Las dudas que el Gobierno francés no resuelve sobre la reforma del sistema de pensiones

El anteproyecto legislativo francés de reforma de las pensiones, presentado este viernes 24 de enero al Consejo de Ministros, marcará una ruptura en más de un sentido. En primer lugar, por la magnitud de su objetivo: casi 30 millones de personas en activo y desempleadas cotizan para la jubilación y 16 millones de pensionistas reciben una pensión. En segundo lugar, por la profundidad de la transformación prevista, ya que, si tiene éxito, el sistema francés de pensiones se convertirá en un régimen “universal” por puntos, que se prevé que reagrupe a todos los regímenes generales y complementarios existentes.

El sistema también sufrirá una inversión de su propia filosofía. A día de hoy, garantiza una pensión correspondiente a una parte del último salario percibido, en función de un período de cotización (el llamado sistema de beneficio definido). En un futuro sólo ofrecerá una certeza, la del importe de las cotizaciones deducidas del salario, sin poder garantizar un nivel de pensión preciso (sistema de cotización definida). Esto es suficiente para desencadenar un movimiento de protesta de una duración sin precedentes, que entra en su séptima semana.

Pero esta reforma también permanecerá –¿sobre todo?– en la memoria debido al gran número de cuestiones no resueltas que siguen surgiendo, dos años después del inicio de las consultas con los sindicatos y los empresarios. Habitualmente, el procedimiento legislativo requiere que el Gobierno presente una copia casi cerrada, avalada por el Consejo de Estado, al Parlamento, que puede entonces enriquecerla o enmendarla durante su análisis en la Asamblea Nacional y el Senado. Sin embargo, estamos muy lejos de este proyecto, dado que los debates en la Asamblea comienzan el 3 de febrero y el Gobierno espera completar todo el procedimiento legislativo este verano.

Las lagunas que siguen existiendo a la hora de comprender la reforma son enormes. ¿Cuánto costará la reforma? ¿Cómo se financiará? ¿Quiénes serán los verdaderos perdedores y quiénes los ganadores? ¿Cómo se mejorarán las carreras de los funcionarios para que el nivel de sus pensiones no caiga en picado? ¿Cuánto tiempo durarán las transiciones? ¿Cómo se tendrán en cuenta las dificultades? ¿Por qué las empresas iban a emplear a más personas mayores que en la actualidad? ¿Por qué los salarios más altos ya no podrán aportar una gran parte de sus ingresos a la jubilación?

Durante meses, los sindicatos que negocian con el Gobierno se vienen quejando de que no reciben ninguna respuesta concreta a sus preguntas. “¿Quién pagará, qué, cuánto? ¿Quién lo va a conseguir? ¿Qué y cómo? ¿Y qué categorías están involucradas?", se preguntaba a principios de enero François Hommeril, dirigente de CFE-CGC, el sindicato de los altos cargos. Seguimos en el mismo punto. Las zonas grises siguen siendo innumerables, y la vaguedad es casi tan fuerte como en octubre de 2018, cuando se presentaron los primeros borradores de sus reflexiones, o en julio de 2019, cuando dio a conocer sus recomendaciones.

Y no es el estudio de impacto que acompaña al proyecto de ley lo que acabará con las preguntas y preocupaciones. Según los medios de comunicación, que han tenido acceso a diferentes versiones finalizadas durante la semana (Les Echos y Le Monde, en particular), este texto no hace más que dar una imagen general y muy vaga de las consecuencias de la reforma, enumerando, por ejemplo, casos típicos que han salido ganado casi unánimemente gracias a la reforma, gracias a parámetros hábilmente elegidos.

Por último, ¿cuáles son los elementos de esta reforma que realmente conocemos? Sabemos que no entrará en vigor hasta al menos el 2037, año a partir del cual los primeros trabajadores afectados, nacidos en 1975, podrán empezar a jubilarse a los 62 años (si no se ha retrasado la edad legal). También se sabe que los últimos trabajadores cubiertos por los regímenes especiales de la RATP o de la SNCF [ferroviarios] que podrán beneficiarse de las condiciones de jubilación ventajosas serán los nacidos hasta 1984. Por lo tanto, si los regímenes especiales se suprimen efectivamente, esto no debería materializarse antes de... 2047.

