'Caso Football Leaks': un juicio crucial para blindar el derecho a saber

Un supuesto hacker, ¿puede ser considerado un informante? ¿Debe la Justicia castigar a un hombre que ha descubierto delitos graves con información obtenida ilegalmente? Estas son las preguntas claves a las que deberá dar respuesta el tribunal de Lisboa, que juzga a Rui Pinto desde este viernes 4 de septiembre.

Este joven portugués está detrás de algunas de las revelaciones más llamativas de los últimos años: Football Leaks, que han documentado como nunca antes las infamias del negocio del fútbol; los Malta Files, sobre la evasión fiscal a Malta; y los Luanda Leaks, sobre el sistema orquestado por Isabel Dos Santos, hija del expresidente angoleño.

El juicio contra este exestudiante de historia de 31 años, que se prolongará durante más de dos meses, se refiere únicamente a los documentos de Football Leaks, la mayor filtración de la historia del periodismo (3,5 terabytes de datos), que Rui Pinto ha transmitido desde 2016 al semanario alemán Der Spiegel, que los ha compartido con Mediapart y sus socios de la red EIC, de la que infoLibre forma parte.

Su análisis ha permitido publicar más de un millar de artículos, que han provocado la apertura de investigaciones penales en varios países y demostrado hasta qué punto el mundo del fútbol se encuentra gangrenado por la corrupción y la impunidad. Sobre todo, las revelaciones de Rui Pinto han permitido la condena por fraude fiscal de Cristiano Ronaldo o la apertura de una investigación penal en Suiza contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el exfiscal federal Michael Lauber.

A pesar de la gravedad de los hechos que ha revelado, Rui Pinto es el único protagonista del caso que ha pasado por la cárcel. Estuvo casi un año en prisión preventiva antes de ser puesto en libertad el mes pasado. Se enfrenta a 25 años de prisión.

Al joven se le imputan 90 delitos: un intento de extorsión, que niega formalmente, un intento de sabotaje informático (que también desmiente) y 88 supuestos actos de piratería informática y violación de correspondencia, que reconoce parcialmente, sin que a día de hoy haya especificado cuáles.

En el memorando de defensa dirigido al tribunal, su abogado portugués, Francisco Teixeira Da Mota, reconoce que Rui Pinto pirateó las bandejas de correo mediante la técnica del phishing, que consiste en enviar correos electrónicos engañosos a un objetivo para inducirlo a dar sus códigos de acceso. Rui Pinto “lamenta haber cometido actos ilegales para obtener información” y, en ese momento, “no había pensado lo suficiente en las consecuencias de sus actos”, escribió su abogado.

Como declaró en una entrevista concedida al consorcio EIC a finales de agosto, Rui Pinto quiere “ser absuelto”. Porque se ve a sí mismo como un informante cuya única motivación era denunciar las bajezas del negocio del fútbol, que en ese momento eran en gran parte ignoradas y muy poco perseguidas por los tribunales europeos.

“Es hora, por fin, de limpiar el fútbol. Los aficionados deben entender que cada vez que compran una entrada, una camiseta o una suscripción a un canal de televisión, están alimentando un sistema muy corrupto que sólo actúa por sí mismo”, declaraba en 2016, cuando se publicó la primera entrega de Football Leaks.

Pero la batalla de Rui Pinto está lejos de estar ganada. Como escribió un eminente profesor de derecho portugués el pasado mes de marzo en una revista especializada, el país se está quedando atrás en lo que respecta a la protección de los denunciantes de irregularidades, con una “legislación poco desarrollada y fragmentada”, aplicada por las autoridades de “manera débil y limitada”.

Sobre todo, la directiva europea de 2019, que mejoró los derechos de los denunciantes, sólo afecta a los empleados o subcontratistas de empresas o administraciones. No hay nada que proteja a los llamados denunciantes “externos”, que no trabajan para las organizaciones que denuncian.

De ahí la importancia crucial del juicio a Rui Pinto en defensa del derecho a saber y la libertad de expresión; es la primera vez que se juzgará a un informante externo por revelar hechos de interés público a través de información obtenida ilegalmente. Por consiguiente, el caso podría sentar un precedente y llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que aún no ha abordado la cuestión.

