El pasado miércoles concluyó en Bruselas el gran debate que mantienen desde enero los agricultores, la industria alimentaria y los ecologistas para decidir hacia dónde debe ir la Política Agraria Común (PAC), la mayor partida presupuestaria de la Unión Europea. Pero el resultado de las conversaciones, resumido en un documento que entregaron a la Comisión una treintena de organizaciones, no ha gustado a los grandes propietarios de tierras. El punto más destacado —y controvertido— ha sido la propuesta de reorientar las ayudas directas para que apoyen a la agricultura familiar en lugar de a las grandes empresas y a los fondos de inversión, que hasta ahora son los grandes beneficiados de las subvenciones.
La principal partida de la PAC son las ayudas básicas a los ingresos, y dentro de esta cuantía un porcentaje del dinero se entrega por hectárea cultivada, de manera que se incentiva la concentración de tierras y la economía de escala, lo que ha provocado un abandono de la profesión por parte de los pequeños agricultores en la última década. En España, un informe del Ministerio de Agricultura sobre el periodo anterior de la PAC (2014-2020) cuantificó que el 80% de las explotaciones más pequeñas solo concentraron en 2018 el 20% de las ayudas FEGA de la PAC.
Algunos países, entre ellos España, han introducido mecanismos para reducir esa desigualdad, pero ahora un informe elaborado por 29 organizaciones relacionadas con el sector primario y el medioambiente reclama que el presupuesto de la PAC —más de 50.0000 millones al año- "debe orientarse mejor hacia los agricultores activos que más la necesitan para evitar impactos en el precio de la tierra que encarecen el alquiler del terreno y dificultan la renovación generacional; en particular hacia las pequeñas explotaciones, los jóvenes agricultores, las explotaciones mixtas y los nuevos agricultores". Esta frase, que aún queda por concretar, ha enfadado a los grandes perceptores de las ayudas.
Asaja, la mayor organización agrícola de España y tradicionalmente la representante de los latifundistas, reconoce que el bautizado como Diálogo Estratégico, la gran apuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para calmar las protestas agrarias que estallaron en febrero, no ha sido satisfactorio. "No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hay escritas en el documento. Para nosotros, los problemas que tiene alguien con una hectárea de trigo son los mismos que para alguien que tiene 100 hectáreas, por lo que no creemos en la redistribución de las ayudas", afirma José María Castillo, director de Asaja ante la Unión Europea.
Pero la mesa de negociación que ha redactado el documento era enorme. Estaban sentadas 29 organizaciones de todo tipo, desde fabricantes de semillas a organizaciones de consumidores, pasando por la patronal de las bebidas o los grandes sindicatos agrarios europeos, por lo que el texto que ha salido del diálogo ha tenido que ser consensuado por intereses diferentes. Von der Leyen señaló este miércoles que su equipo revisará las conclusiones del diálogo y que en los primeros 100 días de la nueva Comisión publicará una hoja de ruta sobre la futura PAC que comienza en 2028.
Los expertos consultados creen que la fórmula de fomentar la redistribución de las ayudas es endurecer el llamado capping, el tope máximo de subvención que puede recibir una explotación, sea cual sea su tamaño y su producción. En la PAC anterior ya se contemplaba el capping en el reglamento y los Gobiernos podían aplicarlo, pero solo algunos lo hacen. España introdujo este cambio en la nueva PAC —que empezó a rodar en 2022— y un profesional recibe, como máximo, 100.000 euros en ayudas al año, ampliables hasta 200.000 en función del número de empleados que tenga. El otro mecanismo —que también está activo ya en Europa— es el fondo de redistribución, una cuantía de la PAC que solo se entrega por las primeras hectáreas de un cultivo, lo que incentiva tener explotaciones pequeñas y que ahora supone aproximadamente el 10% de la cuantía total de la PAC en España.
Lo que piden los defensores de la redistribución es endurecer mucho más estas dos herramientas en el futuro, el capping y el fondo de redistribución. Cristóbal Cano, encargado de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía, pide rebajar el capping hasta un máximo de 60.000 euros, que era lo que se valoró originalmente en España antes de fijar el máximo en 100.000, mientras que el fondo de redistribución debe crecer, como mínimo, hasta alcanzar el 20% del presupuesto total. "Es por lo que llevamos años luchando, más ayudas para las primeras hectáreas cultivadas. Hay que fortalecer la agricultura pequeña y mediana porque es la que impulsa la economía rural", apunta el portavoz.
La segunda organización agraria más grande de España, COAG, también se suma a la propuesta del documento. "Estamos de acuerdo y hace falta centrarse en el que más lo necesita para que garantizar que los ingresos de un agricultor se equiparen al del resto de la población", opina Andoni García.
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Aunque haya diferentes puntos de vista sobre el documento derivado del diálogo, en lo que coincide todo el sector alimentario es que era imprescindible sentarse en la mesa. Las tractoradas invadieron decenas de ciudades españolas entre febrero y marzo, y la crisis puso en el punto de mira a la presidenta de la Comisión y a los comisarios de Agricultura y Medioambiente, que capitalizaron el enfado del campo a unos meses de las elecciones al Parlamento Europeo. "Lo que demuestra el texto es que se consolida la idea de que más vale convencer, que imponer. Y que se vienen cambios en la PAC, pero no serán rupturistas", resume Tomás García Azcárate, vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC.
Un nuevo fondo para la agricultura ecológica
El ecologismo también ha jugado un papel importante en este diálogo tras meses de enfrentamientos con las asociaciones agrícolas. Participaron Greenpeace y Bird Life, que en España están agrupados en Coalición Por Otra PAC. "Las conclusiones del diálogo han sido una muy buena sorpresa, aunque las cojo con prudencia porque habrá que ver cómo acaba esto", afirma Maxime Orhon, experto en Políticas Agroalimentarias de la coalición. Muchas de las recomendaciones que hay en el texto son las que ellos mismos hicieron de cara a las elecciones europeas, y lo que entonces era rechazado tajantemente por la Comisión, ahora está en un documento oficial. "Es interesante porque Von der Leyen desechó este año algunas de las propuestas que figuran en el documento, como ir más allá con las medidas ambientales".
La principal propuesta que incluyen en materia ambiental es la creación de un nuevo presupuesto externo a la PAC para ayudar a los agricultores y ganaderos a costear la transición hacia un negocio más sostenible. La PAC actual destina un 25% del presupuesto a los llamados ecoesquemas, un apoyo extra para el agricultor cumple medidas ambientales, pero el sector primario quiere más dinero. "Tiene que hacer un capítulo separado que nos ayude a abordar los retos ambientales porque ya se ha visto que los fondos actuales son insuficientes", opina Andoni García, de UPA.
El pasado miércoles concluyó en Bruselas el gran debate que mantienen desde enero los agricultores, la industria alimentaria y los ecologistas para decidir hacia dónde debe ir la Política Agraria Común (PAC), la mayor partida presupuestaria de la Unión Europea. Pero el resultado de las conversaciones, resumido en un documento que entregaron a la Comisión una treintena de organizaciones, no ha gustado a los grandes propietarios de tierras. El punto más destacado —y controvertido— ha sido la propuesta de reorientar las ayudas directas para que apoyen a la agricultura familiar en lugar de a las grandes empresas y a los fondos de inversión, que hasta ahora son los grandes beneficiados de las subvenciones.