se sitúa en el 32% y no llega al 22% en el caso de los puestos de alta dirección".

La ministra se detuvo además en el régimen sancionador de la nueva ley, "más estricto" ante el incumplimiento de lo dictado por la norma. "Con esta ley damos un paso importante para lograr la paridad efectiva sin por ello establecer exigencias desproporcionadas sobre las grandes empresas", señaló ante los medios de comunicación, "con el fin de tener un régimen que sea proporcionado y que logre los objetivos".

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La nueva ley vuelve a tender la mano a las grandes empresas, concediéndoles un mayor margen temporal para que cumplan con la paridad que llevan dieciséis años incumpliendo. Esta vez, las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil tendrán hasta el 30 de junio de 2024 para alcanzar ese 40% fijado. Esta vez sí, obligatoriamente, siguiendo la estela de países como Noruega, pionera en obligar a las empresas cotizadas a reservar al menos el 40% de sus asientos de dirección para mujeres.

Feminismo crítico

Fijar cuotas de representación que sirvan para instalar la paridad real en el seno de las empresas es una de las reivindicaciones históricas del feminismo. En suelo español, las organizaciones de mujeres han batallado por dinamitar los techos de cristal e introducir, a golpe de ley, la equidad en los puestos de poder. Pero también han puesto de relieve las limitaciones de estas políticas. ¿Es útil para el feminismo, para las mujeres de clase trabajadora, la presencia de más empresarias en las cúpulas de las compañías del Ibex?

Existe toda una corriente de pensadoras críticas con el feminismo liberal que se han esforzado en señalar sus trampas y consecuencias. "Lejos de aportar la solución, el feminismo liberal es parte del problema", escriben las autoras Nancy Fraser, Cinzia Arruzza y Tithi Bhattacharya en Manifiesto de un feminismo para el 99%. "Orientado a propiciar que un pequeño grupo de mujeres privilegiadas ascienda en la escala empresarial y en los rangos del ejército, propone una visión de la igualdad centrada en el mercado, que encaja perfectamente con el dominante entusiasmo empresarial por la ‘diversidad", escriben. Aunque este tipo de feminismo "condena la ‘discriminación’ y aboga por la ‘libertad de elección’, el feminismo liberal se niega rotundamente a hacer frente a las restricciones socioeconómicas que hacen que la libertad y el empoderamiento sean inaccesibles para la gran mayoría de las mujeres", por lo que "su objetivo real no es la igualdad, sino la meritocracia".