Las instituciones europeas buscan reformas ante el daño reputacional del 'Catargate'
Michel Claise, un juez belga con fama de indomable, escritor de éxito criado por sus abuelos y por su madre adolescente abandonada con un embarazo a sus 17 años, nieto de una famosa resistente durante la ocupación nazi, levantó una punta de la moqueta del Parlamento Europeo. Debajo encontramos lo que solemos encontrar cuando hace mucho tiempo que no limpiamos. Porquería. Es hora de limpiar. Mientras la Justicia del plat pays hace su trabajo, las instituciones europeas se curan las heridas del daño reputacional sufrido por este caso y prometen nuevas normas éticas.
La presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora maltesa Roberta Metsola, prometió el jueves durante la cumbre europea una larga lista de reformas para hacer más difíciles casos como el de la eurodiputada socialista griega, que guardaba bolsas con cientos de miles de euros en su vivienda de Bruselas supuestamente entregadas por funcionarios cataríes a cambio de defender sus intereses en la Eurocámara.
Metsola resumió el jueves lo que los eurodiputados aprobaron en una resolución ese mismo día. Hay que mejorar la transparencia, creen. Además de medidas urgentes como suspender todos los trabajos legislativos que de alguna forma tienen relación con Catar y suspender el acceso a la Eurocámara a cualquier representante del emirato pérsico, apuntan a prohibir donaciones de terceros países a eurodiputados y partidos políticos, a crear una comisión de investigación para investigar corrupción y a forzar a los miembros de la Eurocámara a presentar también al final de su mandato una declaración de bienes.
Las normas existen y las promesas ya se hicieron en el pasado, como cuando el ex presidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso saltó a Goldman & Sachs año y medio después de dejar el Ejecutivo europeo después de que Angela Merkel no aceptara que siguiera, como él quería, un tercer mandato.
El problema no es la falta de normas sino su flexible aplicación y en algunos casos su no aplicación. Pocos países europeos tienen una normativa para encuadrar el trabajo de los lobbies como tienen las instituciones europeas, pero no se cumple. En 2021 menos de la mitad de eurodiputados declararon alguna reunión con algún tipo lobby. ¿El resto no tuvo ninguna reunión? Cualquier con un mínimo de conocimiento de las entrañas de la Eurocámara sabe que eso es imposible.
La normativa europea tiene una definición de lobby muy amplia y un registro público de estas entidades. Los funcionarios de la Comisión Europea y del Parlamento, así como los eurodiputados, deben dar cuenta de estas reuniones. Pero muchas veces no lo hacen. Y no sólo eurodiputados o funcionarios europeos de niveles menores. Jean Comte, redactor especializado en lobbies del diario digital Contexte, recordaba esta semana que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no había registrado su primera reunión con Business Europe, el equivalente europea a la CEOE.
¿Qué le pasó a Von der Leyen? ¿Qué consecuencias tuvo ese primer deje de secretismo? Nada, porque aunque las normas son claras no se sanciona a sus incumplidores por lo que saltárselas no supone ningún riesgo.
Comte adelanta ideas para mejorar la transparencia y sancionar a los que violen las normas. Se debería poder sancionar a cualquiera que incumpla y esa sanción la debe aprobar un organismo independiente y suficientemente dotado en personal y fondos para poder trabajar de forma eficiente. También reconoce un problema: hay dudas de la base legal de unas posibles sanciones con la estructura institucional actual.
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Expertos como Alberto Alemanno piden lo mismo, la creación de una autoridad ética común e independiente, para todas las instituciones europeas, con los medios humanos y materiales suficientes, que tenga capacidad legal para investigar y sancionar. Von der Leyen prometió crear una estructura así cuando asumió su cargo hace más de tres años pero nunca movió la idea.
El eurodiputado ecologista belga Philippe Lamberts, copresidente de su grupo parlamentario, contaba el jueves a un puñado de periodistas que los radares no han acabado con los excesos de velocidad en las autopistas pero sí los han reducido. La corrupción seguirá, admitía, pero se puede reducir aumentando la transparencia. Por ejemplo obligando a que todos los eurodiputados den cuenta en un registro de todas las reuniones que mantengan. Haber sido pillado en una reunión que no se registró dentro de un determinado plazo conllevaría sanciones. Hoy tampoco se les obliga a declarar públicamente su patrimonio cuando asumen el cargo y cuando lo abandonan.
Otros eurodiputados señalan el agujero que permite que los diplomáticos de terceros países no sean tratados como lobistas y por lo tanto las reuniones con ellos pasen bajo los radares. Y piden que estén prohibidos los encuentros con lobistas que no figuren en un registro público, centralizado y accesible online para todas las instituciones europeas.