Otras certezas: la reforma implicará trabajar más tiempo para esperar obtener un nivel de pensiones comparable al de los trabajadores que se jubilan actualmente; por último, la partida del gasto público destinado a las pensiones ya no aumentará. Y poco importa si de aquí 2050, el número de personas mayores de 60 años aumenta en un 40%. Según Les Echos, el estudio de impacto del texto indica de hecho que la partida del gasto en pensiones, que hoy en día se sitúa en el 13,8% del PIB, se reduciría al 13,3% del PIB en 2040 (frente al 13,5% sin la reforma), y luego al 12,9% en 2050 (frente al 13% sin la reforma).

Hasta aquí los aspectos seguros y conocidos, que no son muy tranquilizadores. Por lo demás, el Gobierno parece esperar un acto de fe por parte de los franceses: dadnos vuestra confianza, viene a decir en esencia, que las respuestas precisas irán llegando. Durante el debate parlamentario, ciertamente, pero también mucho después, porque muchos puntos serán resueltos vía decreto meses, incluso años después de que la ley sea aprobada. Emmanuel Macron y sus ministros nos piden que saltemos al vacío y confiemos en ellos para asegurar un aterrizaje, un aterrizaje suave necesariamente.

¿Incompetencia o estrategia?

Hay dos maneras de interpretar la situación que pueden darse juntas. O bien el Ejecutivo carece de competencia al embarcarse en la aplicación de la promesa de campaña de un Emmanuel Macron que no era consciente de que el principio de “régimen universal” ocultaba una miríada de decisiones técnicas y políticas que debían tomarse. Esta es una de las hipótesis de un alto funcionario que sigue de cerca la cuestión, que nos dijo unos días antes del inicio del movimiento de protesta el 5 de diciembre que “políticamente, el alcance del trabajo de reforma que se va a llevar a cabo se ha descuidado, sin lugar a dudas”.

Una interpretación creíble por el relato ampliamente difundido de cómo se decidieron importantes asuntos en el último minuto en el Palacio del Elíseo, en la noche del 10 al 11 de diciembre, antes de que el primer ministro, Édouard Philippe, pronunciara su discurso de presentación del proyecto. En las negociaciones se tuvieron más en cuenta los equilibrios políticos que el interés general.

Lo mismo ocurre con la marcha atrás dada, sin duda temporal, en lo que a la edad de jubilación se refiere en determinados colectivos. La decisión tomada con los colectivos de policías, pilotos y auxiliares de vuelo y el inicio de concesiones a los abogados se explican de la misma manera: inseguro de sí mismo frente a las profesiones que estaban en contra de la reforma, el Ejecutivo prefirió ceder, en lugar de ver los aviones en tierra o a los policías renunciar a reprimir las manifestaciones en curso.

La otra hipótesis, que también es creíble es que esta vaguedad sostenida forma parte de una estrategia. Ocultar las opciones políticas que rigen la reforma es una forma de desarmar parcialmente a sus oponentes. Esconder sus consecuencias negativas asegura una cierta serenidad a sus autores. “El Ejecutivo, y es de ley, quiere tener en su mano tantas cartas como sea posible antes de revelar su juego”, en palabras del funcionario mencionado.

Los detalles de la financiación esperarán

Hasta donde sabemos, la cruda realidad de las estimaciones del Gobierno sólo ha sido revelada una vez claramente. En julio, en una entrevista en La Voix du Nord, se señalaba que la reforma sería favorable al “40% de las pensiones más bajas” y que, por lo tanto, el “esfuerzo” sería “gradualmente asumido por el 60% restante”. En otras palabras, este verano el Gobierno ya sabía que la mayoría de los franceses saldría perdiendo y evitó repetirlo.

En septiembre, el Gobierno tampoco quería ponerlo todo sobre la mesa. En ese momento, uno de sus responsables ya había indicado a Mediapart (socio editorial de infoLibre) que no se revelarían simuladores específicos antes del debate parlamentario.

