Niña de 12 años a la que en el 80% de los casos agrede un conocido: el perfil de la víctima de abusos en España
“Se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen […], pero los datos evidencian que no es así”, relata Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.
Esta ONG ha presentado un análisis sobre abusos sexuales a menores en el que revisa 478 sentencias judiciales recientes, entre 2021 y 2022, en España y lo compara con otro análisis del periodo 2019-20. Según datos del Ministerio del Interior, en el año 2021 se presentaron más de 8.300 denuncias por “delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes”.
A lo largo del documento, se presentan diferentes testimonios de menores de edad que fueron agredidos sexualmente por conocidos o familiares. En todos ellos se describe cómo empezó el abuso y qué decisión tomó la justicia. En el primer caso, Leoncio, de 12 años, fue víctima de abuso por su monitor de extraescolares, que no llegó a entrar en prisión ya que "el tribunal acordó suspender la pena con la condición de que no volviera a cometer delito".
¿Cómo es la víctima?
Según el informe, la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales ronda los 12 años, con una ligera subida respecto al periodo anterior que situaba esta edad en 11 años. En la mayoría de ocasiones, un 68,7%, sólo hay una víctima, aunque se recogen casos en los que las afectadas llegan a ser hasta siete.
En cuatro de cada cinco casos analizados por Save the Children, las víctimas son niñas o chicas adolescentes y este dato aumenta hasta el 85% en personas mayores de 15 años. Solamente en los rangos de edad 0-4 y 10-14 el porcentaje baja del 80%.
En mayor o menor grado, la persona agresora es conocida de la víctima en ocho de cada 10 casos. En la mitad de estos, la agresión proviene del entorno familiar. La pareja de la madre o el padre de la agredida suelen ser las figuras más repetidas en las situaciones examinadas. Además, "se evidencia un incremento en el número de personas agresoras con antecedentes", respecto al periodo 2019-20.
La lentitud del proceso judicial
El estudio revela que fueron resueltos un 23,5% de los casos en los primeros años a partir de la primera denuncia. Este dato supone un atraso frente a los datos del anterior periodo que señalaba que la mayoría de procesos se cerraba antes de los primeros años.
Entre el cuarto y el octavo año se resuelven casi la mitad de los casos, cerca de un 49%. Esto significa un "aumento exponencial" respecto al anterior informe del tiempo de duración de los procesos.
En solo el 24,9% de los casos se utilizó la prueba constituida. Esta prueba es la grabación del testimonio para no tener que repetir la declaración en numerosas ocasiones y así no revivir el momento de la agresión. En vez de utilizar esta primera prueba, que en ocasiones no es ni grabada, la mayoría de víctimas "siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar hasta 3 veces en policía, fiscalía y juzgado".
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En cerca de la mitad de las sentencias no hay ningún tipo de información sobre estas medidas. Las cautelares son dictaminadas por el juez para proteger a la víctima "de forma provisional hasta la finalización del proceso judicial", pero en más de un 12% no se cumplen. Entre las que sí se cumplen, la más repetida en este periodo es la prisión provisional sola o en conjunto con otras medidas. En el anterior predominaba la orden de alejamiento.
Aunque en el 88% de los casos hay condena, las penas de prisión no suelen superar los cinco años. En casi cuatro de cada 10 casos, la condena impuesta está entre los dos y los cinco años y en el 34% de los casos se imponen medidas complementarias. Algunas de las medidas más impuestas son "la libertad vigilada, prohibición de acercamiento, prohibición de comunicación y prohibición de sufragio pasivo".
Las propuestas de Save the Children
En el remate del documento, la organización ofrece nueve propuestas para "garantizar un tratamiento adecuado y eficaz". La creación de juzgados especializados y Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito, la formación continuada de todos los operadores jurídicos o continuar con el modelo "Barnahus" basado en la prevención de la victimización secundaria forman parte de esta iniciativa.
