Ecuador
Indígenas retienen a policías y periodistas en Quito para pedir el fin de la represión en las protestas
Líderes indígenas han retenido a policías y periodistas en Quito para exigir el fin de la represión policial de las protestas que comenzaron hace una semana contra la reforma económica anunciada por el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, según informa Europa Press.
En un acto en la Casa de la Cultura de la capital, se ha mostrado a los ocho agentes —siete hombres y una mujer— y se les ha pedido que se comuniquen con sus superiores para que se deje de reprimir a los manifestantes, según informa el diario local El Comercio. Además, los líderes indígenas presentes han asegurado que hay 40 militares retenidos en Saquisili.
El secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, ha confirmado en un vídeo difundido por el Gobierno que hay seis policías y 27 periodistas de distintos medios de comunicación a los que "no se les ha permitido salir, como es su voluntad", si bien los medios ecuatorianos aseguran que hay dos agentes más, uno de los cuales estaba en los alrededores de la Casa de la Cultura vestido de civil.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, ha exigido a las autoridades ecuatorianas la entrega de los indígenas fallecidos en las protestas. Según la Defensoría del Pueblo, al menos cinco personas han muerto en esta semana de protestas, aunque el Gobierno no ha confirmado este balance de víctimas.
Briones ha aprovechado su intervención para aclarar que, por ahora, solo hay dos fallecidos. Según ha explicado, se trata de una persona que "fue atropellada el lunes por un conductor amedrentado por los manifestantes" y de otra que "falleció ayer por una caída y golpe en su cabeza en las manifestaciones llevadas adelante en Quito".
El presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, ha reiterado que responsabilizan al Gobierno, representado por Moreno y los ministros de Interior y Defensa, María Paula Romo y Oswaldo Jarrín, respectivamente, de estas cinco muertes, de acuerdo con Ecuavisa.
Además, los líderes indígenas han advertido de que, si las fuerzas de seguridad irrumpen en las instalaciones con gases lacrimógenos, no se responsabilizarán de lo que les pueda ocurrir a los ocho agentes.
Los indígenas se han referido específicamente a la situación de los periodistas. Así, han indicado que permanecerán retenidos de forma indefinida, pudiendo ser utilizados como escudos humanos en futuras protestas, y han advertido a los medios de comunicación de que, si no ofrecen en directo sus asambleas en la Casa de la Cultura, los informadores se enfrentarán a la justicia indígena.
Vargas también ha arremetido contra los indígenas que se están posicionando del lado del Gobierno de Moreno, por considerar que se trata de una traición a sus compañeros. "Vamos a aplicar decisiones fuertes contra esos indígenas que han abandonado esta lucha", ha asegurado. "Tengan presente que su presidente, Jaime Vargas, jamás se va a vender, compañeros, frente a este Gobierno asesino y criminal. La lucha continúa", ha declarado en medio de los aplausos, según El Universo.
En este contexto, Briones ha exigido "que cualquier proceso de dialogo se haga en el marco de la paz y, para ello, la liberación de los policías y los periodistas es una condición fundamental".
"Somos un Gobierno que dialoga y toma decisiones, siempre beneficiando el bien común. Reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre en el marco de la paz", ha declarado el secretario general de la Presidencia.
Desactivado el "golpe de Estado" con la vuelta a la "normalidad
De acuerdo con Briones, "se está retomando la tranquilidad de poco a poco". "Hoy en Quito, Guayaquil y más del 70% de las ciudades de Ecuador están en paz", ha afirmado, incidiendo en que "es el momento de deponer posiciones intransigentes y devolver a todos los ecuatorianos la tranquilidad". "Para ello necesitamos orden porque todos queremos trabajar y vivir en paz", ha remachado.
Asimismo, el Gobierno de Ecuador considera que el intento de "golpe de Estado" que atribuye al ex presidente Rafael Correa y sus aliados, incluido el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido desactivado, según ha indicado el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, en una entrevista concedida a Europa Press.
Para Valencia, "hubo un intento claro" de golpe de Estado por los llamamientos públicos de algunos sectores de la oposición ecuatoriana a celebrar elecciones anticipadas. "Ecuador no tienen un sistema parlamentario, como algunos países europeos. Es un sistema presidencialista donde la ley determina los plazos para que las elecciones se realicen. Hacer un llamado de ese tipo es hacer un llamado a subvertir el orden constitucional", ha sostenido.
A ello ha sumado las "múltiples declaraciones" en redes sociales de "líderes de la oposición vinculada al ex presidente Correa que pedían abiertamente la salida del presidente, Lenín Moreno, —legítimamente electo— del poder". "Eso solo tiene un calificativo: un golpe de Estado, una subversión del orden democrático", ha zanjado Valencia.
Crisis política
El origen de las protestas es la reforma económica anunciada por Moreno el pasado 1 de octubre fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.
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Los disturbios estallaron dos días después con enfrentamientos entre policías y militares y saqueos, lo que llevó a Moreno a declarar el estado de excepción, que en un principio debía estar vigente 60 días pero el Tribunal Constitucional lo redujo a 30.
Moreno ha ofrecido diálogo aclarando que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo", aunque los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.
La CONAIE ha aclarado que "esto no para hasta que el FMI salga del Ecuador", ya que considera que el acuerdo al que el Gobierno ha llegado con el organismo internacional, que ha tenido como contrapartida la reforma económica, equivale a lanzar "una guerra contra el pueblo".
