Los regantes ilegales de Doñana producen 35.000 toneladas de frutos rojos, el 8% de la producción nacional
El cultivo de frutos rojos es el epicentro del regadío ilegal que rodea al Parque Nacional de Doñana. Según los cálculos publicados este jueves por la organización WWF, este año se cosecharán en estas fincas alrededor de 35.000 toneladas de fresas, arándanos, frambuesas y moras, el equivalente al 8,2% de los frutos rojos recogidos de media España en los últimos cinco años. Esa producción proviene de 1.089 hectáreas de regadío ilegal que WWF ha detectado a partir imágenes satelitales tomadas en los últimos tres meses, por lo que el delito se está cometiendo en este momento. "No estamos hablando de algo que ocurrió en el pasado. Cualquiera puede coger el coche y acercarse a estas coordenadas para ver como nos están robando el agua en la cara, y las autoridades lo saben", denuncia Juanjo Carmona, delegado de esta ONG en Doñana.
La producción de frutos rojos en Andalucía ha crecido con fuerza en los últimos cinco años pese a la sequía que sufre la región. En cálculos redondos, producir un kilo de fresas consume unos 120 litros de agua y en Huelva se producen el 97% de las fresas de España. En esta provincia los embalses se encuentran al 20% de capacidad, pero las fincas ilegales no tienen problema con ello, ya que extraen el agua de pozos clandestinos ubicados alrededor de Doñana, acelerando la degradación del parque. La extensión que ocupan estos regadíos irregulares, 1.089 hectáreas, equivalen al 9,7% del total de tierras que en Huelva se dedicaron en la campaña 2023/24 a los frutos rojos, que según la patronal Freshuelva fueron 11.243 hectáreas.
La fiebre por la fresa en esta región se debe a la combinación de buen clima y un suelo arenoso que permite producir frutos rojos mucho antes que sus competidores, Polonia y Alemania. Si en Andalucía se recogen a partir de enero, en estos dos países no hay fresas hasta mayo o junio. Esta ventaja se usa para vender la producción en el exterior: se exporta el 80% de las fresas y prácticamente toda la cosecha de frambuesas, arándanos y moras. El negocio de la fresa se ha hecho más atractivo en los últimos años y según el Ministerio de Agricultura su valor en el mercado exterior ha aumentado un 44% desde 2020. No obstante, este negocio está reservado para las grandes empresas agrícolas, ya que comprar una sola hectárea de cultivo de fresa bajo plástico cuesta unos 140.000 euros en Huelva, una de las tierras más caras de España.
La alta rentabilidad hace que este negocio sea atractivo incluso para los ilegales, denuncia Juanjo Carmona, puesto que las sanciones son ridículas. "Si sacan 100.000 euros a las fresas y siete años después les cae una multa de 10.000, estás incentivando que continúe el robo de agua", afirma. Por ejemplo, un caso de 2016 documentado por la Fiscalía de Huelva en el que se extrajo agua por valor de 128.000 euros tuvo una multa de apenas 9.000 euros. A esto se suma que el pacto alcanzado en noviembre entre el Gobierno central y la Junta incluye comprar estas tierras irregulares a razón de 100.000 euros la hectárea, una recompensa para los ilegales duramente criticada por los ecologistas.
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El análisis de WWF publicado este jueves revela que el llamado Plan de la Fresa aprobado en 2014 para acabar poco a poco con el regadío ilegal ha fracasado en Andalucía. Según los datos recogidos por la ONG, no ha habido ni un año solo año en el que se hayan contado menos de 1.000 hectáreas de regadíos ilegales de frutos rojos, con un pico de 1.600 hectáreas en 2018. Como se observa en el gráfico, en los últimos años se han reducido las explotaciones ilegales por la actuación del Ministerio de Transición Ecológica —a fecha de diciembre habían cerrado 239 pozos ilegales y otros 321 estaban en trámite de cierre—, pero todavía siguen funcionando la mayoría de explotaciones ilegales que había en 2014.
Los municipios de Rociana del Condado y Lucena del Puerto, en Huelva, acogen al 80% de las fincas con regadío ilegal, que son tierras que tienen permiso para cultivar en secano, pero sin permiso para el uso de agua. La cartografía indica que en la región hay en total 1.360 hectáreas irregulares, de las que el 80% son frutos rojos (1.089), aunque también hay leñosos (cítricos y olivares) y herbáceos en regadío.
El grupo ecologista también calcula que el regadío ilegal alrededor de Doñana consume cada año unos 9 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a lo que consumen 180.000 personas en un año. Para contextualizar esta cifra, Carmona recuerda que el trasvase Odiel-Piedras, que empezará a funcionar como pronto en 2026, tendrá una capacidad de 20 hectómetros cúbicos, la mitad de lo que se saquean ahora los ilegales. "Se están bebiendo la mitad del trasvase. Vamos a gastar millones de euros de dinero público cuando la solución más rápida es acabar con los incentivos al regadío ilegal", se queja Carmona.
