El control sobre los precios, una herramienta olvidada frente a una inflación galopante en la UE
La inflación acaba de alcanzar el 5% en la eurozona en diciembre de 2021, la segunda tasa más alta de la historia de la Unión monetaria después de la de noviembre: en Francia, los precios subieron un 2,8% interanual. En Kazajstán, la revuelta que ha incendiado el país tiene su origen en el aumento de los precios de la energía, liberalizados por el gobierno. Más que nunca, la cuestión de la inflación estará en el centro del debate económico en 2022.
La aparición de una subida persistente y generalizada de los precios, un fenómeno prácticamente desconocido desde hace cuatro décadas, nos obliga a reflexionar de nuevo sobre la cuestión de los precios, uno de los temas más espinosos de la economía. ¿Cómo hacer frente a esta oleada inflacionista? ¿Qué políticas deberían aplicarse para contrarrestar el efecto sobre el "poder adquisitivo"?
Hasta ahora, el debate se ha reducido a menudo a un diálogo entre los que ven la aparición de la inflación como un fenómeno "transitorio" y los que la ven como un verdadero cambio de régimen. Los primeros citan los efectos de las perturbaciones asociadas a la crisis sanitaria y consideran que el contexto económico general sigue siendo desinflacionista. Para hacer frente a esta fiebre, se consideran suficientes las medidas puntuales limitadas, como la bonificación de 100 euros introducida por el Gobierno francés.
Pero, en general, la idea que prevalece es no hacer nada, porque cualquier medida contra la inflación corre el riesgo de lastrar el crecimiento y desestabilizar los mercados financieros. El problema es que mientras tanto, durante esta transición, los hogares, sobre todo los más frágiles, tienen que absorber la subida de precios. Y esto también puede tener efectos negativos en el crecimiento.
Por otro lado, los que ven la inflación como un fenómeno más sostenible apuntan a la rigidez de los mercados laborales y al final del periodo de auge de la globalización, durante el cual los precios se vieron arrastrados a la baja, pero también a los efectos de las políticas fiscales y monetarias. Para ellos, la solución es obvia: hay que "romper" la demanda subiendo los tipos de interés e introduciendo la austeridad fiscal. Así es como volverá la estabilidad fiscal.
Y a medida que pasa el tiempo y persiste la inflación, la credibilidad del primer bando tiende a disminuir, haciendo más probable un futuro freno a la demanda, es decir, un nuevo ciclo de represión social.
Este escenario es tanto más posible cuanto que la deuda pública es elevada en todas partes, a raíz de la crisis sanitaria, y el argumento inflacionista puede utilizarse para llevar a cabo una política destinada a hacer esta deuda "sostenible". El riesgo es, pues, que, como en los años 70, la fiebre inflacionista sirva poco a poco de justificación para una reactivación de los proyectos de deconstrucción del Estado social y de las protecciones de los trabajadores.
Y ya parece que el proceso está en marcha. El senador estadounidense Joe Manchin ha bloqueado el plan de seguridad social Build Back Better alegando que tendría un efecto sobre la inflación, mientras que los bancos centrales parecen estar avanzando gradualmente hacia un endurecimiento de sus políticas.
Una salida al debate actual
Para evitar esta sombría perspectiva, Isabella Weber, economista de la Universidad de Massachusetts-Amherst y autora de un aclamado libro (reseñado aquí) sobre la política de precios en la transición china, ha lanzado la idea de los controles de precios. En un artículo publicado por The Guardian el 27 de diciembre de 2021, considera que esta herramienta, hasta ahora descuidada, podría ser muy útil para la realidad actual.
Según Isabella Weber, la situación de ahora recuerda a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los cuellos de botella y el mantenimiento del poder adquisitivo hicieron subir los precios y los beneficios de las empresas (posición defendida aquí en relación con la Primera Guerra Mundial). De hecho, esto es precisamente lo que está ocurriendo ahora: la escasez de ciertos recursos no impide que las empresas obtengan beneficios históricamente altos.
"Entonces, como ahora, las grandes empresas con un importante poder de mercado han aprovechado los problemas de suministro como una oportunidad para subir los precios y obtener beneficios inesperados", señala. Y, al igual que entonces, estas grandes empresas fueron apoyadas en gran medida por el Estado durante la crisis sanitaria, lo que les permitió mantener su poder de mercado.
En el segundo capítulo de su libro, How China Escaped Shock Therapy (Routledge, 2020), Isabella Weber ofrece una historia completa del debate sobre el control de los precios tras la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, a pesar de cierta resistencia inicial, el presidente Roosevelt recurrió finalmente a amplios controles administrativos de precios. Pero al final de la guerra, su sucesor, Harry Truman, se enfrentó a un dilema.
