En los pasillos del Congreso de los Diputados, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reiteraba este martes que su grupo parlamentario era el único en defender la abolición de la prostitución como horizonte político. Lo hacía a caballo entre el lamento y el orgullo: presumiendo de ser fieles a sus principios, tal y como se encargó de subrayar ante los periodistas, pero con el sabor amargo de saber su propuesta abocada al fracaso. Pocos minutos antes, el hemiciclo daba por cerrado el debate sobre la proposición de ley contra el proxenetismo que lleva el sello del PSOE. El pronóstico se confirmaría unas horas después: la inciativa no contaría con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, por lo que no sería admitida a trámite. Al filo de las 20:30 horas, el texto cosechó 122 apoyos y 184 votos en contra. Las abstenciones fueron 36 y llegaron de las filas de Vox y Podemos.
El debate es en realidad heredero de la anterior legislatura, cuando los socialistas registraron su proposición –un texto prácticamente idéntico al que ha sido debatido este martes y que pivota sobre tres ejes: ampliar el concepto de proxenetismo, recuperar la tercería locativa y castigar a los puteros– con el ambicioso objetivo de abolir la prostitución. "Esta es la legislatura en la que vamos a acabar con la prostitución", volvió a comprometerse la ministra. Hizo suyas las palabras de la diputada Andrea Fernández, encargada de defender la propuesta "con la cabeza alta y las convicciones de quienes creen en la igualdad y la justicia", asintió desde la tribuna.
Fernández le dio la vuelta a uno de los principales reproches por parte de quienes rechazan su proyecto abolicionista: "Me alegro de que mi grupo sea profundamente punitivista: contra los que pagan por sexo, contra los proxenetas y contra los que alquilan locales para permitir esta práctica". No convenció, sin embargo, a la mayoría necesaria para sacar adelante la proposición. Ni siquiera a los socios de investidura, tal y como advirtieron algunos de los ponentes. La parlamentaria de ERC Pilar Vallugera así lo señaló: "Saben perfectamente que esto rompe la mayoría de la investidura", pero además "rompe el feminismo por la mitad, y con el avance de la ultraderecha necesitamos estar unidas". Sólo Coalición Canaria y BNG se inclinaron por votar a favor.
Tampoco llegó respaldo alguno por parte de los socios de Gobierno. La parlamentaria de Sumar Gala Pin lo dejó claro desde el primer momento: su grupo votaría en contra de la proposición, cuyo contenido no aborda cuestiones de peso que atraviesan al ejercicio de la prostitución, como la transfobia, el racismo estructural, la pobreza o la exclusión social, citó. Pin, igual que buena parte de los diputados allí presentes, cargó contra las grandes ausencias del texto: ninguna mención a leyes clave como la Ley mordaza o la Ley de extranjería. Y en paralelo, criticó la obstinación de los socialistas a la hora de hacer del debate en torno a la prostitución una cuestión estrictamente penal. "¿De verdad creen ustedes que vamos a abolir el sistema prostitucional con el Código Penal?", lanzó la diputada de Podemos Martina Velarde, quien acusó a los socialistas de querer "generar más titulares" que cambios materiales para las mujeres que ejercen la prostitución. "No podemos acompañarles en una modificación penal que castiga a las mujeres", blandió.
No fueron pocas las voces que se preguntaron, precisamente, en qué lugar dejaba la proposición a las verdaderas protagonistas del debate. "Qué pasa con el día después" en caso de que la propuesta fuera admitida a trámite, se preguntó Vallugera. "Las mujeres volverían a salir a trabajar al día siguiente, pero en condiciones más vulnerables" y más desprotegidas "ante la policía, las mafias y los clientes", completó poco después Bel Pozueta, en nombre de EH Bildu. "Porque prohibir no es abolir", recordó durante su turno de palabra.
Objetivo, abolir la prostitución esta legislatura: ayudas a víctimas, multas a puteros y perseguir a los proxenetas
Las voces críticas pedían un debate sosegado, a la altura de su complejidad y donde tuvieran voz las mujeres en contextos de prostitución. Pero no sólo: reclamaron también medidas integrales, más allá del reproche penal, y el impulso de una ley clave que no termina de arrancar: la Ley contra la trata.
Si el Partido Socialista sólo alcanzaba a entrever un posible éxito arañando la abstención del Partido Popular, cualquier atisbo de esperanza quedó pronto truncado. La conservadora Ana Isabel Alós arrancó su intervención cargando directamente contra los socialistas: "Vaya papelón que están haciendo ustedes esta tarde", se mofó ante los micrófonos de la Cámara Baja. La parlamentaria reprochó al Grupo Socialista no haber contado con los suyos para la confección de una propuesta consensuada entre ambos grupos, que sí partían de una posición inicial similar. "Podría ser una realidad desde hace más de dos años, porque desde el principio contaron con nuestro apoyo", señaló Alós. Lo cierto es que durante la anterior legislatura, los conservadores sí concedieron su apoyo a la proposición confeccionada por los socialistas. La alianza no se replicó este martes. "Lo que las mujeres necesitan es una ley integral y eso es lo que defendemos desde el PP", señaló la diputada, quien sacó a relucir –dosier en mano– una propuesta con el sello del Partido Popular, que aspira a ser debatida en la Subcomisión para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero que no ha sido registrada como iniciativa parlamentaria.
Poco antes de la votación, la formación de Alberto Núñez Feijóo insistía: o los socialistas retiraban su iniciativa o sus filas votarían en contra. Ninguna de las partes cedió y el desenlace terminaría confirmando la sospecha: el PSOE se quedaría solo en la defensa de su ley.
En los pasillos del Congreso de los Diputados, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, reiteraba este martes que su grupo parlamentario era el único en defender la abolición de la prostitución como horizonte político. Lo hacía a caballo entre el lamento y el orgullo: presumiendo de ser fieles a sus principios, tal y como se encargó de subrayar ante los periodistas, pero con el sabor amargo de saber su propuesta abocada al fracaso. Pocos minutos antes, el hemiciclo daba por cerrado el debate sobre la proposición de ley contra el proxenetismo que lleva el sello del PSOE. El pronóstico se confirmaría unas horas después: la inciativa no contaría con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, por lo que no sería admitida a trámite. Al filo de las 20:30 horas, el texto cosechó 122 apoyos y 184 votos en contra. Las abstenciones fueron 36 y llegaron de las filas de Vox y Podemos.