La larga batalla de Túnez contra el terrorismo

Entre 3.000 y 4.000 tunecinos se han ido a Siria y a Irak, 500 de ellos han vuelto y unos 400 han sido arrestados, según las cifras que manejan las autoridades de Túnez que permiten evaluar la amenaza terrorista en Túnez. En Libia, el primer contingente de yihadistas extranjeros también es tunecino, sobre todo en el seno de la franquicia libia del Estado Islámico (EI). Aunque Túnez cuenta con un batallón de combatientes vinculados con Al Qaeda en el Magreb islámico (Okba Ibn Nafa), todavía no tiene una organización vinculada con el EI.

En suelo tunecino, el fenómeno terrorista no se remonta al atentado del pasado miércoles –que ha causado 21 víctimas, el ataque más sangriento en la historia del país– ni siquiera a la revolución tiene su origen en la revolución, como a veces se dice. Pese a la imagen que la dictadura del expresidente Ben Alí trató de trasladar del país, el terrorismo ya era una realidad, llegándose a producir varios ataques durante su mandato.

Meses antes de que Ben Alí tomase posesión de su cargo, en la noche del 2 al 3 de agosto de 1987, se produjeron cuatro explosiones en otros tantos hoteles de Sousse y de Monastir, zonas turísticas de la costa. Era la época del fin del reinado de un Habib Burguiba cansado y que sería depuesto meses más tarde –oficialmente por razones médicas– por Ben Alí (el 7 de noviembre). Sin embargo, los ataques no quedaron ahí. En febrero de 1995, en Tamerza (sur del país), un comando del grupo islámico argelino (GIA), después de franquear la frontera, degolló a siete guardias fronterizos tunecinos del puesto de Sondes. En el año 2000, en Kasserine, el mismo grupo argelino llevó a cabo otro ataque. El 11 de abril de 2002, en la isla de Djerba, un atentado perpetrado con un camión bomba, conducido por un kamikaze, alcanzó la sinagoga de la Ghriba y provocó la muerte de 19 personas. En el invierno 2006-2007, un grupo llamado Ibn Al-Fourat logró llegar hasta la ciudad de Soliman donde libró un combate con las fuerzas del orden.

Desde 2011 y tras la salida de Ben Alí, han surgido dos nuevas organizaciones. Inicialmente, Ansar Al-Sharia organizó y estructuró el movimiento yihadista hasta sumar varios miles de integrantes. Al día siguiente de la revolución, con la recuperación de la libertad de expresión, se podía militar –en un primer momento– “abiertamente”, tal y como relata un militante yihadista, entrevistado en Túnez a finales de 2014: “Hace tres años, pudimos salir a la calle, militar, nuestro mensaje llegaba a las mezquitas, incluso a veces se nos invitaba a ir a la tele. Ahora ya no es así. Se ha recuperado el control de casi todas las mezquitas, apenas nos queda una decena en Túnez”.

Ansar Al-Sharia –a día de hoy una organización durmiente por falta de dirigentes, ya que la mayor parte de ellos se han unido al Estado Islámico en Siria y en Irak o se ha marchado a Libia– está prácticamente desmantelada. Sin embargo, su auge coincidió con la vuelta del terrorismo a Túnez, en 2013. Además del asesinato de los opositores políticos Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi, reivindicados por el Estado Islámico en un vídeo difundido a finales de 2014, el 30 de octubre de 2013 se frustraron dos atentados en Túnez: uno en Sousse, a unos 140 km al sur de Túnez, y el otro en Monastir, a 20 km de Sousse. Ambas, ciudades simbólicas del turismo tunecino. En Sousse, un hombre trató de pasar a un hotel con la bomba que llevaba, que explotó en la playa. El otro atentado se frustró en Monastir, donde se encuentra la tumba de Habib Burguiba, primer presidente del Túnez independiente.

En 2013 se comenzó a hablar de la existencia de otro grupo, Okba Ibn Nafa, supuestamente integrado por varias decenas de combatientes especialmente activos en el monte Chambi (centro este del país, próximo a la ciudad de Kasserine y a la frontera argelina). Durante meses, el ejército trató de neutralizar a dicho grupo terrorista vinculado con Al Qaeda en el Magreb islámico (AQMI). El 29 de julio de 2013, varios soldados fueron hallados decapitados. Sus armas y uniformes, desaparecieron. Ocupaban un puesto avanzado próximo a la frontera, en la región de Kasserine. El ejército llevó a cabo una operación aérea y terrestre de “gran magnitud” para “erradicar” a un grupo armado de “terroristas”, según informó entonces el portavoz de las fuerzas armadas tunecinas, Taoufik Rahmouni. Además de su vinculación a Al Qaeda, Okba Ibn Nafa cuenta supuestamente entre sus filas con rebeldes del norte de Mali.

Pese a todo, el 16 de julio de 2014, dos nuevos ataques terroristas se saldaron con la muerte de 14 soldados, la mayor tragedia sufrida por el ejército desde la independencia de 1956. Dos ataques simultáneos alcanzaron dos puestos de vigilancia del ejército, en las proximidades de Kasserine, en torno a las 19.40, a la hora que concluía el ayuno del Ramadán. El Ministerio aseguró que se trataba de un ataque con “ametralladoras y lanzacohetes” ejecutado por dos grupos distintos. Según las autoridades tunecinas, entre los “terroristas” figuraban argelinos. El asalto fue reivindicado por la brigada Okba Ibn Nafa.

Actualmente, el ejército tunecino, sin apenas recursos y abandonado bajo la presidencia de Ben Alí, no ha conseguido acabar con este grupo que sigue actuando desde el monte Chambi. De hecho, el enorme caos que reina en los servicios de seguridad –un precio que todavía sigue pagando el país– ha favorecido el auge del terrorismo en Túnez.

Reestructuración anárquica

Los servicios tunecinos contra el terrorismo –pilar básico con Ben Alí, que dejó de lado en 2000 la dirección del Ministerio del Interior para crear un servicio de inteligencia al servicio de su dictadura– se organizaban entonces conforme al siguiente modelo:

De 2001 a 2007, la oficina de inteligencia antiterrorista (DPAT, Dirección de Prevención Antiterrorista) dependía de la dirección de la Seguridad del Estado. La DPAT, reformada en 2007, tras los sucesos de Soliman de 2006, aumentó su número de efectivos en 700 personas y fue apartada de la Seguridad del Estado. Pasó a convertirse en una dirección general dependiente del Ministerio del Interior.

Hasta 2007, tras los tiroteos registrados en Soliman, la brigada antiterrorista (BAT) era la única encargada de la intervención. La brigada multidisciplinar (intervención, tratamiento de los explosivos etc.) en la lucha antiterrorista dependía en aquel entonces de la Dirección General de Unidades de Intervención. En 2007, tras la creación de la BNDNE (Brigada Nacional de Detección y de Neutralización de los Explosivos) logró mayor número de efectivos. En esta fecha, la BNIR (Brigada Nacional de Intervención Rápida) pasó a integrar a los comandos de intervención no dependientes de la BAT. Las tres unidades de intervención (BAT, BNDNE, BNIR) alumbraron la Dirección Antiterrorista de las Unidades de Intervención, hasta sumar 1.700 efectivos y encargada de intervenir en todo el territorio en situaciones de crisis.

Desde enero de 2011, la reestructuración anárquica del Ministerio del Interior disminuyó notablemente su eficacia. A partir de 2007 y hasta la revolución, el funcionamiento del sistema antiterrorista tunecino se desarrollaba según un modelo de funcionamiento estricto; la Dirección de Prevención Antiterrorista (DPAT) trataba la información y podía intervenir sobre el terreno y llevar a cabo arrestos o, en función de la naturaleza de la amenaza, alertar a la Dirección General de la Seguridad Nacional que, en su caso, ordenaba a la Dirección Antiterrorista de Unidades de Intervención que pusiera en marcha una operación especial.

Al día siguiente de la revolución, con la reestructuración del Ministerio del Interior se puso fin a la “cadena de mando”, como la denominaban los militares, sobre todo después de que en marzo de 2011 el entonces ministro Farhat Rajhi, acabara con la Dirección de Seguridad del Estado. La destitución ese mismo mes de los principales responsables de la DPAT derivó en la falta de formación y de competencia y amputó la lucha contra el terrorismo en Túnez ya que la privaba de su recurso principal: los servicios de inteligencia, sin ellos todos los medios puestos a disposición de las unidades de intervención carecen de sentido.

A esta desorganización hay que añadir un conjunto de factores que favorecieron el desarrollo del fenómeno salafista yihadista y del terrorismo en Túnez. En primer lugar, se liberaron miles de detenidos, indultados después del 14 de enero de 2011, varios de los cuales permanecían encarcelados por asuntos relacionados con el terrorismo –aunque bajo la presidencia de Ben Alí, se trataba esta de una acusación recurrente–. Tras la primavera de 2011, florecieron los grupos yihadistas como Ansar Al-Sharia, que reagrupa actualmente a varios miles de militantes. A la situación que se vivía en el interior del país se sumaron otros elementos contingentes: la situación caótica de Libia, después en Mali, y por tanto la entrada de armas de guerra en territorio tunecino; más tarde, el regreso de los tunecinos de Siria...

Sin embargo, en el verano de 2013, el segundo asalto político de un opositor (Mohamed Brahimi) provocó una auténtica sensibilización sobre la necesidad de acelerar las reformas. No obstante, habrá que esperar a la primavera de 2014, y con ella al Gobierno de Mehdi Jomaa, para que se vuelva a crear una dirección unificada contra el terrorismo, por expreso deseo de varios responsables del Ministerio del Interior.

A partir de entonces, se han sucedido las detenciones, lo que permitió que las elecciones de 2014 se desarrollaran con normalidad, pese a que en ocasiones se temió por las libertades públicas, tal y como sucedió en Kasserine, donde a finales de octubre de 2014, dos mujeres de 18 y 24 años murieron tiroteadas por una patrulla de Policía. La Policía negó haber cometido un error, aunque el caso despertó las iras del Ministerio alemán de Asuntos Extranjeros ya que entre las víctimas había una ciudadana germana de origen tunecino. A día de hoy, las circunstancias del drama todavía no se han esclarecido.

Hay otro asunto que se ha convertido en recurrente en la vida política tunecina posterior a la revolución. Se trata de la aprobación de una nueva ley antiterrorista en sustitución de la de Ben Alí, que data de 2003: “Cambiar esta ley liberticida era una prioridad tras la revolución”, recuerda Selim Kharrat, analista política tunecino. “Sin embargo, a la hora de votar en la Asamblea, en julio de 2014, no se alcanzó el consenso necesario a la hora de votar. Y a día de hoy, temo de que se someta a votación un texto mal elaborado y poco respetuoso con las libertades públicas”. Mientras la Comisión de legislación general de la Asamblea estudia el texto, varios diputados, entre ellos Sayida Ounissi (Ennahda), tratan de alertar a la opinión pública de los defectos de un texto “demasiado rígido sobre todo los artículos relativos a la vigilancia, el secreto profesional, los derechos del hombre o la detención”, señala a Mediapart.

Varios sindicatos del Ministerio del Interior reclaman que se apruebe un un texto ad hoc que criminalizaría que se “atente contra las fuerzas de seguridad”. Al no haber sometido a votación una ley antiterrorista, en el marco del texto constitucional de 2014, Túnez corre el riesgo de tener que volver a hacer frente a tiempos difíciles.

Estado Islámico reivindica el atentado de Túnez

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Traducción: Mariola Moreno

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