Qué está fallando: así ven el repunte de asesinatos tres exdelegadas del Gobierno contra la violencia machista

Dicen las voces expertas, ante las cifras que deja la violencia machista, que casi nada está funcionando. Que las fallas del sistema se hacen insoportables y que la protección de las mujeres no está garantizada, pero que tampoco se está haciendo todo lo posible para prevenir y detectar la violencia. Y no parece un análisis precipitado: los últimos feminicidios lanzan un grito de auxilio y exigen medidas a la altura. Quienes han sostenido el timón de las políticas públicas y siguen a día de hoy observando de cerca la situación son conscientes de la urgencia. Tras el repunte de crímenes machistas de este fin de semana, toman la palabra tres exdelegados del Gobierno contra la Violencia de Género. "Hay que superar los minutos de silencio, se trata de hacer políticas", exclaman.

La situación de los últimos días ha removido a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto. El lunes, el Ministerio de Igualdad confirmó cinco nuevos crímenes mortales y el martes añadió uno más al cómputo. Son, en poco más de quince días, trece asesinatos los que deja la violencia machista: once mujeres y dos menores. 

En lo que va de año, son 27 feminicidios en pareja o expareja los que recoge la estadística oficial, a lo que se suman nueve niños asesinados a consecuencia de la violencia machista y 21 menores huérfanos. Aunque en lo que va de año todavía no se han publicado los datos de asesinatos de mujeres fuera de las relaciones de pareja, el año pasado y el anterior suman un total de 56.

Autocrítica y fallos en todos los niveles

Los datos, especialmente en periodos de concentración como el registrado este fin de semana, despiertan en Miguel Lorente una sensación de "incomprensión, rabia y frustración". El que fuera delegado entre los años 2008 y 2011, pone el foco en esa acumulación de casos en cortos periodos de tiempo que llevan llamando su atención desde que tiene "cierto uso de razón científica". Ahora, convergen dos fenómenos: esa concentración, unida al repunte propio de la época estival. "Tenemos un elemento objetivo, el que hace que los casos se concentren debido al efecto de refuerzo que muchos agresores viven cuando otro maltrata, y no estamos haciendo nada al respecto. Me preocupa el efecto concentración, potenciado con el estacional, pero sobre todo me da rabia que no seamos consecuentes con lo que sabemos", confiesa en conversación con este diario. 

El relevo de Miguel Lorente lo tomó Blanca Hernández, al frente de la institución entre 2011 y 2017. El repunte de este fin de semana no lo vive como algo ajeno, sino como un fracaso global que interpela al conjunto de la sociedad. "Yo lo he vivido muchas veces y lo primero que debemos hacer es estar al lado de las víctimas y sus familias", se apresura a decir. La "compasión y compartir el dolor" es siempre la prioridad, pero a partir de ahí es necesario ser constantes en el "trabajo y la evolución de las políticas". "En mi época estábamos obsesionados con estudiar para buscar soluciones. Ahora tenemos que recoger lo mejor de las políticas anteriores e incorporar herramientas nuevas", sostiene.

Pero toca también analizar los fallos y hacer autocrítica. Lo dice Victoria Rosell, delegada entre 2020 y 2023. Si bien comparte el análisis de los fallos estructurales del sistema, cree necesario hilar más fino: "Sería más útil que cada administración o cada poder examinara sus propios fallos", asiente. Ese era precisamente el propósito con el que nacieron los comités de crisis, una herramienta formulada durante su mandato y pensada para analizar los errores sistémicos en cada acumulación de cinco o más casos en el periodo de un mes. El Ministerio de Igualdad convocará de hecho un nuevo comité a finales de julio, según detallan fuentes del departamento.

"La idea de los comités ante los repuntes de asesinatos iba por ahí. Siempre nos ha parecido muy valiente y muy responsable hacer autocrítica", observa la exdelegada y magistrada, quien enfatiza en que ello requiere de "un análisis reservado para sacar las costuras del sistema". Se trata, en síntesis, de "superar el minuto de silencio" y sustituirlo por la escucha activa de las víctimas, "ver qué ha fallado y dar una respuesta".