La Justicia portuguesa ha demostrado ser particularmente esquizofrénica. Rastreó a Rui Pinto hasta Hungría, donde fue detenido en enero de 2019 y extraditado. Los fiscales lo mantuvieron en detención preventiva durante más de un año y le imputaron nada menos que 147 delitos, finalmente reducidos a 90 por el tribunal.

Rui Pinto ha denunciado repetidamente la proximidad de las autoridades portuguesas con el mundo del fútbol (dos de los magistrados que debían juzgarlo han sido apartados del caso por conflicto de intereses) y la parcialidad del Poder Judicial, al que acusa de haber hinchado artificialmente las acusaciones para hundirlo. “La investigación fue completamente sesgada y contiene importante errores de forma”, decía en diciembre pasado. “El acceso a los servidores informáticos del bufete de abogados PLMJ, por ejemplo, debe considerarse un delito único. En cambio, contaron cada dirección de correo electrónico por separado, para un total de más de 70 delitos”.

El informante también denunció la falta de entusiasmo de su país para investigar la corrupción en el fútbol. Pinto se había ofrecido a cooperar con la Justicia desencriptando los ocho discos duros codificados incautados en su casa de Hungría, siempre que los nuevos datos no se utilizaran para incriminarle más delitos. Pero los fiscales se negaron.

Los vientos finalmente cambiaron en enero de 2020, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó los Luanda Leaks, una investigación sobre el sistema empleado por Isabel dos Santos, la angoleña más rica de África, hija del expresidente José Eduardo dos Santos que niega los hechos. Una vez más, los documentos procedían de... Rui Pinto, quien ha asumido públicamente la paternidad. “Es descorazonador que Portugal [antigua potencia colonial] se haya convertido en el centro de lavado de la élite angoleña”, nos dijo.

"Mi vida está en peligro"

Después de haber sido calificado de hacker, pirata o espía cuando reveló el lado oscuro del fútbol, Rui Pinto ha sido presentado, gracias a estas revelaciones, como un valioso denunciante en varios medios de comunicación portugueses.

Con la apertura de una investigación sobre Isabel dos Santos en Portugal, los fiscales aceptaron finalmente la oferta de cooperación de Pinto en mayo, que descifró y entregó a la Justicia 17,5 terabytes de datos, la mayoría de ellos inéditos. Por esta razón, quedó en libertad. El 7 de agosto, la Justicia portuguesa incluso lo incluyó en su programa de protección de testigos y movilizó a dos agentes de policía para que lo vigilaran. “Mi vida está en peligro”, dijo.

En cuatro años, el denunciante ha hecho muchos enemigos, algunos de ellos extremadamente poderosos. Además de los líderes empresariales del fútbol, los estados de Abu Dhabi, Catar y Mónaco, y la multimillonaria Isabel dos Santos, también está detrás de los documentos de los Malta Files, que, entre otras cosas, revelaron la corrupción del presidente turco Recep Tayip Erdogan.

En los datos inéditos que aún no había facilitado a la prensa y que ahora están a disposición de la Justicia portuguesa, también hay una gran cantidad de información sobre las Islas Caimán, uno de los peores paraísos fiscales del mundo. “Mis datos tienen el mismo potencial que los de los Papeles de Panamá”, nos dijo Pinto después de su arresto a finales de enero de 2019.

“El tribunal tendrá ante sí a uno de los mayores denunciantes de comienzos de este siglo”, indica a Mediapart su abogado francés, William Bourdon. “Es bastante extraordinario constatar que Portugal, después de haberlo criminalizado y de haber rechazado la mano tendida, por un lado continúa su criminalización, y por otro lado lo trate y proteja como un testigo de primer orden. Es esta paradoja la que el tribunal tendrá que dirimir, en nuestra opinión, mediante la absolución”.

Apoyado por la fundación The Signals, especializada en la defensa de los denunciantes, Rui Pinto convenció a varias personalidades para que acudieran a testificar en su juicio sobre la importancia de sus revelaciones.

Un responsable de la Policía portuguesa testificará sobre la importancia de su cooperación. También subirán al estrado o estarán presentes por videoconferencia los conocidos denunciantes Edward Snowden (espionaje informático de los servicios secretos de EE.UU.) y Antoine Deltour (detrás de los Lux Leaks sobre evasión fiscal en Luxemburgo), el director de la ONG Tax Justice Network, la exjueza anticorrupción y eurodiputada francés Eva Joly, el periodista Gerard Ryle (director del consorcio ICIJ) y el director de Mediapart, Edwy Plenel.

