La propuesta abolicionista del PSOE sale adelante con el compromiso de abrir un debate "serio y riguroso" sobre la prostitución

Las previsiones se cumplieron: la propuesta abolicionista registrada por el Grupo Socialista hace menos de tres semanas salió este martes adelante en el Congreso, con 232 votos a favor (incluido el PP), 38 en contra (incluidos los comunes) y 69 abstenciones (incluido Vox). El hemiciclo asistió una vez más a un arduo debate en torno a la prostitución: las instituciones ya no la ignoran, pero todavía no saben bien desde qué perspectiva mirarla. Las cinco páginas de la proposición de ley no coparon el grueso de la discusión entre los parlamentarios, ocupados en enfrentar las tesis abolicionistas con aquellas que se inclinan por el regulacionismo. Un debate histórico que tampoco dio visos de quedar resuelto.

El eco de Clara Campoamor volvió a abrazar las paredes de la Cámara Baja. Lo hizo de la mano de Adriana Lastra, quien ya acostumbra a evocar la batalla de la pionera contra la prostitución. "¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando? ¿Cuántas décadas más tienen que pasar?", se preguntó la socialista, vicesecretaria general del partido. Lastra defendió su propuesta como casilla de salida: "Hace falta mucho más para llegar a la abolición", concedió, al tiempo que lanzó el compromiso de abrir un "debate serio y riguroso" durante su tramitación, escuchando a los expertos. "El camino será largo, pero eso no lo hace más difícil, sino que lo hace más urgente", zanjó.

Los socialistas encontraron en los conservadores su principal alianza, una baza que fue cuestionada por algunos de los grupos progresistas. Mireia Vehí, portavoz de la CUP, también tiró de historia: recordó los acuerdos entre feministas radicales y la derecha conservadora en Estados Unidos durante los setenta y los ochenta para prohibir la pornografía "con el argumento de proteger a las mujeres". "¿Les suena?", interpeló la diputada catalana, quien advirtió de los riesgos que entraña "criminalizar el porno y el trabajo sexual a las puertas de un gobierno de derecha y extrema derecha y con el 8M en la retina".

Lo cierto es que las filas conservadoras han dado un paso al frente para apoyar la línea trazada por el Partido Socialista, con la abolición como horizonte. "Al margen de que esta sea o no la mejor ley", introdujo la diputada del PP Marta González, el partido se opone "a cualquier forma de violencia contra las mujeres" y la prostitución, añadió, "es una forma especialmente grave". La argumentación de los conservadores converge con los postulados defendidos por el socialismo abolicionista, en tanto que insisten en que la prostitución "no puede ser considerada un trabajo ni ser legalizada, porque no es comparable a ninguna relación laboral" y supone, esencialmente, el "alquiler por horas del cuerpo" de una mujer. El PP insistió además en el componente de género que atraviesa al debate: "Quienes consumen sexo son hombres y ellas son objeto de consumo". El Estado, remató González, "no puede lucrarse a través de la regulación ni convertirse en cómplice".

Curiosamente, tampoco encontraron motivos para oponerse a la propuesta desde la extrema derecha. Aquí, esta vez sí, vienen los matices. María de la Cabeza Ruiz decidió alinearse con el abolicionismo, pero únicamente para compartir sus fines: terminar con la prostitución. El análisis del problema y los motivos para combatirlo dejan fuera los sesgos de género, la violencia contra las mujeres, la desigualdad y la explotación sexual. Para Vox lo que realmente importa es que la prostitución es "moralmente reprobable". Como el aborto, comparó la parlamentaria ultra. Así que a pesar de los puntos de encuentro entre ambos discursos –"la prostitución no es algo que se elige libremente en la mayoría de los casos", sostuvo la diputada–, la extrema derecha camina sola, en una dirección que nada tiene que ver con la propuesta original esbozada por el PSOE. 

No solo el ala conservadora del hemiciclo salió en defensa de la propuesta socialista: sus socios de Gobierno apostaron también por la iniciativa, como un peldaño más en el camino del horizonte abolicionista que defiende el Gobierno en su conjunto. Así lo explicó la diputada asturiana Sofía Castañón. La proposición de ley, defendió desde la tribuna, "viene a sumarse a la agenda del Gobierno, y como tal la saludamos". Fuentes de Igualdad insisten en que la propuesta puede ser un punto de partida para alcanzar un consenso amplio contra el proxenetismo: "Desde Igualdad seguiremos impulsando con todos los grupos que haya una mayoría contra la industria proxeneta", un acuerdo que idealmente replicaría las mismas dinámicas que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La propia Lastra dejó caer que esa posibilidad es tangible: "Esta iniciativa tiene cuerpo de ley, pero alma de pacto", asintió.

Es precisamente el objetivo que persigue el grueso de los grupos parlamentarios: terminar con el proxenetismo. Pero algunos lamentan que el debate se haya viciado y, en lugar de atender a los consensos –apoyar a las mujeres y combatir la industria proxeneta–, las posturas se hayan enquistado en un inmovilismo inerte. 

Las grandes ausencias

"Alarde de demagogia". Así describió Pilar Vallugera, diputada de Esquerra Republicana, la intervención de los socialistas. Lo repitieron desde distintas bancadas de uno y otro signo político: la proposición es insuficiente para abarcar las pretensiones que plantea. "¿Dónde está la ley de trata? ¿Y la derogación de la Ley de Extranjería?", preguntaba Vallugera. Castañón insistió en que combatir la industria del proxenetismo requiere ir más allá del Código Penal y Vehí reprochó que la iniciativa "no responde al abolicionismo material", sino que parte de una "perspectiva moral". No hay, añadió la diputada de EH Bildu Isabel Pozuela, ni rastro de medidas para que las trabajadoras que "así lo desean puedan tener el desarrollo vital, social y económico para dejar atrás la prostitución". Incluso Vox echó en falta un "plan integral de prevención" y medidas que otorguen "alternativas" a las mujeres prostituidas.  

Los morados blindaron el respaldo a sus socios, pero dejaron claro que la ley precisa de cambios sustanciales. La primera barrera está en que la propuesta castiga de forma general al proxenetismo, sin exigir relación de explotación. Línea roja para sus compañeros de Gobierno. "El término explotación es importante para garantizar la protección de las mujeres", expresó Castañón, quien también aludió a una necesaria "modificación de la Ley de Extranjería" y a "desincentivar la demanda con medidas educativas". En ese último sentido, la propuesta socialista plantea castigar a los puteros, por participar "directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de derechos humanos".

Debatir, hablar, escuchar

En medio del fuego cruzado, algunas voces clamaron por una tregua. Es fundamental "debatir, hablar, escuchar y contar con todos los puntos de vista y todas las propuestas, iniciar un debate amplio, integral, sosegado y durante el tiempo necesario", argumentó la diputada abertzale. Imprescindible: la participación de las mujeres en contextos de prostitución. "Son a ellas a quienes debemos dar voz", defendió la parlamentaria. 

Al mismo propósito apuntó Joseba Andoni Agirretxea (PNV). Si bien en la lucha contra el proxenetismo existe un acuerdo sin matices, lo cierto es que el horizonte de la prostitución "no está consensuado". Convertirlo en delito, añadió, es peligroso: "No todo lo que no nos gusta, nos parece inmoral, rechazable o perjudicial para la sociedad debe estar en el Código Penal". Bajo esta misma premisa, advirtió el parlamentario vasco, se ha construido históricamente la persecución de lo que hoy son derechos, como el aborto o la eutanasia.