Durante las anteriores guerras en la Franja de Gaza, la ONG palestina de derechos humanos Al Mezan llevaba un recuento de los palestinos muertos, publicaba análisis jurídicos cada poco y elaboraba informes detallados sobre los bombardeos, basándose en la información recogida sobre el terreno por sus equipos. Desde el 7 de octubre de 2023, esta tarea resulta imposible.
"Creo que ni siquiera las actualizaciones diarias del Ministerio de Sanidad [de Hamás] reflejan la realidad de la situación, porque me parece difícil hoy, en Gaza, contar con precisión todas las personas muertas", afirma Samir Zaqout en una serie de mensajes de voz enviados desde el centro de la Franja de Gaza. Con su voz ronca y su palabra fácil, el subdirector de Al Mezan es una figura destacada de los derechos humanos en el enclave: desde 1999, documenta allí las violaciones de los derechos humanos, desde ataques del ejército israelí hasta la aplicación por Hamás de la pena de muerte a presos palestinos.
Desde hace casi seis meses, "todos hemos perdido nuestra capacidad de trabajar con normalidad. Cada movimiento en Gaza pone tu vida en peligro. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes, somos víctimas de un auténtico genocidio", continúa. Más de la mitad de los edificios de la Franja han quedado dañados o destruidos, y el Ministerio de Sanidad gazatí calcula que han muerto más de 33.000 palestinos y han resultado heridos más de 75.000. Según la ONU, la hambruna es inminente en el norte del enclave.
Los investigadores de Al Mezan no pueden acceder a amplias zonas que han sido escenario de violentos combates o han sido acordonadas por el ejército israelí, que ha llevado a cabo miles de detenciones en la Franja de Gaza en los últimos meses. Los militares han establecido puestos de control, bloqueando el paso desde el sur hasta el norte del enclave.
Todo el personal de Al Mezan y el de las dos ONG palestinas asociadas, Al-Haq y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR), tienen estrictamente restringidos sus movimientos, si es que no han abandonado el enclave para intentar salvar a sus seres queridos.
De paso en París, Raji Sourani, fundador y director ejecutivo del PCHR, dio cuenta de la situación en una entrevista a Mediapart: "Once colaboradores se han marchado a El Cairo, siete están en Cisjordania. Han sido asesinadas dos colaboradoras. Una de ellas junto a treinta y siete miembros de su familia. Otra con siete". Tras sobrevivir a dos bombardeos, Raji Sourani ha salido por fin de Gaza. Sabía que iban a por él, pues se dedica a documentar crímenes de guerra israelíes, que luego expone ante los tribunales.
Reunir pruebas y sobrevivir
Samir Zaqout huyó de su casa en la ciudad de Gaza al comienzo de la guerra. Sólo una de sus colegas sigue en el norte del enclave. Durante meses, los investigadores gazatíes han estado organizando su supervivencia y la de sus familias además de su trabajo: buscar comida, agua, dónde cargar un teléfono móvil y llamar a sus familiares para asegurarse de que siguen vivos, etc.
"¡He hecho lo imposible para tener algo de conexión a Internet! La señal es débil, se corta todo el tiempo, pero ya es estupendo tener Internet", dice Samir Zaqout con cierta risa. La última vez que intentó comprar gasolina para su coche, costaba 127 shekels el litro, unos 32 euros.
Esos investigadores, acostumbrados a moverse por el denso tejido social de Gaza, han tenido que adaptar su trabajo. Uno de los investigadores, por ejemplo, se apostó en un puente de Wadi Gaza, en el límite de la parte norte del enclave, explica Samir Zaqout: "Allí hay un punto de acogida para los desplazados que huyen del hambre. Va allí, acoge a la gente y anota lo que cuentan: cuál es su situación, dónde viven, cuántas veces han sido desplazados... Se recoge así mucha información.
Recogemos miles de vídeos, los comprobamos y los geolocalizamos. Esto nos ayuda a cartografiar los incidentes.
Las tres organizaciones palestinas investigan principalmente las desapariciones y detenciones de gazatíes. Han documentado el calvario de los trabajadores palestinos de Gaza que el 7 de octubre de 2023 se encontraban legalmente en suelo israelí y fueron detenidos. O la violencia y las torturas sufridas por los detenidos que fueron arrestados en masa en Gaza algunos de los cuales fueron llevados a campos militares en Israel, fuera de todo marco legal. "Una de las mujeres entrevistadas nos contó que otras tres y ella habían sido acosadas sexualmente por militares. Pero eso es complicado de publicar porque no quieren que se conozcan sus nombres", informa Samir Zaqout.
