Igualdad: el protocolo que ayudó a la víctima de Dani Alves funciona; el "vigila tu copa" de Madrid, no

En año electoral, las prioridades se reorganizan. Pero sobre todo, las políticas públicas se someten a escrutinio y el balance sobre la actividad que sale de las instituciones adquiere especial importancia. Qué se ha hecho, qué se ha dejado de hacer, qué ha funcionado y qué no. Lo cierto es que las políticas de igualdad y contra la violencia machista han estado continuamente en el foco, aunque con la lupa más puesta en buscar la polémica que en analizar los resultados. Pero, ¿qué ocurre con ellas en el día a día? ¿Cómo se está concretando la batalla por la igualdad en ciudades y pueblos? ¿Cuáles son los proyectos más prometedores y cuáles los que no han dado frutos?

La violencia sexual en el centro, pero no siempre bajo el enfoque adecuado

A finales de enero, la violencia sexual ocupó titulares, ligada a un hecho concreto y a un nombre propio, el del futbolista Dani Alves. El jugador pasaba su primera noche en prisión, acusado de haber violado a una joven en una discoteca de Barcelona. Entre titulares, debates y tertulias sobre lo sucedido, emergió enseguida un dato: una de las claves a la hora de detectar y denunciar la agresión, fue la existencia de un protocolo en el espacio de ocio nocturno donde se produjo el ataque.

La discoteca catalana contaba con un protocolo trazado por el Ayuntamiento de Barcelona y su personal había recibido formación. Bajo el nombre No callamos, la guía se puso en marcha hace ahora cinco años de la mano del Consistorio de Ada Colau y ha demostrado dar sus frutos. El protocolo contempla medidas que van desde la prevención hasta la acción directa en caso de que la agresión sexual llegue a producirse.

La iniciativa tiene impacto en la misma puerta del local, con acciones como no utilizar criterios de acceso discriminatorios –precios diferenciados, códigos de vestimenta sexistas– o determinar de "manera estable y visible que se limitará el acceso a quien acose o agreda sexualmente", pero también a aquellas personas que hayan "mostrado indicios de comportamientos acosadores o irrespetuosos fuera del local". Todo centro que se adhiera al proyecto, además, contará con carteles específicos en los que así lo expliciten. Ya dentro de la discoteca, las mujeres encontrarán su principal alianza en el personal: profesionales formados y que priorizarán las zonas oscuras para extremar la vigilancia. El objetivo es evidente: que las chicas encuentren en estos espacios no un lugar potencialmente hostil, sino zonas seguras.

Y aunque el movimiento feminista ha conseguido poner en el centro de la agenda política la lucha contra la violencia sexual, no siempre se ha abordado desde la perspectiva adecuada. Especialmente en lo que respecta a las campañas institucionales. La ONU llama a "dejar de culpar a la víctima" como una de las claves para terminar con la cultura de la violación que, en ocasiones, se cuela también en las políticas públicas. "Cómo viste una mujer, qué y cuánto ha bebido y dónde se encontraba en un momento determinado no son invitaciones para violarla", detalla la institución. No todo el mundo ha aprendido la lección.

En septiembre del año pasado, la Comunidad de Madrid difundía una campaña contra la sumisión química que interpelaba directamente a las mujeres: "Vigila siempre tu copa", "no aceptes bebidas de desconocidos" y "mira lo que te sirven". El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lo remataba con una imagen de un vaso, en cuyo interior se podía leer: "La agresión sexual que no te esperas está aquí dentro". Otro aviso para las mujeres. Algo similar ocurrió el pasado 25N, Día contra la Violencia de Género, en Galicia. La Xunta distribuyó entonces cartelería entre la que se encontraba la imagen de una mujer corriendo en pantalón corto bajo el siguiente lema: "Se viste con las mallas de deporte. Va a correr por la noche. ¿Qué sucede ahora? No debería pasar, pero pasa".