El secretario de Estado, Laurent Pietraszewski, se manifestó en esa línea en el Senado el 8 de enero. “Cuando los parámetros estén completamente determinados y se apruebe la ley, podremos hacer simulaciones que serán completamente coherentes para todos los franceses”, dijo, ante los abucheos de algunos senadores. Después de tal confesión, ¿cómo podemos darle crédito a sus siguientes declaraciones, en las que defiende, sin ningún elemento tangible, “una reforma de justicia social eminentemente social”?

El salto al vacío que el Gobierno pide concierne en primer lugar a la piedra angular de la reforma, su financiación. En su primera lectura en la Asamblea, los diputados no podrán abordar este punto crucial. El Ejecutivo ya ha indicado que los detalles precisos de cómo se va a financiar la reforma sólo pueden ser discutidos después de abril... Desafortunado, a menos que definitivamente nuestra democracia tenga de parlamentaria sólo el nombre.

El debate habría permitido poner de manifiesto ciertas incongruencias. Una de ellas son las cifras del Gobierno, que afirma, en un documento recientemente presentado a los interlocutores sociales, que en 2027 el sistema de pensiones tendrá un déficit de 12.000 millones de euros. El economista Philippe Aghion, declarado partidario de Emmanuel Macron antes de oponerse recientemente a la forma en que se está llevando a cabo la reforma, revelaba en Le Monde que esa cifra se calculó “haciendo la media entre la proyección más optimista del Consejo de Política de Pensiones para 2025 y su proyección más pesimista, sin discutir los hipótesis subyacentes”.

“Simplemente, no es serio. En general, me sorprende la falta de información”, dice el economista, que apoyará a la central sindical CFDT durante la conferencia sobre financiación. Y tendrá que trabajar para evitar que la trampa de la edad clave se cierna sobre los empleados. Si bien el primer ministro ha aceptado retirar temporalmente la medida para todos aquellos que se jubilen antes de que la reforma entre en vigor en 2037, no hay nada que indique que no la impondrá más adelante.

De hecho, el Gobierno nos recuerda constantemente que quiere que el régimen alcance rápidamente el equilibrio financiero, pero también que se negará a bajar los niveles de las pensiones o a aumentar el “coste laboral”. La patronal, que será uno de los negociadores, se opone frontalmente, por su parte, a cualquier aumento de las cotizaciones a la seguridad social. Por lo tanto, hay muy poco margen de maniobra.

E incluso si la edad de jubilación desapareciese para el período anterior al 2037, no hay nada, absolutamente nada que diga que también lo hará cuando la reforma entre en vigor. Todavía se prevé establecerla en los 65 años para la generación nacida en 1980: los que se jubilen antes de esa fecha verán reducida su pensión en un 15, 10 o 5%, si se jubilan a los 62, 63 o 64 años, y recibirán una bonificación del 5% por cada año adicional de trabajo. Además, la edad de jubilación está diseñada para retroceder en el tiempo. El informe Delevoye predijo que sería de alrededor de los 66 años para los trabajadores nacidos en 1990 y el estudio de impacto predice que llegará a los 67 alrededor de 2060.

La edad de jubilación es absurda con un sistema de puntos puesto que, una vez transformado el sistema, los franceses acumularán puntos de jubilación a lo largo de sus carreras. Este capital acumulado se convertirá en una pensión de jubilación gracias a un coeficiente de conversión. Un coeficiente que el Ejecutivo ha previsto variar para cada francés, en función de su edad de jubilación, pero también de la esperanza de vida de su generación. Este sistema en sí mismo permite controlar el importe de las pensiones pagadas, generación tras generación, y llevar a los franceses a retrasar la edad en la que empezarán a recibir su pensión.

La confianza ha desaparecido, así como las partes negociadoras.

Para compensar, al menos en parte, estas desigualdades manifiestas, el Gobierno promete avanzar en la lucha contra el trabajo que entraña mayores dificultades. Pero las cosas no van bien por el momento. Se avecinan intensos debates sector por sector, pero es probable que no tengan éxito antes de que se apruebe la ley, que por lo tanto impondrá un nuevo cheque en blanco.

