El PP carga contra "la PAC de Planas" que los populares europeos defendieron y avalaron en Bruselas
Mientras las organizaciones agrarias insisten en que sus protestas son ajenas a la política, el Partido Popular trató este miércoles de arrinconar al Gobierno a través de las protestas agrícolas. Pedro Gallardo, portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, afeó este lunes en la sesión de control al ministro Luis Planas, el titular de esta cartera, no escuchar al campo y presentar un paquete de medidas que no resuelve el problema de fondo. Sin embargo, las competencias en esta área son principalmente de la Unión Europea, donde el Partido Popular Europeo (PPE) ha defendido las mismas medidas que ahora critica en el Congreso. "Le pedimos de una vez por todas que retire 'la PAC de Planas', que está mal diseñada y ha dejado un 25% de los agricultores fuera", criticó este lunes Gallardo ante el ministro.
La Política Agraria Común, a la que hace referencia el diputado popular, fue acordada en Bruselas con los votos de los 27 gobiernos europeos en junio de 2021, donde también votaron a favor ministros de gobiernos liderados o coliderados por el Partido Popular de 11 países, entre ellos Holanda, Suecia, Austria o Irlanda. El Partido Popular Europeo (PPE) también tenía entonces —y mantiene— la presidencia de la Comisión Europea y la mayoría de asientos en el Parlamento Europeo, dos órganos indispensables para sacar adelante la política agraria común, que se renueva cada cinco años. Precisamente la Comisión, liderada por Ursula von der Leyen (PPE), fue la que propuso en 2018 reformar la PAC para introducir las nuevas exigencias medioambientales, por las que el 40% del presupuesto está ahora ligado a medidas climáticas.
La nueva PAC echó a rodar en 2023 y se mantendrá vigente hasta 2027, con nuevos criterios que, según los agricultores, dificultan la viabilidad de sus explotaciones, por lo que el PP sale ahora en su defensa. Por ejemplo, en 2023 se introdujeron los ecorregímenes voluntarios, una parte de las subvenciones que solo se conceden a agricultores y ganaderos que lleven a cabo prácticas ecológicas. Quienes no se suscriban a ellas pierden alrededor del 25% de las ayudas anuales, que en España equivalen a unos 5.000 euros por profesional. Otro de los cambios del año pasado es la introducción de las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), medidas que sí son obligatorias, como dejar en barbecho un 4% de las tierras o no cultivar a menos de cinco metros del cauce de un río.
En 2020, el Partido Popular Europeo publicó su posición sobre la nueva PAC 2023-2027, donde recalcó su "apoyo a que el 40% [del presupuesto] se utilice para medidas relacionadas con el clima", una frase que choca con la nueva posición del grupo. "Estamos de acuerdo con la biodiversidad y el bienestar animal, pero no podemos seguir con las medidas ideológicas", ha repetido en los últimos meses Manfred Weber, el presidente del PPE. Los conservadores viraron en mayo de 2023 hacia una política agraria más reaccionaria ante el crecimiento de la extrema derecha en Europa, que ya se posiciona como segunda favorita de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, si se suma la intención de voto en las encuestas de los partidos Identidad y Democracia y Reformistas y Conservadores Europeos.
Weber lidera a los conservadores europeos desde 2014, por lo que fue bajo su presidencia cuando el PPE impulsó el Pacto Verde y la reforma de la PAC que ahora critican. Este lunes, la CDU alemana confirmó que Von der Leyen volverá a ser la candidata del PPE a presidir la Comisión Europea, pese a que fue ella la que promovió la controvertida estrategia Del campo a la mesa, que aspiraba a reducir el uso de fertilizantes nocivos un 50% en 2030. La propia Von der Leyen tumbó su tramitación hace dos semanas por la oposición de su propio partido.
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Otro de los diputados del PP, Javier Andrés Guerra, denunció este miércoles ante Planas el problema que tiene el campo con la entrada de alimentos de terceros países con menos exigencias sanitarias, lo que abarata su coste. "Las inspecciones fronterizas a las mercancías se hace al 1% de los camiones, y a nuestros propios agricultores entre el 3% y el 5%. Desconfían de nuestros agricultores el triple", dijo Guerra. Planas respondió que España sigue exportando más de lo que importa y que la política comercial es europea, pero que presionará en Bruselas para equiparar los estándares bajo las llamadas "cláusulas espejo".
El equipo del ministerio, consultado por infoLibre, desconoce a qué dato se refiere Guerra cuando habla de las inspecciones a camiones extranjeros y a agricultores españoles. La información más parecida que hay al respecto es un informe anual que publica la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la encargada de analizar la calidad de los alimentos importados en el continente. Según sus últimos datos de 2021, en España se realizaron 800 exámenes en busca de fertilizantes peligrosos, de los que el 90,4% fueron a frutas y verduras cultivadas dentro del país, mientras que apenas el 10% de los test se hicieron a alimentos que llegaron de fuera. España es, según el informe, el segundo país de la UE que menos pruebas hace a productos extranjeros sobre el total de las realizadas. Bajo los años de gobierno del PP, el porcentaje de los exámenes a productos nacionales fue algo inferior, entre el 80% y el 90%, y el resto a las importaciones.
Pedro Gallardo, del PP, también criticó que el 25% de los agricultores perdieron la ayuda de la PAC en 2023, una merma que el diputado popular cifró en 5.000 millones de euros. Se refirió a la parte de la subvención correspondiente a los nuevos ecorregímenes, ya que uno de cada cuatro profesionales no optaron a esta parte de la subvención. El problema que hubo el año pasado es que la sequía impidió a algunos agricultores y ganaderos cumplir con sus obligaciones agroecológicas, especialmente en la mitad sur del país. Uno de estos compromisos es plantar cubiertas verdes en tierras no cultivadas, como césped o plantas, pero debido a la falta de agua no se pudieron mantener. Planas ya se comprometió la semana pasada a presentar alternativas para que estos profesionales puedan cumplir con sus obligaciones en zonas áridas.