Las ONG también trabajan con imágenes de Internet u obtenidas por testigos sobre el terreno, así como con datos de satélite. "Recopilamos miles de vídeos, los comprobamos y los geolocalizamos. Esto nos ayuda a cartografiar los incidentes", explica Zaid Shuaibi, de la ONG Al-Haq. En determinados proyectos, la organización trabaja en colaboración con el laboratorio multidisciplinar Forensic Architecture, produciendo modelos o vídeos que reconstruyen la secuencia precisa de un ataque o un disparo.
En Gaza, los equipos llevaron a cabo una recopilación detallada de los asaltos israelíes a hospitales de toda la Franja en los últimos meses. Revelaron un patrón que se repite cada vez: primero el ejército amenaza a los hospitales, luego "lleva a cabo ataques en los alrededores, les apunta directamente, lo asedian y lo ocupan". Su investigación revela que han quedado 28 hospitales fuera de servicio en Gaza, incluidos todos los situados en el norte del enclave.
"Ningún otro lugar del mundo”
Los investigadores extranjeros no pueden viajar al enclave palestino. No es nada nuevo, señala Donatella Rovera, investigadora principal de Amnesty International: "Solía ir bastante a Gaza, pero Israel nos niega el acceso desde 2012. No solo a nosotros, Amnesty International, sino a cualquier organización de derechos humanos". Está acostumbrada a trabajar a distancia; muchas otras zonas de conflicto del mundo son también inaccesibles, como Sudán o la región etíope de Tigray.
Al principio, los investigadores locales llevan a cabo un trabajo de investigación inicial: "Por ejemplo, si ha habido un bombardeo, van al lugar para hacer fotos, vídeos y buscar fragmentos", explica. Se ponen en contacto con familias y testigos y establecen una relación de confianza. A continuación, Donatella Rovera y sus colegas realizan entrevistas a distancia.
En Gaza, sin embargo, esta experimentada investigadora se enfrenta a un nivel de devastación sin precedentes. “Esto está fuera de toda norma. No hay ningún otro lugar en el mundo, en los tiempos modernos, donde haya muerto un porcentaje tan elevado de la población en general y un porcentaje tan elevado de determinados sectores de la población: mujeres, niños, periodistas, trabajadores humanitarios, médicos, profesores universitarios, etc.", dice, alarmada. “La gente está demasiado aterrorizada para hablar". Percibe una creciente desesperación entre las personas con las que habla, cansadas de contar sus casos que el mundo toma con una cruel indiferencia.
En general, el mundo tiende a creer la versión israelí antes que cualquier otra cosa.
La población de Gaza está ahogada por el dolor, traumatizada, abrumada por la urgencia de sobrevivir. Las investigaciónes se eternizan forzosamente. Se centran en un caso concreto, en un momento determinado de la guerra, que reconstruye con precisión. Por ejemplo, Amnesty International documentó cuatro ataques israelíes en diciembre de 2023 y enero de 2024, en los que murieron 95 personas, entre ellas 42 niños y una mujer embarazada de ocho meses en Rafá, al sur de la Franja, una zona designada como refugio por el ejército israelí. En uno de los bombardeos, el 14 de diciembre, a Arwa, una niña de 5 años, la encontraron "decapitada por la explosión".
Amnesty International no encontró indicios de que hubiera objetivos militares cercanos durante los bombardeos. "Esto hace temer que esos ataques constituyen ataques directos contra civiles o bienes de carácter civiles. De ser así, deberían investigarse como crímenes de guerra", dice el informe. Pero sigue siendo muy difícil probar la intencionalidad de los actos de guerra. Así ocurre en todos los conflictos, señala Donatella Rovera, pero "al final, tanto si el ataque es desproporcionado o indiscriminado, como si se trata de un ataque deliberado contra civiles, todos constituyen crímenes de guerra".
ONG acusadas de propaganda
Del mismo modo, es imposible verificar caso por caso que no había absolutamente ningún objetivo militar en las proximidades de un bombardeo, señala Eric Goldstein, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch (HRW). Sin embargo, en Gaza, "el uso de la fuerza es muy excesivo y es difícil imaginar en cada caso un objetivo militar que justifique la proporción de civiles que han sido víctimas de estos bombardeos", argumenta.