Tras la Primera Guerra Mundial, las economías avanzadas habían experimentado una violenta crisis de reconversión, agravada por la epidemia de gripe española de 1918-1919. En Alemania, y en menor medida en Francia, se permitió que la inflación se acelerara hasta provocar graves crisis: la hiperinflación de 1923 en Alemania y la crisis cambiaria de 1924 en Francia. En Estados Unidos y el Reino Unido, en cambio, la decisión fue frenar los precios mediante un repentino endurecimiento monetario y una brutal austeridad. Esto condujo a una grave recesión en 1920.
Por lo tanto, ambas opciones parecían ser perjudiciales. De ahí la idea desarrollada por el hombre fuerte de la Oficina de Administración de Precios (OPA), la agencia rooseveltiana de control de precios, el economista canadiense John Kenneth Galbraith, de una transición suave manteniendo "controles estratégicos de precios". Galbraith no fue el único. 54 economistas publicaron un artículo de opinión en el New York Times el 9 de abril de 1946 a favor del control de precios.
Entre los firmantes se encontraban algunos keynesianos de izquierda, como Abba Lerner, el marxista Paul Sweezy (muy influenciado por Keynes), pero también el futuro padre de la síntesis entre keynesianos y neoclásicos, Paul Samuelson, así como economistas poco favorables al socialismo, como Simon Kuznets e Irving Fisher. Por tanto, el consenso fue muy amplio y contó con el apoyo de la opinión pública. Los economistas insisten en la necesidad de controlar los precios hasta que se resuelvan los cuellos de botella.
Sin embargo, en otra analogía con nuestra época, el Congreso estadounidense impidió la introducción de una nueva ley de control de precios, a pesar de la intención declarada por Truman. Así, en julio de 1946, los precios se liberalizaron repentinamente, lo que hizo que la inflación superara el 10%, llegando al 14,5% en 1947. Mientras que los márgenes de las empresas aumentaron un 21%, los salarios reales perdieron un 8% de su valor en 1947. En el año 1946 se produjo un nivel de huelgas tres veces superior al del turbulento periodo de los primeros años del New Deal. Y a finales de 1948, el país entró en una recesión que duró casi un año.
Isabella Weber contrasta esta situación con la del Reino Unido, donde la administración laborista de Clement Attlee optó por mantener el racionamiento y el control de los precios. La liberalización de los precios fue gradual, teniendo en cuenta el estado de las carencias y de los mercados hasta finales de los años sesenta. La inflación era más moderada, la desigualdad más controlada y el clima social más pacífico que en Estados Unidos. Según el autor, "el caso del Reino Unido ilustra que una política de transición más gradual conduce a mejores resultados en términos de precios y estabilidad social".
Un instrumento factible y adecuado
Las similitudes entre ambos periodos nos llevarían a examinar, hoy, la cuestión del control estratégico de los precios. En lugar de subir bruscamente los tipos de interés, reducir o abandonar las políticas sociales, o tratar de frenar la inflación con retazos como la "prima de inflación" del gobierno francés, que deja subir los precios de facto, los Estados podrían limitar los precios de la energía y de los bienes escasos, o incluso recurrir al racionamiento si fuera necesario.
Estas medidas sólo se levantarán cuando se hayan relajado las tensiones. Como resume Isabella Weber al final de su documento: "Necesitamos una visión sistemática de los controles de precios estratégicos como instrumento para una respuesta política global a los retos macroeconómicos, en lugar de una supuesta falta de alternativa entre "esperar y ver" y la austeridad.
Dos hechos parecen argumentar a favor de esta opción. En primer lugar, los desequilibrios actuales siguen siendo limitados. El aumento de la demanda tras la pandemia no se parece en nada al de la posguerra. Sigue siendo moderado si se compara con el nivel de 2019 y aún más con su tendencia de 2019. En otras palabras: no hay un exceso de demanda estructural que obligue a "romper" la demanda.
Por tanto, la inflación se explica principalmente por la alteración de las cadenas de suministro basadas en la globalización y el "justo a tiempo", y por la capacidad de las empresas de trasladar los precios a los consumidores en tiempo real. Los controles de precios son una respuesta directa a estas dificultades: rompen el efecto desbocado de los precios financiarizados y ahorran tiempo.
Recurrir a los beneficios
Esto es lo que John Kenneth Galbraith quería decir con el término "estratégico": se trata sobre todo de ganar tiempo para resolver los problemas que causan la inflación. En lugar de perseguir las subidas de precios, las controlamos para ajustar los desequilibrios existentes. En este caso, se evita romper el débil dinamismo económico e impedir cualquier inversión pública, al tiempo que se aborda la cuestión inflacionaria que pesa sobre los bolsillos de los más frágiles.
