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¿Ajuste de cuentas en el núcleo del poder? Qué hay detrás del magnicidio del presidente de Haití
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La confusión reina en Haití días después del asesinato, el pasado 7 de julio a la una de la madrugada, del presidente Jovenel Moïse, de 53 años, en su residencia privada en la zona alta de Puerto Príncipe.
En su cuerpo se hallaron 12 impactos de bala de gran calibre. Su esposa, Martine Moïse, resultó herida y fue evacuada de inmediato a un hospital de Miami, pero se encuentra fuera de peligro. Ninguna persona más (ni personal de seguridad ni de servicio) resultó herida.
El mismo miércoles por la mañana se formó un nuevo Gobierno, con el apoyo de la comunidad internacional y, en particular, de Estados Unidos, uno de los principales actores políticos del país americano.
Washington y el Consejo de Seguridad de la ONU, que temían especialmente que Haití se viera sumido en el caos político derivado de la violencia desencadenada, respaldaron oficialmente el 8 de julio a Claude Joseph como líder de facto del país.
Este primer ministro interino y exministro de Asuntos Exteriores había sido destituido por el presidente Moïse días antes, el 5 de julio y sustituido por Ariel Henry. Pero este último no tuvo tiempo de jurar su cargo y formar gobierno.
Claude Joseph, que había sido nombrado apenas tres meses antes, el 14 de abril, sigue al frente, en una niebla institucional total. El país ya no tiene Parlamento: los mandatos de los diputados concluyeron hace 18 meses; de 30 senadores, sólo 10 siguen en activo.
En cuanto al presidente del Tribunal de Casación que, según la Constitución, debe ocupar la Presidencia interina en caso de vacante, murió de covid-19 hace unas semanas.
En una entrevista concedida al diario Le Nouvelliste, Ariel Henry trató de hacer valer sus derechos como nuevo primer ministro. Sin éxito. Claude Joseph ya había convocado un Consejo de Ministros el miércoles por la mañana y declarado el estado de sitio (equivalente a la ley marcial). A continuación, se dirigió a la embajada de Estados Unidos y pronunció un discurso por radio y televisión que no dejó lugar a dudas de que él estaba al mando.
Jovenel Moïse, en una imagen de archivo. EP
Esta sucesión forzada estuvo acompañada, durante toda la jornada del 8 de julio, de la comunicación fluida de Claude Joseph y del jefe de la Policía Nacional de Haití, relativa a las condiciones del asesinato de Jovenel Moïse y la localización de los hombres que componían el comando, supuestamente responsable de la operación.
La información y los detalles aportados permiten construir una historia ciertamente espectacular, pero que deja sin respuesta, a día de hoy, los principales interrogantes. Según el director de la Policía Nacional, Léon Charles, se organizó una verdadera operación militar, dirigida por mercenarios, para acabar con el presidente.
“Se trataba de un comando de 28 asaltantes, de ellos 26 colombianos. Interceptamos a 15 colombianos y a dos haitianos. Tres colombianos fueron asesinados mientras que otros ocho están huidos. Se recuperaron las armas y los materiales utilizados por los matones”, explicó el jueves.
Otro informe, esta vez de los jueces a cargo de las investigaciones, recoge que siete mercenarios fueron asesinados. El Gobierno colombiano confirmó que algunos de los mercenarios eran antiguos militares.
El miércoles y el jueves se llevó a cabo una persecución por todo Puerto Príncipe, con grupos de residentes que participaron activamente, algunos con actos de violencia. 11 mercenarios se refugiaron en la embajada de Taiwán (país con estrechos vínculos con Haití), quizá para evitar un linchamiento, donde fueron detenidos.
La Policía hizo públicos, el jueves, vídeos y fotografías de los mercenarios, así como una gran cantidad de material incautado: armas de guerra, cizallas, fajos de miles de dólares, pasaportes...
Pero esto no explica cómo todos o parte de estos hombres –si es que son realmente ellos– pudieron penetrar en la residencia privada de Jovenel Moïse. El presidente vivía en un entorno de alta seguridad y había creado varios círculos de protección; además de agentes de policía de élite, había contratado hace varios meses un equipo privado de guardaespaldas a través de la empresa estadounidense Blackwater.
