Seis crímenes machistas en 24 horas: ¿por qué falla una y otra vez la protección a las víctimas?

Seis crímenes machistas en tan sólo 24 horas. Cuatro mujeres y dos niños de tres y ocho años. Las Pedroñeras (Cuenca), Zafarraya (Granada) y Fuengirola (Málaga) se convirtieron en el epicentro de lo que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó de "día negro" para la sociedad española. Este martes, el Comité de Crisis que se convoca cuando se producen más de cinco asesinatos en un mes se sentará a la mesa para tratar de diagnosticar qué ha fallado, aunque la reunión ya estaba convocada antes de lo sucedido este fin de semana, puesto que en abril se produjeron otros siete crímenes. En lo que va de año, las mujeres asesinadas por violencia de género ascienden ya a 19. Los menores, a nueve, una cifra que ya iguala el peor año, 2015.

Tras las noticias llegaron los minutos de silencio. Las condenas. La búsqueda de explicaciones. De soluciones. Redondo no tardó en mostrarse "muy preocupada" y "consternada" por los asesinatos. "Es un día durísimo y nuestra solidaridad está con las familias de las víctimas y sus allegados", expresó. La lucha contra la violencia contra las mujeres, dijo, es "dura, a veces terrible, pero necesaria". Sobre todo por los discursos que cada vez con más frecuencia niegan la violencia de género como estructural. "Esos discursos son terribles y se están instalando en la sociedad española, no podemos consentirlo, tenemos que aislar a quienes niegan que esto se esté produciendo, esto es real y es terrible", reflexionó.

Tras ella, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró en una entrevista en la Cadena Ser que es necesaria "una movilización social" contra este tipo de crímenes. Pero no sólo. Hacen falta también, añadió, "consistencia en las políticas". "Recursos económicos, de compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y, en definitiva, por parte de todas las administraciones", concretó. Y anunció por ello que el Gobierno ya está trabajando con todos los grupos del Congreso de los Diputados —excepto con Vox— para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, caducado desde hace dos años.

El pasado mes de febrero fue precisamente la propia ministra la que, a petición propia, compareció ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto para urgir a su actualización con el objetivo, dijo, de ampliar el campo de acción e introducir nuevas formas de violencia. "En un contexto político caracterizado por la emergencia de movimientos negacionistas de la violencia de género, se hace imprescindible reforzar la unidad de las y los demócratas en la defensa de la igual dignidad de mujeres y hombres para el completo desarrollo del proyecto vital en condiciones de libertad", señaló.

En abril volvió a insistir en ello. Y puso el foco entonces en la necesidad de incorporar medidas para luchar contra la violencia vicaria, que sólo este sábado ha dejado tres víctimas mortales —además de los dos hijos de una de las mujeres asesinadas, otro hombre mató a la madre de su expareja. "Es una realidad y está repuntando", dijo entonces.

Además, ya hay un compromiso para renovar ese acuerdo. Tal y como recuerda la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell, el 25 de noviembre del año 2021, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, todos los grupos excepto Vox firmaron un acuerdo por el que se comprometían a dar "continuidad" al pacto de Estado. Su primer paso fue dar luz verde a la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas 2022-2025, una "hoja de ruta sustentada en una serie de ejes vertebradores que encarnara las obligaciones del Estado", según explica Rosell, que detalla que incluía nuevas acciones en áreas como la violencia digital, la mejora de datos estadísticos sobre diferentes feminicidios, el trabajo en masculinidades o la reparación de las víctimas". "Además, la estrategia —compuesta por 266 medidas— refuerza varias líneas de acción que aún necesitan ser fortalecidas como la violencia vicaria, la violencia sexual o la institucional", remacha.

¿Son suficientes las medidas o el sistema falla?

En cualquier caso, el Pacto no es un mero documento que pueda acabar en papel mojado. Las fuentes expertas consultadas por infoLibre se reafirman una y otra vez en lo que la ya ex ministra de Igualdad Irene Montero quiso dejar claro: "No es un punto de partida ni un punto de llegada, es una herramienta que nos tiene que permitir erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres". Y se ha cumplido casi en su totalidad. Según informó la propia Redondo, del total de medidas en las que el Gobierno es responsable (284 de las 290), el 96,8% están cumplidas o en proceso (190 cumplidas y 85 en proceso), mientras que un 3,2% están pendientes de ejecución.

