Guatemala: cientos de indígenas se manifiestan en la Embajada de España contra ACS por la construcción de una central hidroeléctrica

Cientos de indígenas quekchí se manifestaron este lunes frente a la Embajada de España en Ciudad de Guatemala como protesta ante la obra de la hidroeléctrica Renace, que construye la empresa española ACS, presidida por Florentino Pérez. Las quejas se centraron en la negación por parte de la compañía a facilitarles información y permitir una consulta comunitaria. Por ello, han solicitado realizar "una evaluación ambiental integral de proyectos" sobre los que no fueron informados. 

El proyecto de ACS, que ya se encuentra en desarrollo en varias de sus fases, consiste en la construcción de una obra hidroeléctrica que abarca casi 30 kilómetros del río Cahabón.

La organización europea Alianza por la Solidaridad ha recordado mediante un comunicado que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 16 de febrero una resolución de urgencia en la que mostraba su preocupación por la vulneración de derechos humanos en dicho país. Este dictamen, que trataba sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y la justicia en el país centroamericano, instaba a los países miembros de la UE a promover acuerdos comerciales internacionales vinculantes que reforzasen estos ámbitos, especialmente en el caso de las empresas con sede en la Unión Europea que operan en este país.

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Alianza por la Solidaridad incide en que, desde que en 2015 lanzaran la campaña TieRRRa, destinada a promover inversiones responsables de las empresas en países en vías de desarrollo, este es el segundo caso registrado dos de campañas de protesta en Guatemala por vulneraciones de los derechos humanos. El primer proyecto –la construcción de una hidroeléctrica en el río Cambalam por parte de la empresa gallega Ecoener-Hidralia– fue finalmente suspendido después de que llevase a graves conflictos: persecución, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades. La iniciativa, a la que ya se han sumado más de 14.000 personas, explica en este vídeo las consecuencias del proyecto de ACS.

La organización ha recogido sus peticiones en cinco puntos fundamentales, encabezando esta lista la exigencia de que se suspendan las obras llevadas a cabo por empresas europeas en las que no se cumpla lo establecido en la resolución del Parlamento Europeo. Además, de ello, advierten de la necesidad de promover una ley pública destinada a proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, investigando campañas de criminalización y amenazas contra ellos.

Las tres peticiones restantes, que se refieren a las acciones que debería llevar a cabo el propio Gobierno español, insisten en que este debería apoyar "de manera decidida la aprobación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos". De este modo, el Gobierno debería instar a las empresas españolas a cumplir los derechos humanos y de los pueblos indígenas.