El Ejecutivo quiere acabar con todos los mecanismos de jubilación antes de la edad legal por razón de la dificultad del trabajo, y al mismo tiempo quiere generalizar el sistema de “puntos de dificultad”, acumulados en una cuenta (el C2P), que permite jubilarse antes. Para la función pública, esto es un gran golpe. Al menos 250.000 funcionarios perderán la “categoría activa” que les permite jubilarse 5 o 10 años antes que los demás, sin ninguna nueva medida. En un ejemplo muy llamativo, los trabajadores del sistema de alcantarillado pueden jubilarse 10 años más tarde de lo que lo hacen hoy en día.

También hay que recordar que el Gobierno ya ha reducido los aspectos que llevan a valorar el grado de dificultad de un trabajo. En el momento de su creación se habían mantenido diez criterios y cuatro fueron suprimidos vía decreto en 2017 (manipulación de cargas, posturas difíciles, vibraciones mecánicas, agentes químicos peligrosos). Se mantiene la realización de trabajo nocturno, trabajo en turnos sucesivos, el trabajo repetitivo, el trabajo realizado en ambientes hiperbáricos y en temperaturas extremas.

Actualmente, si un empleado está expuesto durante una parte significativa de su carrera a estos seis criterios y se le reconoce como discapacitado por estos motivos, puede abandonar el puesto a la edad de 60 años. El proyecto de ley prevé lo mismo y lo extenderá a todos. Pero a pesar de la petición unánime de los sindicatos, parece imposible por el momento se reintroduzcan los cuatro criterios suprimidos hace dos años. La única concesión es la reducción de los umbrales de trabajo nocturno: de 120 a 110 noches al año y de 50 a 30 noches en turnos alternos. ¿Qué otras medidas se tomarán? Misterio.

Hay otras cuestiones más técnicas, pero para las que el Gobierno asume con la misma calma que no tiene una visión precisa en el momento de la votación final. Por ejemplo, la duración del período de transición necesario para pasar, según la profesión, del sistema actual al nuevo sistema. La transición podría durar “de 10 a 15 años, o incluso más”, dice simplemente el ejecutivo. El ejemplo más llamativo se refiere a los docentes.

El anteproyecto de ley también hace hincapié en que el “establecimiento del sistema de jubilación universal” irá acompañado de una “mejora” de la “remuneración” de los docentes e investigadores, en el marco de leyes de programación que se referirán específicamente a la educación y la investigación nacionales. El objetivo es garantizar “el mismo nivel de jubilación para los profesores e investigadores que para los organismos equivalentes de la misma categoría en la administración pública”. Si es posible antes de finales de junio.

Se prevén aumentos graduales del presupuesto, que se prolongarán hasta el 2037, por un total de 8 a 10 mil millones de euros. Un aumento muy sustancial, pero no se conocen detalles, ni la contrapartida que se pedirá a los profesores. Una cosa es cierta. Para que las negociaciones tengan éxito, los sindicatos y su ministro tendrán que establecer un nivel mínimo de confianza mutua. Por el momento, esta condición necesaria está lejos de cumplirse. Y esto es un problema para los abogados y los cuidadores del hospital también.

Después de haber impuesto sucesivamente la reforma laboral, hospitalaria, judicial y del seguro de desempleo, después de haber demostrado mes tras mes la baja estima que tenía por los sindicatos o los representantes de los sectores a los que se dirigía, el Gobierno ha perdido a muchos de los que deberían ser sus socios en las negociaciones.

“Lo complicado es que hay muchas cosas que tendrán que ser gestionadas por nuestros sucesores, los nuestros o los del actual Gobierno. Por eso necesitamos compromisos escritos extremadamente claros, de varios años de duración”, dice el dirigente de la central sindical CFDT Laurent Berger. Sin embargo, la desconfianza entre las partes no debe reinar y no debe impedir ningún progreso en las discusiones. Incompetencia o estrategia, el sería en cualquier caso responsabilidad del Gobierno.

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Traducción: Mariola Moreno

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