Y los fallos que se han detectado a lo largo de los años son muchos y muy concretos. "Con cada mujer, hay más de una respuesta susceptible de mejora", valora Rosell. Las grietas son diversas: jueces que mantienen las visitas con los maltratadores, sentencias que aplican el falso síndrome de alienación parental, vulneraciones en los puntos de encuentro familiar, obviar el embarazo como un momento de especial vulnerabilidad o no actualizar los datos de cambio de domicilio en el sistema de seguimiento VioGén. Son sólo algunos de los que cita la exdelegada, quien insiste en una máxima: "Todo lo que hay que hacer, está escrito. No hacen falta muchas más ideas, pero hay que cumplirlas".

Margen de actuación y resistencias

Hernández añade más tareas. "Tenemos que poner mucho énfasis en las primeras señales de maltrato, ayudar a ver: cuando lo haces desde el principio, consigues que la violencia no se normalice". Ahí, en la prevención, cree fundamental poner el foco la exdelegada, quien también habla de la necesidad de estar a la altura a través de consensos. "Sigo abogando porque la solución siempre la encontramos si unimos fuerzas", dice al otro lado del teléfono. "Esto no lo va a arreglar nadie solo, necesitamos incluir a todo el mundo".

¿Y qué margen para actuar, para revertir la situación y erradicar la violencia, tiene la institución? "Todo el margen. O todo, o dimisión. No hay otra", responde tajante Miguel Lorente. El exdelegado dice no haber tenido que enfrentar resistencias durante su mandato, una experiencia que difiere con la expresada por Victoria Rosell. Las trabas que señala son, en primer lugar, estructurales y organizativas: "La Delegación tendría que tener rango de Secretaría de Estado, pero también tres veces más personal del que tiene. Cuando llegamos, tenía la misma relación de puestos de trabajo que cuando se creó la Ley contra la violencia de género, hace veinte años". Pero además, agrega la magistrada, el resto del Gobierno "tiene que atender más a las sugerencias que se le hace. Al final, es el organismo experto y cuando hace sugerencias es para salvar vidas".

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Pero las resistencias también vienen de fuera. "Siempre nos hemos topado con el muro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una institución muy poco comprometida con la violencia de género y sobre todo con las violencias machistas en el sentido amplio", lamenta la exdelegada, quien recuerda el empeño del Poder Judicial a la hora de funcionar como "contador de rebajas de sentencias", en lugar de invertir sus esfuerzos en "mejorar la protección" de las víctimas. A su juicio, el CGPJ ejerció de "oposición política al Gobierno" más que de agente activo en la lucha contra la violencia. "Es evidente que una mayor coordinación y voluntad política habrían podido evitar asesinatos", lamenta.

Convivir con los feminicidios y con el negacionismo

"También hubo resistencias en las comunidades y eso que no teníamos a tantas influidas por el negacionismo", señala la exdelegada. Rosell entrevé en los discursos negacionistas el gran lastre de hoy, especialmente por su calado en todas las capas sociales. "Estoy segura de que muchas mujeres sienten otra vez inseguridad ante la posibilidad de ir a una administración gobernada por el PP o Vox", se aventura.

En ese punto se detiene Miguel Lorente. Reconoce no entender la convivencia acrítica con los asesinatos machistas, pero tampoco comprende la tolerancia ante "partidos que niegan la violencia". Una realidad que "demuestra la base cultural de la que partimos". El reto es mayúsculo precisamente por ese motivo, porque se trata de batallar en el corazón mismo de la cultura patriarcal. Y sin embargo, el exdelegado y médico forense se agarra a una certeza: "Hemos acabado con situaciones mucho más complejas en cuanto a la acción criminal. Es una cuestión de voluntad, se trata de hacer políticas".