Desde el 7 de octubre de 2023 se ha espesado la "niebla de guerra": los rumores y la propaganda se han apoderado de la situación y algunas informaciones son difíciles de verificar. "Los gazatíes hablan más abiertamente de las violaciones cometidas por los israelíes, y tenemos que seguir indagando para obtener información sobre Hamás y los demás grupos armados. Porque en el pasado teníamos medios para ganarnos la confianza", explica Eric Goldstein. “Además, hay cosas que están claras: cuando hay hambruna, no hay niebla de guerra. Está claro que Israel está obstruyendo la entrega de la ayuda humanitaria necesaria, mientras las tierras agrícolas están inutilizadas. Existe una amenaza real de hambruna.
"El mundo tiende generalmente a creer la versión israelí antes que cualquier otra cosa", señala también Donatella Rovera, poniendo como ejemplo la suspensión casi inmediata de los fondos transferidos por parte de varios países a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, después de que Israel acusara a una ínfima parte de sus empleados gazatíes de haber participado en el 7 de octubre de 2023, sin aportar ninguna prueba.
Israel trata además de desacreditar a las ONG de derechos humanos. El ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado en varias ocasiones a Amnesty International de organización "antisemita", acusándola el 26 de octubre pasado de ser una "organización de propaganda que trabaja para los terroristas de Hamás". En 2019, las autoridades expulsaron al director de Human Rights Watch de Israel y los Territorios Palestinos, Omar Shakir, acusándolo de apoyar la campaña de boicot contra Israel.
En octubre de 2021, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, emitió una orden que declaraba como "organizaciones terroristas" a seis ONG palestinas, entre ellas Al-Haq. Esta última acababa de dar un fuerte apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), presentando pruebas contra Israel por crímenes de guerra en Gaza durante la guerra de 2014, dirigida por Benny Gantz, entonces jefe del Estado Mayor. En agosto de 2022, el ejército israelí registró y cerró las oficinas de las seis ONG.
Colaboración con tribunales internacionales
A pesar de todo, las organizaciones de derechos humanos continúan con su labor de alerta y cooperación con la justicia internacional. HRW, por ejemplo, "mantiene contactos frecuentes con la fiscalía [de la CPI], proporcionándole información y animándole a que considere lo ocurrido desde el 7 de octubre", explica Eric Goldstein. Su informe sobre el uso de la hambruna como arma de guerra por parte de Israel fue tenido en cuenta en el alegato de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando al Estado israelí de "genocidio" en la Franja de Gaza.
Sin embargo, Zaid Shuaibi, de la ONG Al-Haq, lamenta que "la comunidad internacional no esté haciendo lo que debería para detener este genocidio". Su organización, una de las primeras en defender los derechos humanos en el mundo árabe, se creó en 1978 con el objetivo de defender a los palestinos de los crímenes israelíes y promover su causa mediante acciones legales.
"Nuestro trabajo es importante, no sólo para ver a los criminales israelíes en la cárcel. Puede que no estemos aquí para verlo", explica el investigador palestino. “Lo hacemos por el pueblo palestino, por nuestra historia. Décadas después, volveremos la vista atrás y veremos que Al-Haq documentó este genocidio y que sabemos lo que ocurrió.”
¿Estamos haciendo algo para impedir la catástrofe en Gaza?
Este trabajo de memoria será útil para las generaciones futuras, quiere creer. Zaid Shuaibi establece un paralelismo con la historia de la Nakba, la expulsión de 900.000 palestinos cuando se creó Israel en 1948, que él heredó, al igual que todos sus compatriotas. Este trauma fundacional de la identidad palestina vuelve a vivirse dolorosamente hoy, con imágenes de campamentos improvisados para desplazados gazatíes en el sur del enclave, en Rafá. Muchos de los que han huido son descendientes de los refugiados de 1948.
Traducción de Miguel López
Durante las anteriores guerras en la Franja de Gaza, la ONG palestina de derechos humanos Al Mezan llevaba un recuento de los palestinos muertos, publicaba análisis jurídicos cada poco y elaboraba informes detallados sobre los bombardeos, basándose en la información recogida sobre el terreno por sus equipos. Desde el 7 de octubre de 2023, esta tarea resulta imposible.