Tallas, currículums ciegos… Cataluña contra la violencia estética

Para erradicar una de las formas de violencia más normalizadas contra las mujeres, la Generalitat de Cataluña puso en marcha su Plan de Acción para Combatir la Presión Estética 2023-2026, pionero a nivel estatal. La iniciativa contempla medidas en todos los ámbitos: buenas prácticas en el sector de la moda, promover la diversidad corporal en el plano audiovisual, mejorar la atención a los trastornos de la conducta alimentaria, introducir los currículums ciegos a través de un programa piloto o afinar la regulación de uniformes para que "eviten la presión estética y respeten la diversidad de cuerpos".

¿Qué acciones concretas prevé el Gobierno catalán? En lo más inmediato, tal y como expuso la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, la administración cambiará el Código de Consumo para obligar a las empresas textiles a ofrecer "tallas que cubran la demanda de diferentes morfologías" y que informen de una manera clara de la equivalencia de cada talla con las medidas corporales. "El malestar y la insatisfacción con el propio cuerpo tienen una causa: se llama presión estética y es un problema estructural inherente al patriarcado", señaló Verge. Para estas y otras medidas, la Generalitat cuenta con un presupuesto de 12,5 millones de euros.

Inteligencia artificial para detectar maltrato

Si algo se ha repetido hasta la saciedad en el marco de la lucha contra la violencia de género, es la necesidad de detectar las primeras señales de maltrato en todos aquellos ámbitos en los que estén presentes las mujeres, desde el colegio de sus hijos hasta la consulta del médico. Con esa idea en el horizonte, la Junta de Andalucía puso en marcha el proyecto Certeza de voz. El propósito: ser capaces de adivinar en las llamadas a emergencias sanitarias algún signo de violencia machista.

El plan nació en 2018 y entonces las previsiones apuntaban a la publicación de resultados en un periodo de dos o tres años. Preguntadas al respecto, fuentes de la Consejería de Salud indican que hasta el momento se han llevado a cabo "acciones para mejorar en la detección, registro, información y análisis estadístico mediante una nueva tipificación de la demanda asistencial y una modificación de la guía de triage telefónico". La idea es detectar "indicadores de sospecha, indicadores de riesgo objetivo y riesgo extremo de maltrato". Tras el estudio de más de 3.000 historias clínicas, los expertos llegaron a 1.382 con "sospecha oculta de violencia de género". El análisis ha permitido observar que en el 56% de los casos, el motivo de la llamada era diferente al maltrato y dentro de este grupo, un 20% eran las propias víctimas las que realizaban la llamada. 

A partir de aquí, el objetivo es que "un software de inteligencia artificial pueda identificar los patrones de voz que ayuden a la detección precoz de estos casos". La herramienta analizará indicadores como las características del lenguaje y el tono de voz. "El proyecto ha permitido mejorar la detección de los casos de sospecha de violencia de género por los equipos", indican las mismas fuentes, "con un incremento de la tipificación de estos casos cercano al 40% desde la implantación del nuevo sistema de codificación en 2018 hasta el último año analizado en 2020".

El auge de las paradas a demanda

Son las 3:00 de la madrugada y la única opción para volver a casa en transporte público es el bus nocturno. La parada más cercana al punto de destino exige, sin embargo, un recorrido de varios –eternos– minutos callejeando en soledad y a menudo transitando vías con una iluminación deficiente. La iniciativa que impulsaron hace un lustro algunas ciudades viene a poner remedio a la angustia que para muchas mujeres produce esta realidad. Vigo, A Coruña, Bilbao, Vitoria o Terrassa, fueron algunas de las que lo vieron claro desde el principio. La idea: impulsar las llamadas paradas a demanda. Una medida sencilla pero eficaz para un fin claro: evitar el acoso callejero. Lo que hace cinco años era una propuesta novedosa y pionera, hoy consolida su popularidad en prácticamente todo el mapa.

