La Autoridad Fiscal portuguesa sospecha de la destrucción de pruebas tras los registros en la 'Operación Fuera de Juego'

La Autoridad Tributaria (AT) portuguesa tardará meses en analizar la información obtenida esta semana en los registros realizados en la denominada Operación Fuera de Juego, en la que se investigan operaciones sospechosas en el negocio del fútbol luso que pueden implicar fraude fiscal cualificado y blanqueo de dinero, informa este sábado la revista Expresso. Las autoridades fiscales sospechan que muchos documentos que serían relevantes han sido destruidos en las últimas semanas por algunos de los objetivos de la operación desplegada este miércoles.

La AT expresó esta semana a la Procuraduría General de la República su malestar por la violación del secreto judicial después de que la revista Sábadoadelantara el mismo miércoles detalles de los registros en domicilios de varios futbolistas, entre ellos el del jugador del Oporto Iker Casillas. La publicación, este 6 de febrero, se produjo poco después de que finalizara la operación sobre el terreno y pasara por las manos del Tribunal Central de Investigación Criminal, a pesar de que había comenzado mucho antes. 

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Expresso ya había adelantado en noviembre de 2018, en el ámbito de las investigaciones periodísticas de Football Leaks, que se estaba investigando fraude fiscal en equipos como Benfica, Oporto y Sporting. Las investigaciones culminaron con los registros del miércoles pasado: se inspeccionaron 56 localizaciones, incluyendo sedes de clubes, bufetes de abogados (como Morais Leitão, del que Carlos Osório de Castro es socio y a la vez abogado de Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo) y empresas intermediarias (como Gestifute, de Jorge Mendes). Hubo 47 imputaciones, entre ellas la de los presidentes de los tres grandes del futbol luso (Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa y Frederico Varandas) así como el agente Jorge Mendes, informa Expresso.

La investigación a partir de las revelaciones de FootballLeaks es llevada a cabo por la Agencia Tributaria desde 2014 fruto de una petición de ayuda procedente de Holanda y que involucraba a un club portugués. En 2015 las autoridades fiscales lusas comenzaron a realizar inspecciones en el negocio del fútbol y emitieron 65 solicitudes de cooperación a las autoridades tributarias de 16 jurisdicciones (entre ellas Irlanda, Países Bajos, Malta, España, Suiza, Chipre, Singapur, Brasil y Emiratos Árabes).

Tras las revelaciones de Football Leaks en 2015 y, al año siguiente, a través del consorcio EIC –European Collaborative Investigations, del que forman parte Expresso e infoLibre–, la Autoridad Tributaria pidió información a Rui Pinto, el filtrador de los documentos, pero no obtuvo respuesta. Rui Pinto sería arrestado en Budapest en enero de 2018 y extraditado a Lisboa en marzo de ese año. Posteriormente, su abogado francés, William Bourdon, ofreció la cooperación de Rui Pinto a AT, pero no obtuvo respuesta. Pinto fue imputado por 90 delitos en septiembre de 2019 y está a la espera de juicio.