Italia prohíbe los despidos durante 60 días por el coronavirus

El Gobierno italiano ha establecido una moratoria de 60 días a contar desde el pasado 23 de febrero para los despidos por causas objetivas, por lo que las empresas no podrán prescindir de sus empleados alegando motivos económicos, según ha anunciado el Ministerio de Trabajo de Italia en un comunicado.

"Hasta que expire el plazo, las empresas no pueden rescindir los contratos por razones objetivas, independientemente del número de trabajadores", explicó la ministra de Trabajo, Nunzia Catalfo.

La prohibición de los despidos por causas económicas, no así en el caso de los disciplinarios, forma parte del decreto Cura Italia, aprobado ayer por el Gobierno italiano y que destina 10.000 millones de una partida total de 25.000 millones de euros a diversas medidas en el mercado laboral. De esta cifra, la mayor cantidad de recursos irán destinados al "refuerzo de las redes sociales de seguridad", indicó la ministra.

Aproximadamente 3.000 millones de euros servirán para paliar el impacto de las medidas de contención del coronavirus sobre la actividad de los trabajadores autónomos, incluyendo el pago de un bono de 600 euros para los que hayan perdido su trabajo.

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Por otro lado, el decreto del Gobierno italiano contempla durante un periodo de dos meses ampliar de tres a quince días al mes los permisos para los trabajadores discapacitados y aquellos al cuidado de familiares dependientes y se facilitará en la medida de lo posible su acceso al teletrabajo.

Asimismo, Catalfo precisó que los padres con hijos de hasta 12 años de edad podrán solicitar una nueva baja parental de hasta 15 días con una indemnización equivalente al 50% del sueldo siempre que uno de los miembros de la pareja siga trabajando y no se encuentre en situación de desempleo o sea perceptor de otras medidas de apoyo a los ingresos.

En este sentido y como alternativa a la baja parental, el decreto del Gobierno incluye una ayuda para las familias de 600 euros para la contratación de niñeras, que alcanza los 1.000 euros en el caso de médicos, enfermeras y otro personal sanitario, investigadores y policías.