El segundo argumento es, obviamente, el nivel de beneficios. Alimentadas con dinero público de "lo que haga falta" y, en el caso de Francia, con diversas medidas fiscales favorables al capital, las empresas registran beneficios récord.
Frente a la inflación, hay en última instancia dos opciones. La primera, por la que se ha optado de momento, es dejar que las empresas ajusten los precios en función de sus necesidades de acumulación. El aumento de los precios es, por tanto, una transferencia de dinero de los hogares a los beneficios de las empresas. Una vez que los salarios reales se erosionen y se agoten los ahorros derivados de la crisis sanitaria, la demanda se desplomará, provocando una recesión. Esto es lo que ocurrió en 1948 en los Estados Unidos. Por lo tanto, los hogares se ajustan dos veces: por la pérdida de poder adquisitivo y por el empleo durante la crisis. Como, además, las ayudas a las empresas se han convertido en inevitables en caso de crisis, puede decirse que esta política consiste en dar plena prioridad al capital.
Al igual que tras la última guerra, este es un buen momento para imponer un límite administrativo de precios.
La alternativa, los controles de precios, organizan una transferencia inversa. El aumento de los precios es asumido, parcial o totalmente, por los beneficios de las empresas. Por supuesto, en un régimen capitalista, esto puede acarrear dificultades, pero el nivel de las ayudas pagadas durante la crisis sanitaria (y todavía hoy) y la alta rentabilidad de las empresas apoyada por las reformas neoliberales y la bajada de impuestos dejan a las empresas un margen de maniobra considerable en caso de control de precios. En otras palabras, al igual que tras la última guerra, este es un momento bastante favorable para imponer un límite administrativo de precios.
Por supuesto, este tipo de control implica dificultades técnicas. Pero aquí también hay que recordar que los controles de precios se llevaron a cabo, y resultaron eficaces, en condiciones técnicas e históricas mucho más complejas que las actuales. La llamada ley de máximos del 11 de septiembre de 1793 fijó un precio máximo para el trigo, y luego para 39 bienes de consumo, lo que ciertamente generó un mercado negro, pero también permitió asegurar el abastecimiento de las grandes ciudades en un momento en que Francia estaba tanto en guerra civil como en el exterior.
Esta ley también permitió frenar la subida de precios, que se reanudó una vez derogado el máximo por los termidorianos el 24 de diciembre de 1794. Además, de acuerdo con la idea defendida por Isabella Weber, este levantamiento del control de los precios provocó inmediatamente hambrunas y desórdenes sociales, de los que la insurrección del 12 del Año Germinal III (1 de abril de 1795), durante la cual la Convención fue invadida por una muchedumbre al grito de "pan y Constitución de 1793", es sólo la parte más visible.
En resumen, la idea del control estratégico de los precios se aplica a la situación actual. Nos permite responder al reto del alto coste de vida de los productos esenciales, que afecta a los más vulnerables, y es técnicamente posible. ¿Cómo explicar entonces que los gobiernos se nieguen a mencionar esa opción y busquen en vano soluciones a la situación social manteniendo la "libertad de precios"?
Los argumentos de la ortodoxia
Parte de la respuesta se encuentra en las fuertes reacciones de los economistas ortodoxos al texto de Isabella Weber. El más notable fue el de Paul Krugman, un economista considerado "progresista" por su oposición a la austeridad, pero que en realidad es un keynesiano neoliberal muy apegado a los principales principios de la ortodoxia.
Para él, si bien el gasto público puede tener un punto, los controles de precios y el proteccionismo son inaceptables. Su respuesta en Twitter fue tan violenta, con evidente sexismo, que él mismo la borró. Había afirmado que los controles de precios eran "verdaderamente estúpidos", una forma de argumento de autoridad que refleja los reflejos de esta categoría de "expertos".
En esencia, el argumento de estos economistas ortodoxos se basa en la certeza de los fundamentos de la economía clásica: impedir el ajuste de los precios mediante la intervención del gobierno conduce a la escasez y a los mercados negros. En un post crítico con Isabella Weber (traducido al francés aquí), el economista Noah Smith lo explica con la ayuda de elegantes gráficos cuyo fundamento sigue siendo muy discutible. En general, la fijación de un punto de equilibrio de precios "artificial" no satisfaría ni la demanda ni la oferta. Esto llevaría a ajustes en el margen, ya sea a través de mercados paralelos en los que los precios explotan o a través de una recesión.
