La derogación de 'Roe vs Wade' en EEUU: un año después más de una docena de estados prohíben el aborto
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiese eliminar el derecho constitucional al aborto hace un año con la anulación del histórico fallo Roe contra Wade, más de una docena de estados liderados por republicanos han vetado o limitado este procedimiento, lo que pone en peligro a millones de mujeres y niñas, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil, recoge Europa Press.
La decisión de revocar Roe contra Wade fue adoptada con el voto a favor de seis jueces conservadores del Supremo y el voto en contra de tres magistrados liberales. Al eliminar el carácter de derecho constitucional del aborto, consagrado desde 1973, el fallo del Supremo dio vía libre a los estados para promover sus propias legislaciones.
El mapa de las restricciones contra el aborto en Estados Unidos varía dependiendo de si se aplica un veto total, con alguna o ninguna excepción al incesto y la violación, y del total de semanas a partir de las cuales se puede interrumpir el embarazo. Algunos de los 14 estados que lo prohíben son Alabama, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur o Tennessee.
A estas restricciones y vetos se suman otras, como los numerosos desafíos legales que han puesto en jaque la prescripción y distribución de mifespristona, uno de los dos medicamentos utilizados para abortar médicamente en el país, o el acceso a atención médica tanto sexual como reproductiva.
Pese a la ola conservadora contra el aborto de los últimos años, recrudecida tras la anulación del histórico fallo, una encuesta del think tank Centro de Investigaciones Pew del mes de junio refleja que el 62% de los estadounidenses piensa que el aborto debería ser legal en todos o en algunos supuestos, si bien el porcentaje varía dependiendo de la afiliación política y religiosa.
En este sentido, el 84%% de los encuestados que dicen no ser religiosos están de acuerdo con este método, mientras que más del 50% de los encuestados que creyentes se muestran a favor del aborto, siendo los protestantes evangélicos blancos los menos propensos a favorecer la interrupción del embarazo.
De la misma forma, el 29%de los estadounidenses que se definen como conservadores están a favor del aborto, un porcentaje que se eleva al 91% en el caso de aquellos en el espectro más liberal. Si bien el nivel de polarización política es muy alto, el consenso a nivel general sobre el aborto se mantiene parejo.
Los casos de Alabama y Iowa
Varios años antes de que el Supremo, controlado en la actualidad por jueces conservadores, anulara el derecho el aborto a nivel federal, los estados de Iowa y Alabama aprobaban en 2018 y 2019, respectivamente, las dos leyes consideradas más restrictivas de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los 25 hombres republicanos que dieron luz verde a la ley en mayo de 2019 en Alabama prohibieron el aborto prácticamente en todas las circunstancias, incluyendo la violación o el incesto, y con la única salvedad de que la salud de la madre corra peligro.
La ley, al igual que en otros estados en los que se han promovido este tipo de iniciativas, castiga con años de cárcel a los profesionales médicos que la autoricen y dificulta el acceso a las clínicas abortivas, muchas de las cuales han tenido que cerrar.
Por su parte, el Senado de Iowa votó en mayo de 2018 a favor de prohibir el aborto en cuanto se detecte un latido fetal, que a menudo es antes de que incluso la mujer sepa que está embarazada, sobre las seis semanas de gestación, aunque en su caso el texto sí contemplaba excepciones en caso de violación o incesto.
Texas, el antes y el después
Si bien los casos de Alabama y Iowa despejaron el camino para que otros estados, como Misisipi, Kentucky o Georgia, promulgaran sus leyes en un claro desafío al fallo Roe contra Wade, cuando todavía permanecía vigente, fue la ley de Texas de septiembre de 2021 la que sentó un precedente histórico.
La norma en cuestión, conocida por el nombre SB8, además de vetar en todos los supuestos el aborto, alentaba la vigilancia ciudadana, ya que permitía a cualquier ciudadano presentar demandas civiles contra aquellos que faciliten el procedimiento, con indemnizaciones de hasta 9.000 euros en caso de ganar el juicio.
Varias organizaciones de Derechos Humanos han denunciado en los últimos años que este ambiente hostil ha provocado que muchos médicos tengan miedo de practicar el procedimiento, pese a que los textos constitucionales les amparan legalmente si la madre corre peligro.
Además, esto se extiende también a las mujeres que desean practicarse un aborto en Estados Unidos y que temen por su integridad física por los constantes actos de violencia perpetrados contra las mujeres a las afueras de las clínicas abortivas. En Indiana, por ejemplo, la legislación contempla que la madre vea imágenes fetales antes de realizarse la operación.
Blindar el aborto
Si bien hay algunos demócratas que van por libre y votan a favor de vetar el aborto junto a senadores republicanos, según cifras de la cadena CNN más del 80% son hombres, a rasgos generales los estados más liberales tienden a legislar a favor, con casi ninguna limitación, si bien algunos de ellos se pone el tope entre las 22 y las 24 semanas.
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Minnesota, Kansas, Massachussets o Alaska, por ejemplo, reconocen el aborto como un derecho constitucional. A estos estados se suman otros, como Nevada, Nevada, Colorado, Nueva York, California, Maine, Delaware, Michigan o Washington D.C, entre otros.
Debido a la disparidad en las legislaciones federales, muchos estados intentan ampliar los derechos de otras mujeres que viven en otros estados con normas más restrictivas. El Congreso de Nueva York aprobó en el mes de junio una ley para proteger al personal médico que prescriba píldoras abortivas a pacientes de otras zonas del país en las que este tipo de recetas están prohibidas.
De hecho, como un gesto simbólico en el marco del aniversario de la anulación de Roe contra Wade, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció en la víspera que una nueva orden ejecutiva facilitará el acceso a anticonceptivos en las farmacias y clínicas privadas de los 18 estados donde ahora mismo están en vigor vetos o restricciones al aborto.
