Más de 50 minas ilegales vierten en España metales pesados y ponen en peligro a la población

Hace un año la organización Ecologistas en Acción formó el Observatorio Ibérico de la Minería junto a activistas de todo España para estudiar el impacto de la minería en la naturaleza y los pueblos. Por ahora han catalogado casi un centenar de minas en el país que llevan décadas vertiendo contaminantes a los ríos o almacenan al aire libre metales pesados, poniendo en riesgo la salud de los habitantes incluso a cien kilómetros a la redonda, y más de la mitad no cuentan —o contaron cuando funcionaban— ni siquiera con los permisos para funcionar. Han estudiado casos en 13 comunidades y las más afectadas son Andalucía y Galicia, aunque por ahora solo han estudiado una quinta parte de todos los yacimientos sobre los que tienen sospechas. "Sabemos que hay casos en Madrid, Aragón, País Vasco... y analizaremos esas zonas próximamente", reconoce Joám Evans, coordinador del observatorio. 

Más de 30 organizaciones civiles han participado en esta investigación y han detectado decenas de minas ilegales que siguen operando o que se explotaron durante unos años y luego se abandonaron, lo que provoca incluso un impacto mayor en los alrededores. En la mayoría de los casos las situaciones son muy parecidas: son yacimientos iniciados durante el franquismo o los años 80 que han quedado obsoletos con la llegada de las normativas modernas, pero que han ido alargando los procesos de cierre hasta seguir operando a día de hoy. No ayuda, explican los expertos, que la Ley de Minas de España sea todavía la de 1973, previa a la democracia. Ha sido actualizada varias veces para introducir la directiva europea de minas, pero está intacta desde 2014. 

De las 89 minas españolas que han analizado por ahora en el observatorio, 39 están ya abandonadas o cerradas, pero siguen teniendo un impacto ambiental porque en su día funcionaron sin las protecciones adecuadas y la zona no ha sido restaurada, pese a que es obligatorio que todo el impacto en el entorno sea devuelto a su estado original. Del total, 54 operan u operaron en el pasado ilegalmente, lo que significa que algún tribunal ha forzado su cierre total o parcial. También denuncian que decenas de ellas no tienen una declaración de impacto ambiental aprobada, se han construido a base de corrupción, no tienen la protección adecuada de sus trabajadores o sus dueños amenazan a activistas locales. 

"Por una parte, tenemos una ley preconstitucional con la que el sector minero está encantado. Por otro, hay una falta de inspección y control que no garantizan que se cumplan las normas y los procesos legales llegan décadas después", afirma Evans. Un ejemplo claro es la fuga de cinco millones de toneladas de lodos tóxicos junto al parque de Doñana en Aznalcóllar en 1998. Fue el mayor desastre de la minería española y sin embargo el yacimiento tardó tres años en cerrarse después del vertido. El caso todavía sigue con un juicio a medias, pese a que han pasado ya 25 años. 

Lo que más preocupa al observatorio es que algunas de estas explotaciones que se cerraron entre los 80 y los 2000 por la decadencia del sector minero, quieren reabrir ahora por la nueva fiebre de la transición energética, que requiere toneladas de metales de todo tipo. Sin ir más lejos, los dueños de Aznalcóllar tratan de reabrir el yacimiento para sacar cobre, cinc y plomo, aunque todavía tienen pendiente multitud de permisos. Paralelamente, están apareciendo nuevos proyectos mineros en España, como las explotaciones de litio de Cáceres y Cañaveral, la de níquel de Aguablanca o la mina de cobre y oro de Alconchel, todas en Extremadura. 

Tres casos prácticos: Galicia, Huelva y Murcia 

Entre las principales minas que han investigado está la de Touro, en Galicia, que lleva vertiendo desde 1974 aguas contaminadas por metales pesados a tres riachuelos de la zona, que desembocan en el río Ulla y acaban en la ría de Arousa, afectando al agua que beben más de 100.000 personas y a las poblaciones de salmón y moluscos.  

Isabel García, portavoz de la asociación Mina Touro-O Pino NON, explica que tras el abandono de la mina ha pasado por varias manos desde su apertura, pero ninguno de sus dueños se ha hecho cargo de las aguas contaminadas que se acumulan en los agujeros de este yacimiento abierto, un problema recurrente en las minas al aire libre. Estas aguas se tienen que drenar para poder continuar agujereando el suelo y la solución por la que optan muchas empresas es verter el agua al río de forma ilegal o con unos compromisos de limpieza que luego incumplen.

En 2018 la Xunta exigió —décadas tarde— a los dueños un plan para eliminar los vertidos, pero todavía ni se ha aprobado. Según la activista y vecina de Touro, Isabel García, se enteraron la semana pasada de la última propuesta de la compañía Cobres San Rafael: decantar y depurar 1,4 millones de litros de aguas con metales y verterlas después al río. "Son empresarios de fuera a los que les da igual dejarnos una herencia envenenada, y la Xunta ha mirado para otro lado durante años", resume. 

En la sierra minera de Cartagena, donde la minería cerró hace 30 años, siguen sufriendo las consecuencias de unas empresas que abandonaron los residuos de los yacimientos junto a las casas y que todavía hoy nadie ha recogido. Juan Ortuño es vecino de El Llano del Beal, donde hay más de 40 balsas de arena mezclada con metales pesados que sacaron de las minas. "A 50 metros de donde juegan los niños hay una balsa sin sellar, y conseguimos que se pusiese un muro de hormigón en el colegio para que llegase el polvo", dice el presidente de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados, una de las muchas asociaciones que hay en la zona de vecinos que conviven con estas sustancias. 

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Portman Golf fue la multinacional que adquirió todos estos terrenos cuando cesó la minería y ahora rechaza hacerse cargo de su tratamiento alegando que ellos no son los responsables, relata Ortuño. Mientras tanto, los vecinos de estos pueblos llevan años respirando altísimos niveles de plomo, arsénico, mercurio, cianuro... "Todo lo que hay en la tabla periódica", dice el portavoz. "Es el día a día de nuestra querida región, que es un paraíso de la destrucción del medio ambiente", afirma. Además, las avenidas de agua que provocan las lluvias llevan estos metales hasta el Mar Menor, y son una de las fuentes de contaminación de esta laguna devastada por la agricultura y la minería. 

En Andalucía, donde el observatorio ha identificado por ahora al menos 24 yacimientos ilegales o que incumplen numerosas normativas, se encuentra la cuenca minera de los ríos Tinto y Odiel, probablemente la zona más contaminada de España, donde se extrae cobre desde hace siglos. Un estudio publicado en 2007 calculó que en Huelva se vertía el 15% de todo el cobre que acababa en los océanos del mundo y el 37% del zinc. 

Allí hay minas tanto abandonadas como operativas, y la de Riotinto es la más grande de todas y la que más preocupa a los expertos. Tiene tres balsas que acumulan más de 200 toneladas de residuos y ocupan en total 500 hectáreas, el tamaño de 700 campos de fútbol. "Por poner en contexto, Aznalcóllar reventó y vertió solo 5 millones de toneladas. Si reventase Riotinto, los lodos llegarían a la ciudad de Huelva", dice Isidoro Albarreal, responsable de minas en Ecologistas en Acción de Andalucía.