España y otros 13 países firman una declaración en favor del derecho al aborto "seguro y legal"
El Ministerio de Igualdad en funciones de Irene Montero ha firmado este jueves, junto al de otros 13 países, una declaración conjunta en favor del aborto "seguro y legal". Lo han hecho con motivo de la conmemoración, este 28 de septiembre, del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. El documento se aprueba en el evento La garantía efectiva de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Europa que organiza el Gobierno de España con motivo de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea.
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En concreto, los 14 países —además de España, Italia, Eslovenia, Francia, Alemania, Estonia, Grecia, Bélgica, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Portugal y Países Bajos— hacen un llamamiento a las instituciones europeas para que "garanticen el acceso al aborto seguro y legal y a la atención post-aborto, eliminando las barreras que dificultan su ejercicio". Al hilo, instan a que adopten "medidas específicas para asegurar el derecho de las mujeres y las niñas a acceder a los servicios de salud, garantizar la prestación de estos servicios por el sistema público de salud y dentro de un alcance geográfico razonable, y garantizar que el debido reconocimiento de la cláusula de conciencia individual del personal médico no obstaculice el ejercicio de estos derechos".
Además, los firmantes solicitan que se garantice el "acceso universal a la salud sexual y a los derechos sexuales y reproductivos", a una "educación sexual integral" y a un acceso a tratamientos de fertilidad sin ningún tipo de discriminación.
Se pretende, además, que se "combatan los estereotipos, la desinformación, la falta de educación y los tabúes relacionados con la menstruación y garanticen el acceso universal a productos menstruales seguros, justos y circulares para todas". "La UE ha reafirmado, en numerosas ocasiones, su compromiso con la promoción, la protección y el cumplimiento del derecho de toda persona a tener pleno control y a decidir, libre y responsablemente, sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad y su salud sexual y reproductiva, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia, a llevar una vida sana y a participar en la economía y en la vida social y política", añaden todos los firmantes.