Entonces, si esto es así, ¿por qué todavía el sistema falla? De los crímenes sucedidos este fin de semana, en dos —el de Fuengirola y el Zafarraya— no existían denuncias previas, mientras que en el otro —el producido en Las Pedroñeras— la mujer asesinada sí estaba incluida en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen). Por tanto, responder a la pregunta se torna una tarea complicada.

El ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente considera que es necesario un "cambio de enfoque al abordaje de la violencia de género". Y lo primero tiene que ver con la educación. Y con la implicación de toda la sociedad. "Si no responde de forma contundente al homicidio sistemático de un grupo de población está siendo cómplice, mediante la pasividad, de lo que ocurre", señala el experto. Por eso apunta a que una renovación "automática" del Pacto no resolverá nada.

¿Qué debe cambiar, entonces? Él lo tiene claro: hay que abogar por la detección de la violencia machista. "Hay que llegar a donde están las mujeres, que es en el sistema sanitario", concreta. Fallamos, dice, en el abordaje de la mayoría de casos. Porque la mayoría no denuncia. De las 58 mujeres asesinadas en 2023, 44 no había presentado denuncia. Son un 75,8%. "En todo esos casos no hacemos absolutamente nada", lamenta Lorente. Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer, confeccionada en 2019 por el Ministerio de Igualdad, la mayoría de las víctimas que no da el paso de denunciar lo hace por verse capaz de resolver individualmente el problema o por haber rebajado la importancia de lo sucedido. Pero una parte toma la decisión por miedo al agresor, a la vergüenza y al temor a no ser creída. 

Pero en cualquier caso, Lorente también va más allá. Y apunta directamente a las órdenes de protección. Porque el sistema se basa, resume, "en la voluntad del agresor, no en la eficacia de la medida en cuestión". "Si la orden que se dicta consiste en un folio en el que se indica que el agresor no puede acercarse a menos de 500 metros, eso sólo funciona, casi siempre, si él lo respeta", explica. En resumen, reclama "un enfoque que no se base exclusivamente en la denuncia, sino en dar respuestas a las demandas y necesidades de las víctimas, sobre todo de las que no denuncian". Ser "proactivos" en la detección, añade.

Aprovechar la renovación del Pacto

La jurista y presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, recuerda por su parte que todavía hay una "base enorme de mujeres que conviven diariamente con la violencia". Y hasta que eso no se reduzca, señala, los crímenes tampoco lo harán. "Cada asesinato es un fallo, pero es que hay que ser conscientes de que el riesgo ni muchísimo menos se ha sacado de la realidad cotidiana", lamenta.

"Hay mujeres que me han dicho que están vivas por mi trabajo": la labor invisible de las que cuidan a las víctimas

Ver más

Eso no quita que haya que seguir insistiendo en los fallos del sistema. Que los hay. Y renovar el Pacto de Estado, coincide con Lorente, es una oportunidad para corregirlos. Empezando por la mejora en la coordinación entre instituciones. "La mayor parte de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres necesitan la intervención de varios poderes y administraciones. Lo que pedimos es que se explore su mejora", señala. Pone un ejemplo: de poco sirve que que la administración general adjudique fondos a las entidades locales si luego estas no explican las líneas de actuación que han llevado a cabo con ese montante. "Cada nivel juega un papel importante, y es necesario un marco general y global que les implique", añade.

Pero no sólo eso. El Pacto es importante también por su función simbólica. "Ese acuerdo político incide de manera directa en la confianza de las mujeres en el sistema. Se les manda a ellas y a sus agresores un mensaje muy claro", señala.

Como publicó infoLibre, durante los cinco años previos a la entrada en vigor del Pacto de Estado (2013-2017), los crímenes mortales registrados fueron 268. Es decir, una media de 53,6 al año. En cambio, los cinco años en los que se desarrolló el Pacto de Estado (2018-2022) dejaron 258 asesinatos, una media de 51,6 al año. Son dos asesinatos menos cada año, diez en un lustro. En 2017, último año sin el Pacto de Estado, el 10,41% de las mujeres que habían denunciado malos tratos se acogieron a su derecho a la dispensa de declarar contra su agresor. En 2022, fueron el 9,58%. Y en 2017, los juzgados dictaron 38.501 órdenes de protección; una cifra que se elevó a 39.874 en 2022.