En Madrid, 11.822 mujeres y menores se han servido de ella y la comunidad ha constatado su éxito, por lo que las ha extendido a más de cuatro decenas de autobuses nocturnos que dan servicio a los municipios de más de diez mil habitantes. En Bilbao se han solicitado desde 2018 un total de 615 paradas intermedias y en Bizkaia 1.499, el 56% entre las 5:00 y las 6:30 de la madrugada. A día de hoy, el listado no deja de crecer: Barcelona, Ourense, Lugo, Zaragoza, Salamanca, Granada o Sevilla, entre otras, han visto en esta política un activo contra el acoso. Aunque no siempre con los mismos resultados. A finales de 2021, sólo dos mujeres habían hecho uso de las paradas a demanda en Burgos. El concejal de Movilidad, Leví Moreno, explica el fracaso señalando al gran desconocimiento de la medida. Una falla que está en manos de las instituciones resolver.

Skolae y la ofensiva ultra

Coeducación. La palabra se ha convertido, involuntariamente, en campo de batalla: de un lado, quienes la consideran el primer paso de toda estrategia contra la violencia y la desigualdad; del otro, las voces que claman contra lo que consideran una forma de adoctrinamiento. Son estos últimos los responsables de intentar frustrar los proyectos más punteros en este ámbito. El ejemplo más claro es el de Skolae, un programa pionero a nivel estatal e impulsado por el Gobierno de Navarra. El plan adapta la educación afectivo-sexual a diferentes etapas educativas y se implantó, en forma de prueba, en dieciséis centros escolares de la comunidad en el curso 2017-18.

Enseguida se convirtió en blanco de la extrema derecha y de organizaciones ultracatólicas. Pese a ser premiado por la Unesco, Skolae ha tenido que afrontar un ataque constante que lo ha llevado hasta a los tribunales. El plan es un ejemplo de buenas prácticas, reconocidas y elogiadas a nivel internacional, pero lamentablemente es también una muestra del poder de la ofensiva ultra ante cualquier intento de avanzar en igualdad.

Pacto de Estado: cambiar lo que no ha funcionado

Otras acciones se mueven en una escala de grises: no son estrictamente negativas, pero se salen de la senda prevista. Son políticas desplegadas al calor de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que tienen un carácter más simbólico que práctico. La acción de las entidades locales viene determinada, fundamentalmente, por el tamaño de los municipios, un elemento que marca diferencias en cuanto a la gestión: los ayuntamientos más grandes cuentan con un margen más amplio para hacer cambios estructurales, mientras que los de menor tamaño ven sus posibilidades mermadas. 

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El año de la pandemia, Medinilla y Neila de San Miguel (Ávila) utilizaron los fondos para confeccionar mascarillas con logos morados contra la violencia de género. Y en Peñascosa (Albacete), la idea aquel mismo año se basó en repartir mochilas y camisetas con logotipos para concienciar contra la violencia. Un par de años antes, el municipio de Osorno la Mayor (Palencia), destinó la partida a un taller de marionetas contra la violencia de género y una obra teatral de la misma temática. Acciones interesantes en cuanto a sensibilización, pero que no responden a la idea inicial que persigue el pacto.

Así lo señaló, en entrevista con infoLibre, la propia secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. "Es evidente que [los fondos] no" estaban pensados para tales fines, aseveraba. "En los últimos cinco años el Pacto de Estado se ha desplegado como la gran primera política pública contra la violencia de género y estamos todos aprendiendo. Ha tenido muchos éxitos pero también ha tenido errores. Ahora es el momento de presentar una evaluación y cambiar las cosas que no han funcionado bien".

¿Y qué hay de aquellas políticas que han sido un fracaso sin matices? Quizá la más llamativa sea, ni más ni menos, que una gran ausencia: Madrid es la única comunidad sin una ley de igualdad. Poco que evaluar ante el más absoluto inmovilismo de la administración autonómica.