El jueves, la Fiscalía de Puerto Príncipe anunció la citación de los dos jefes de seguridad del presidente y de todos los guardias presentes en el momento del crimen. Hay pocas dudas de que existía una complicidad activa entre los miembros de la seguridad presidencial y el comando.
Una fuente, contactada en Puerto Príncipe por Mediapart (socio editorial de infoLibre) que pidió anonimato por razones de seguridad obvias, asegura que una parte de este equipo de mercenarios había llegado a Haití “hace varias semanas” y que además “había realizado una acción para el presidente Jovenel Moïse, aunque no sabemos si este comando había sido reclutado exclusivamente por y para Jovenel”.
Esta misma fuente asegura que los servicios estadounidenses tenían conocimiento, desde hacía más de dos semanas, de la inminencia de una operación cesárea destinada a deshacerse de Jovenel Moïse, sin saber más.
La masacre cometida la noche del 29 de junio en Puerto Príncipe por bandas vinculadas al G9 –grupo criminal regularmente manipulado por el gobierno–-, que dejó 19 muertos, entre ellos dos conocidos periodistas haitianos, fue el primer paso de esta operación destinada a provocar protestas contra Jovenel Moïse.
De hecho, este asesinato nos adentra en las oscuras bambalinas de un poder que desde hace años recurre a mercenarios, se alía con las bandas criminales que controlan parte de Puerto Príncipe y se ha visto directamente implicado en masacres de la población.
Jovenel Moïse , impopular desde el momento de su elección en 2017, sumió al país en una crisis interminable, arrastrando al partido presidencial y a los poderosos intereses que le apoyaron inicialmente.
Más allá de la Presidencia, el poder haitiano es un complejo entramado de redes, en el que participan las distintas facciones del partido presidencial PHTK, algunas familias poderosas que controlan la economía del país y grupos criminales especializados en el blanqueo de dinero o la droga.
¿Una parte de este sistema oligárquico quería deshacerse de Jovenel Moïse, rechazado masivamente por la población y por todas las asociaciones mínimamente representativas de la sociedad civil?
¿Y el cambio brusco de primer ministro abruptamente decidido el 5 de julio por Moïse fue el detonante? “La tensión era muy fuerte entre los clanes en el poder, las facciones rivalizaban, Jovenel Moïse ya había sido neutralizado pero volvió a tomar la iniciativa”, asegura un responsable político de Puerto Príncipe, que también pide permanecer en el anonimato.
En las numerosas hipótesis que circulan hoy en día en Haití para explicar el asesinato del presidente, se sopesa la posibilidad de un ajuste de cuentas interno.
El jueves, en declaraciones de un juez de Pétion-Villa, al frente de la investigación, a Le Nouvelliste desencadenaron nuevos interrogantes. Este magistrado, Clément Noël, entrevistó a los dos estadounidenses de origen haitiano detenidos. “Los mercenarios llevaban unos tres meses en Haití”, dijo uno de ellos.
“Dijeron que eran traductores. La misión consistía en detener al presidente Jovenel Moïse, en el marco de la ejecución de una orden de un juez de instrucción, no en matarlo”, declaró el juez Clement Noël. ¿Buscan los dos hombres exculparse de su implicación en el asesinato o están exponiendo lo que fue un plan para derrocar al presidente?
Un nuevo interrogante a un suceso que está precipitando a Haití en una nueva crisis, que se suma a las múltiples catástrofes de los últimos años, así como a la inseguridad generalizada.
Porque si Haití, una democracia ciertamente enferma e imperfecta, ha conocido la terrible dictadura de los Duvalier, el derrocamiento de Aristide por parte de los militares en 1991, su regreso y luego su traslado a Sudáfrica por parte de Estados Unidos y Francia en 2004, el asesinato de un presidente en ejercicio es un hecho excepcional, sin precedentes desde hace más de un siglo.
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Traducción: Mariola Moreno
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