Las grandes eléctricas pactaron con el Gobierno en 2019 el cierre de todas las centrales nucleares activas en España antes de 2036, pero el PP ha vuelto a arrastrar al sector a posicionarse sobre si es viable una extensión de la vida útil de los reactores. Hace una semana, Alberto Núñez Feijóo se comprometió a que si su partido gobierna pospondrá el calendario de clausura para garantizar el 20% de la electricidad que aporta esta tecnología cada año. Las compañías, sin embargo, evitan responder a las palabras del líder conservador y afirman que hasta que no llegue una propuesta completa para alargar el funcionamiento de los reactores no entrarán a valorarla.
La cautela del sector, según diferentes expertos, se debe a que las eléctricas —principalmente Endesa e Iberdrola, pero también Naturgy y EdP— esperan que la idea de Feijóo venga acompañada de un paquete económico que incentive a estas empresas a mantener operativas las cinco centrales que funcionan en España. La patronal Foro Nuclear advierte desde hace meses de que esta tecnología no es viable económicamente debido a las grandes inversiones que hacen cada año sus dueños para mantener las instalaciones y a los impuestos nacionales y autonómicos que afrontan.
Además, para alargar la vida de las nucleares habría que desembolsar otros tantos miles de millones para garantizar la seguridad de las centrales, ya que todas tendrán más de cuatro décadas a sus espaldas en 2030. El único cálculo aproximado de esta factura lo dio la consultora PwC en 2018, que estimó que las "inversiones mínimas" de modernizar el parque atómico español serían de entre 3.200 y 3.500 millones para poder alargar su funcionamiento más allá de 2030.
El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha señalado en numerosas ocasiones que los dueños de las centrales estarían a favor de ampliar su funcionamiento si el Gobierno de turno les garantiza unos ingresos fijos de unos 60 euros por megavatio de luz que generen, de forma que aunque el precio de la energía se abarate en el futuro por la entrada de renovables ellos tendrían garantizada su rentabilidad. Esto se traduciría un encarecimiento de la luz para los hogares.
La patronal también reclama una revisión de los impuestos que pagan y que no se encarezcan las tasas de Enresa, las que financian la gestión de residuos radioactivos y el desmantelamiento de las centrales, que parece que serán insuficientes para sufragar el coste de cerrar los siete reactores. El séptimo plan general de residuos radioactivos, que estaba previsto que se aprobase a mediados de 2023, prevé que el coste total de la gestión, cierre y almacenamiento nuclear desde 1985 hasta el año 2100 ascienda a 26.560 millones de euros. Dese el plan anterior de 2006, el monto se ha encarecido en casi 10.000 millones por el endurecimiento de la seguridad en las centrales, una diferencia que debería encarecer próximamente la tasa Enresa que pagan las eléctricas, lo que complicará aún más su viabilidad.
"Cerrar la nuclear, perfecto, pero tiene un precio. Extender su vida, sin problema, pero tiene un precio. Las dos opciones tienen un coste y es el momento de que los partidos decidan cuál es su apuesta", señala el portavoz de una de las eléctricas que posee parte del parque nuclear. También señala que ese coste no debería asumirlo solo las empresas, también el Estado.
Aún hay tiempo para abortar el plan de cierre
En 2019 la industria y el Ministerio de Transición Ecológica pactaron el calendario de cierre de las cinco centrales operativas, empezando por Almaraz I (Extremadura) en 2027, y terminando por Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara), en 2035.
Eduardo Gallego, catedrático de Energía Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid, opina que hasta 2024 habría margen para dar marcha atrás a la clausura de Almaraz I, ya que el combustible de la central hay que comprarlo con tres años de antelación porque se produce a medida para cada reactor. El experto también constata que posponer el cierre encarecerá la factura nuclear porque habrá que actualizar sistemas y componentes de las plantas, aunque alargar su vida también aumentará los ingresos del fondo de Enresa.
Gallego se muestra a favor de alargar la vida del parque porque las renovables no garantizan la disponibilidad de energía las 24 horas, como sí hace la nuclear, y todavía no se han desarrollado lo suficiente los sistemas de almacenamiento como las baterías o el bombeo. "Si en 2027 cerramos una nuclear, la alternativa va a ser quemar gas natural", opina.
Ismael Morales, de la Fundación Renovables, contesta que precisamente esa capacidad de generar electricidad de manera constante es el problema de la nuclear. En los días que hay picos de generación solar y eólica por las condiciones meteorológicas, no es posible apagar las centrales para que las renovables funcionen a pleno rendimiento porque se generaría más electricidad de la que se podría consumir. "Si se pospone el calendario nuclear se va a desincentivar el desarrollo de renovables y de almacenamiento porque los reactores no tienen capacidad para reducir su potencia", opina.
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Morales reconoce que hoy el almacenamiento de los excedentes eléctricos no está desarrollado a gran escala y no es competitivo económicamente, pero de aquí a 2035 —cuando termina el periodo de cierre nuclear— ese sector habrá avanzado enormemente. El experto señala también que la electricidad generada por las nucleares no es viable económicamente a largo plazo, ya que se pretende fijar una retribución fija de alrededor de 60 euros por megavatio hora, frente a los 30-40 euros por megavatio que costará la luz en el futuro cuando las renovables generen la inmensa mayoría de la electricidad en España, según sus cálculos.
El candidato del PP a las generales adelantó que si llega al Gobierno, su política energética será "revertir el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida de nuestras centrales nucleares", aunque no concretó cómo convencerá al sector para ello. En una reunión con la prensa el pasado noviembre, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, se mostró receloso de la postura de Feijóo. "Te pueden querer mucho, pero quererte mal", dijo el portavoz de la industria.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, le respondió un día después que, si se prorroga la vida útil de las centrales nucleares, el coste recaería en los ciudadanos, porque es necesario "garantizar las inversiones en seguridad". "Esa prórroga recaerá en los presupuestos públicos o en los consumidores", dijo, porque es necesario "garantizar las inversiones en seguridad" para que las centrales nucleares sigan funcionando. A ese respecto, señaló que para garantizar un sistema eléctrico "seguro" hay que preguntar a las propietarias de las nucleares y a Feijóo debe explicar quién va a pagar, qué coste y durante cuánto tiempo.
Las grandes eléctricas pactaron con el Gobierno en 2019 el cierre de todas las centrales nucleares activas en España antes de 2036, pero el PP ha vuelto a arrastrar al sector a posicionarse sobre si es viable una extensión de la vida útil de los reactores. Hace una semana, Alberto Núñez Feijóo se comprometió a que si su partido gobierna pospondrá el calendario de clausura para garantizar el 20% de la electricidad que aporta esta tecnología cada año. Las compañías, sin embargo, evitan responder a las palabras del líder conservador y afirman que hasta que no llegue una propuesta completa para alargar el funcionamiento de los reactores no entrarán a valorarla.