Pinto también alegará que siempre ha querido cooperar con las autoridades judiciales. Antes de su arresto, había trabajado con la Fiscalía nacional francesa, que abrió un procedimiento de cooperación europea dirigida por Eurojust. También ha recibido solicitudes de cooperación con los tribunales belgas, suizos y estadounidenses, que no siempre ha podido atender debido a su detención preventiva. Por último, antes de su detención, había enviado varias denuncias anónimas pero sólidas, a la Justicia portuguesa, que no hizo nada al respecto.

El joven también tendrá que responder a los cargos que se le imputan. La más grave de estas acusaciones, que dio lugar a la apertura de la investigación, es el intento de extorsión de los fondos denunciados por el grupo Doyen, un fondo de inversión especializado en el comercio de acciones de futbolistas.

Se investiga si Pinto pirateó los sistemas informáticos de la empresa en 2015. En un correo electrónico, pidió a Nelio Lucas, el dirigente de Doyen, “entre 500.000 y 1 millón de euros” a cambio de no publicar los documentos. También se puso en contacto con un abogado que luego se reunió con Lucas y su asesor jurídico en una estación de servicio en Lisboa para discutir el acuerdo, que también incluía su contratación por parte de Doyen como especialista en informática.

Rui Pinto dijo que quería probar hasta dónde estaban dispuestos a llegar Lucas (que ha dejado la empresa) y Doyen Sports para evitar la publicación de documentos comprometedores. “Lamento el primer contacto que tuve en 2015 con Doyen. En ese momento era inocente y fue claramente un error haberlos contactado”, asegura.

Hace unos días, el diario portugués Público incluyó un artículo citando un nuevo correo electrónico que podría debilitar esta versión. En el artículo puede leerse que en el mensaje, Rui Pinto sugirió a su antiguo abogado que el dinero reclamado a Doyen Sports se pagara a través de paraísos fiscales como Malta o Chipre.

Rui Pinto sostiene que tomó la iniciativa de detener las negociaciones antes de que se efectuara ningún pago, lo que se confirma por los correos electrónicos incluidos en la causa. Por lo tanto, afirma que no ha cometido ningún delito. Por su parte, Doyen siguió insistiendo en comprar los documentos, a lo que Pinto se negó. “Guarda tu dinero, lo necesitarás”, respondió, refiriéndose a futuros procedimientos legales que podrían tener como objetivo al grupo.

El futuro le dio la razón. Los documentos de Football Leaks nos permitieron en 2016 demostrar el alcance de las intrigas de Doyen Sports, entre comisiones ocultas, montajes fiscales y conexiones mafiosas, prostitución y asuntos turbios con Donald Trump.

Gracias a Rui Pinto, Doyen está siendo investigada desde el año pasado por fraude fiscal y blanqueo de dinero en España y también en Portugal, donde las autoridades han congelado 8 millones de euros en una cuenta de Doyen Sports, intrigados por una transferencia prevista de varios millones al paraíso fiscal de Santa Lucía. “Es repugnante que el demandante Doyen Sports afirme estar dando lecciones de moral y ética al acusado, dados los importantes cargos [que pesan sobre el grupo]”, escribió el abogado portugués de Rui Pinto.

Los cargos de piratería informática se mantienen. Aunque admite haber cometido actos “ilegales”, Pinto dice que muchos documentos también le fueron enviados por “fuentes anónimas” y que, por lo tanto, no es responsable de ellos. Sus abogados también plantearán una serie de cuestiones técnicas y de procedimiento, como el número de delitos y la validez de la orden europea de detención que condujo a su detención.

Pero es la cuestión de si se reconoce o no el estatus de informante de Rui Pinto lo que estará en el centro del juicio. En la conclusión de su alegato de defensa, su abogado portugués sostiene que, habida cuenta del “interés público” de la información revelada por Rui Pinto, del hecho de que “nunca recibió dinero a cambio de sus revelaciones” y de su “cooperación” con las autoridades judiciales, se dan las condiciones legales para que Rui Pinto sea absuelto o exento de pena.

“Mi vida corre peligro”

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Traducción: Mariola Moreno

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