Según la opinión ortodoxa, impedir la formación natural de los precios es un intento de impedir la rotación de la tierra. Pero, como hemos visto, esta certeza es histórica. En 1946, el consenso era otro. Esto refleja el hecho de que, a pesar de los trastornos de la pandemia, el consenso económico sigue siendo esencialmente neoliberal, incluso entre los keynesianos ortodoxos.
Según la visión ortodoxa, impedir la formación natural de los precios es un intento de impedir la rotación de la tierra.
Pero en realidad, estas posiciones teóricas no tienen en cuenta las condiciones reales de producción. Esto es precisamente lo que el consenso de los economistas entendió en 1946: el ajuste del mercado no es siempre la mejor solución. De hecho, puede provocar desequilibrios aún más graves.
Esta es la esencia de la tesis defendida por Isabella Weber en su libro sobre China: al optar por no levantar bruscamente los controles de precios en los años ochenta, la República Popular evitó el trágico destino de Rusia en los años noventa, durante los cuales los buenos economistas que ahora vuelven a dar lecciones defendieron todos el big bang de los precios. El resultado es claro: las trayectorias de Rusia y China en los últimos 40 años muestran los efectos nocivos de la liberalización de los precios y la realidad de los beneficios de la teoría neoclásica.
Por supuesto, los argumentos del otro lado son bien conocidos (y repetidos, especialmente por Noah Smith): son los casos de Argentina y Venezuela, donde los controles de precios no impidieron la hiperinflación. Por supuesto, los controles de precios no son una solución mágica. En algunos contextos, especialmente el de una crisis monetaria en una economía "dolarizada" que depende en gran medida de ciertos recursos, no es una defensa eficaz. Pero atribuir la situación venezolana sólo a los controles de precios no tiene sentido. En cuanto a Argentina, fue la liberalización de los años 90 la que condujo a la crisis de 2001, y no al revés. En general, la situación de las economías avanzadas en 1945 o en la actualidad se parece poco a la de estos dos países.
Superar el problema de la inflación
Es curioso observar que, para estos economistas, la congelación de los precios sería más aterradora socialmente que la austeridad y la subida de los tipos de interés. Pero el núcleo del debate está en otra parte: es político. Lo que los ortodoxos defienden aquí es un orden social, el del capital, que consideran "natural".
En el momento de la abolición del máximo, el termidoriano Boissy d'Anglas resumió esta política como un "sistema de ataque contra la propiedad". Lo que estaba en juego era el orden social. Detrás de sus construcciones teóricas, los economistas ortodoxos son los herederos de este pensamiento. Su prioridad es bloquear la presión al alza de los salarios que está surgiendo en Estados Unidos estos días.
Sin embargo, como señala el economista marxista Michael Roberts en un texto crítico, los controles estratégicos de precios no pueden considerarse una solución rápida. De forma aislada, puede resolver un problema temporal o ganar algo de tiempo. Realmente depende del contexto general. En la economía capitalista de la posguerra, el control general de la economía capitalista por parte del Estado probablemente hizo que los controles de precios fueran eficaces en un contexto de grandes ganancias de productividad y tendencia al crecimiento.
El contexto actual es diferente. La debilidad estructural del aumento de la productividad y la financiarización de la economía presionan a las empresas que, en respuesta a los controles de precios, podrían reducir su estructura de costes, y por tanto el empleo, y concentrarse en las actividades más rentables. En otras palabras: el riesgo es que, lejos de ser un instrumento para "suavizar" el crecimiento como pretende Isabella Weber, podría dar lugar a una violenta reacción de la ley de la acumulación.
En este caso, queda claro que los controles de precios por sí solos ya no son suficientes. Deben ir necesariamente acompañados de medidas que respondan a esta lógica del valor: desmercantilización de ciertas actividades acompañada de una garantía de empleo y de controles de capital, por ejemplo. La política de control de precios se convierte entonces no en un fin sino en un instrumento de transformación. El tiempo que se gane con esta medida no debe ser el enésimo medio para salvaguardar al capitalismo de sí mismo, sino una oportunidad para cambiar profundamente el modo de producción.
Esto no lo convierte en un instrumento superfluo, aunque la crisis ecológica hace indispensable esta transformación, pero no puede ser una respuesta global y suficiente. Esto es, efectivamente, lo que señaló Galbraith. En otras palabras, para ser un arma eficaz, los controles de precios no sólo deben dirigirse a los precios. Debe asumir ser lo que sus oponentes afirman que es: un sistema de ataque a la propiedad. Y en este contexto, los controles de precios no sólo deben apaciguar el descontento social, sino que deben permitir traducirlo políticamente.
Texto en francés:
