El Partido Republicano lanza una ofensiva para cambiar las reglas electorales siguiendo la estela de Trump

Antes de las elecciones presidenciales de 2020, no muchos sabían lo que era un Secretary of State. Este puesto desconocido, que no debe confundirse con el de secretario de Estado (el equivalente al de ministro de Asuntos Exteriores), existe en casi todos los estados de EEUU. Los y quienes ejercen el cargo se ocupan de supervisar la celebración de las distintas elecciones en su territorio, incluidas las presidenciales (en el sistema federal, los estados son responsables de organizar los comicios). 

Desde que Donald Trump dijo que le habían “robado” la Casa Blanca, su partido se ha interesado por estos puestos clave. En total, 15 candidatos del Partido Republicano se presentan en los 27 estados que elegirán a sus secretarios de Estado en noviembre, durante las elecciones de mitad de mandato.

Algunos han recibido el apoyo de Donald Trump. Es el caso de Mark Finchem, un congresista complotista de Arizona que se ha convertido en una de las caras visibles de Stop the Steal, el movimiento para impugnar la victoria de Joe Biden. O Jody Hice, un congresista de Georgia que se opuso a la certificación de los resultados presidenciales. Se enfrenta a Brad Raffensperger, el actual Secretary of State republicano, que cometió el delito de lesa majestad de oponerse a las presiones de Donald Trump para revertir los resultados en Georgia, que favorecieron a Joe Biden.

Al igual que Hice y Finchem, muchos de estos candidatos se presentan en Swing States, estados críticos en el resultado de las elecciones presidenciales y en la mayoría en el Congreso.

El repentino entusiasmo por estos puestos refleja una nueva ambición de los trumpistas: hacerse con el control de la maquinaria electoral para contestar mejor la integridad de las futuras elecciones que les podrían ser desfavorables. Una perspectiva que preocupa mucho a los expertos y a las organizaciones cívicas.

Este esfuerzo comenzó tras la derrota de Trump en noviembre de 2020, cuando el multimillonario comenzó a contar su Gran Mentira (Big Lie) sobre un supuesto fraude electoral masivo que habría permitido a su rival acceder a la Casa Blanca.

Desde entonces, congresistas, medios de comunicación conservadores y activistas lo han hecho suyo. Un año después de la investidura de Joe Biden, el 54% de quienes se informan principalmente en Fox News y el 52% de los votantes de Trump están convencidos de que un “gran fraude” hizo posible que Biden fuera elegido, según una reciente encuesta de NPR/Ipsos realizado entre 1.126 adultos.

En los meses posteriores a la victoria de Joe Biden, impulsada por una fuerte movilización de los jóvenes y las poblaciones racializadas, el Partido Republicano impulsó varios recursos para “restablecer la confianza” o “proteger” el sistema electoral; hizo cambios directamente en el acceso al voto, imponiendo nuevos controles en los estados en los que tiene mayoría en el Parlamento local y en los que ocupa el puesto de gobernador. 

En muchos casos, eso se traduce en restricciones adicionales a aquellos que tradicionalmente votan a los demócratas (poblaciones pobres, jóvenes, urbanas y no blancas...). Una práctica conocida como “supresión de votantes” (voter supression).

En total, el Brennan Center for Justice, una organización cívica independiente, cifró en al menos 34, en el año 2021, las leyes aprobadas dirigidas a hacer más complicado el acceso a las urnas en 19 estados. Se trata de un récord desde que el centro comenzó a llevar estadísticas sobre la cuestión hace diez años. Se están tramitando al menos otras 13 leyes más restrictivas, lo que sugiere que los desafíos al derecho de voto “seguirán siendo una seria amenaza” este año, resume el Brennan Center.

Estas restricciones adoptan formas diversas. En muchos estados, adoptan la forma de limitar el voto por correo, acortar el tiempo de envío de las papeletas o exigir una prueba adicional de identidad, que no está al alcance de las poblaciones más desfavorecidas o marginadas, a menudo próximos a la izquierda.

Otras herramientas están dirigidas a dificultar el registro para votar, reducir el número de colegios electorales o reducir el horario de voto anticipado (Early Voting, la posibilidad de votar antes del día oficial de las elecciones, Election Day). Esta última opción, que se generalizó durante la pandemia, la usaron mucho los demócratas, que querían evitar las aglomeraciones en las urnas el día de las elecciones. El electorado de Trump, que no creía en el peligro del virus, no tenía la misma preocupación...

Y algunos legisladores están haciendo gala de ingeniosidad. En Texas, la ley “SB 1”, aprobada en septiembre de 2021, prohíbe el drive thru voting, la posibilidad de votar en urna mientras se permanece en el propio vehículo. Esto se adoptó en 2020 en el Condado de Harris, mayoritariamente demócrata, donde se encuentra Houston.

También imponen nuevas normas de declaración a quienes ayuden a personas con movilidad reducida o con conocimientos limitados de inglés, o a quienes transporten grupos a los colegios electorales. Una medida que parece dirigirse a las asociaciones que fletan furgonetas y minibuses para ayudar a las personas sin medios de transporte (pobres, ancianos, etc.) a acudir a las urnas.

En Arizona, una ley niega a las personas que figuran en una lista de voto anticipado la posibilidad de recibir las papeletas en casa si no han participado en al menos unos comicios cada dos años. Casi una cuarta parte de los integrantes de la lista son hispanos, un electorado cercano a los demócratas.

“Los estadounidenses son muy sensibles al filibusterismo, dado el legado segregacionista. Se oponen cuando es evidente. Así que los partidos maniobran indirectamente para restringir el acceso a las urnas”, explica Bernard Tamas, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Valdosta (Georgia).

Georgia es un ejemplo de ello. Conmocionado por la victoria de Biden en 2020, la primera vez desde 1992 que un demócrata ganaba en el estado conservador, el Partido Republicano se movilizó para frenar este peligroso giro a la izquierda: sacó la SB 202, una ley que, entre otras cosas, adelantaba la fecha límite para participar en el voto por correo y reducía el acceso a los drop boxes, urnas seguras en las que se podía votar a cualquier hora del día. 

La ley SB 202 también prohíbe la distribución de alimentos y agua alrededor de los colegios electorales. Este es un punto importante. En las elecciones de 2020, muchos residentes de Atlanta y sus suburbios, una zona mayoritariamente demócrata y no blanca, esperaron horas para votar. Ante las largas colas, las asociaciones locales se movilizaron para distribuirles alimentos.

Porque en Georgia, como en otros Swing States, cada voto cuenta. Joe Biden ganó por 12.000 votos contra Trump. “No hay ninguna razón para que alguien que reparte botellas de agua intente influir en el voto. El objetivo de los republicanos es hacer que la participación de los votantes sea menos cómoda”, resume Bernard Tamas. 

El experto está preocupado por otra disposición de la ley, más técnica. La SB 202 da más poder al Parlamento de Georgia, controlado por el Partido Republicano, para intervenir en la administración y supervisión de las elecciones.

“Podría abrir la puerta a la invalidación de papeletas, a la modificación de resultados... No podemos descartarlo. No podemos excluir esta posibilidad. Hasta ahora, el sistema electoral se ha basado en gran medida en las normas tradicionales. Ya no se puede confiar en ello. En los últimos años han ocurrido cosas impensables en el mundo político”, dice Bernard Tamas.

Para la derecha en Georgia y en otros lugares, el objetivo no es sólo reducir al máximo la fuerza de ataque demócrata, también se trata de motivar a sus propios partidarios. En efecto, convencidos por Donald Trump de que las elecciones de 2020 estaban amañadas, algunos han perdido la confianza en el sistema electoral y se han desmovilizado.

Por desgracia para los demócratas, la promesa de Joe Biden de proteger el derecho al voto no se ha cumplido por el momento. La aprobación de un proyecto legislativo que establece, entre otras cosas, garantías contra la “supresión de votantes” chocó el miércoles 19 de enero con la oposición republicana en el Senado. Más tarde, todavía en el Senado, los demócratas centristas Joe Manchin (Virginia Occidental) y Kyrsten Sinema (Arizona) dieron una segunda puñalada al presidente. En nombre de la búsqueda de un compromiso con el Partido Republicano, ahogaron un intento de cambiar la norma que habría facilitado la aprobación de la reforma electoral sin los votos de la oposición.

Mientras el partido de Joe Biden vacila, sus oponentes no se detienen. En el punto de mira: las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que se renovará gran parte del Congreso. Joe Biden lo reconoció el miércoles en una rueda de prensa. Son tiempos difíciles. “Sé que hay mucha frustración y cansancio en este país”, dijo.

Traducción: Mariola Moreno

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