Repsol tiene luz verde para subvenciones por 500 millones para proyectos que ahora amenaza con frenar

La mayor petrolera de España ha vuelto a amenazar esta semana al Gobierno con la paralización de sus inversiones pendientes en el país si Hacienda sigue adelante con su plan de hacer permanente el gravamen temporal que creó en 2021 para las energéticas y la banca. Josu Jon Imaz, consejero delegado de la compañía, ha lanzado un ultimátum al amenazar con llevarse fuera de España proyectos de hidrógeno verde y reciclaje por valor de 1.500 millones de euros que son claves para la descarbonización de la economía. Pero detrás de ellos también hay dinero público: 517 millones en ayudas.

El conteo, realizado por infoLibre con datos del IDAE y la Comisión Europea, equivale al 65% de lo que ha pagado Repsol en los últimos dos años por el gravamen extraordinario que ahora combate la petrolera. En concreto, la compañía de origen vasco pagó 443 millones en 2022 y 350 millones en 2023 por esta prestación patrimonial (no es un impuesto), siendo la energética que más ha abonado en España.

Los 517 millones que han sido preconcedidos a la empresa proceden del programa europeo Next Generation (el PRTR en España) y del Fondo Europeo de Innovación, y van destinados a 15 proyectos que la petrolera tiene planificados en España. Por un lado, hay 10 proyectos que corresponden al PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que suman 338,4 millones de euros en subvenciones, y donde la mayor parte del dinero va destinado a apoyar la construcción de dos electrolizadores en Bilbao y Cartagena, unos aparatos que generan hidrógeno libre emisiones para que la industria lo use de combustible. Los proyectos se detallan al final del artículo. Este dinero procede de la Comisión Europea y se pagan con impuestos de los ciudadanos de los 27 países, y está gestionado en España por el IDAE, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. La subvención está preconcedida y a la espera de que tanto Repsol como el resto de compañías la acepten.

Los otros cinco proyectos de la petrolera que tienen ayudas directas públicas están ligados al European Innovation Fund, un fondo financiado con los pagos de los derechos de emisiones, los permisos que pagan las industrias europeas por cada tonelada de CO₂ que emiten a la atmósfera. En esta línea, Repsol ya ha firmado con la Comisión la concesión de 178,7 millones de euros, principalmente para financiar la construcción de su complejo de Tarragona, donde pretende construir una planta de reciclaje moderna y un electrolizador.

A este dinero se podrían sumar otras decenas de millones que Repsol podría captar con cinco instalaciones que forman parte de la lista de proyectos de interés común (PCI) de la Comisión Europea, donde las subvenciones llegan hasta el 50% del coste de la obra. La petrolera española tiene en la lista definitiva del PCI cinco proyectos: una estación de bombeo en el embalse de Aguayo (Cantabria), los electrolizadores de Tarragona, Cartagena y Bilbao (que ya han recibido otras subvenciones) y una red de captura y almacenamiento de CO₂ para la industria del norte de España en colaboración con Francia.

Los electrolizadores, la principal amenaza de Repsol

Los tres electrolizadores y la Ecoplanta de reciclaje de Tarragona, los proyectos que más ayudas tienen concertadas (483 millones), son precisamente los que Repsol está utilizando como moneda de cambio para frenar la creación del nuevo impuesto a las energéticas. Como dos de estas plantas se ubican en Cataluña y son el futuro de uno de los mayores polos químicos del país, la petrolera ha convencido a Junts per Catalunya para que vote en contra del impuesto energético que prepara el Gobierno. También ha convencido al PNV para que se oponga porque el País Vasco es el destino de unos de los electrolizadores, y porque la petrolera tiene unos lazos históricos con el partido —Josu Jon Imaz estuvo al frente del PNV entre 2004 y 2008—.

De esta manera, el Gobierno ha tenido que recular y ampliar una semana el periodo de enmiendas a la norma para renegociar con estos partidos qué hacer con el impuesto. Desde el sector energético y la banca reclaman que en lugar de gravar los ingresos totales de las compañías, lo que se denomina una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, consista en un impuesto sobre los beneficios para evitar que empresas con pérdidas sigan pagando el tributo, aunque no está claro que este cambio sea suficiente para que la norma salga adelante en el Congreso. Este año el Gobierno ha ingresado 2.859 millones de euros a través de la prestación a energéticas y bancos.

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El tributo sobre el que gira la discusión fue aprobado a finales de 2022 por recomendación de la Comisión Europea, como hicieron también los países del entorno. El objetivo era recoger parte de las ganancias extra de las energéticas por la subida de los precios del gas. Sin embargo, en España, a diferencia de otros países, se ideó como un gravamen sobre el 1,2% de las ventas de las compañías energéticas con más de 1.000 millones de facturación, mientras que en el resto del continente se planteó como un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas, lo que enfadó enormemente al sector. También se creó un gravamen similar para la banca sobre el 4,8% de los ingresos por intereses y comisiones, fruto de la subida de tipos.

En este momento, solo España, República Checa, Hungría y Reino Unido mantienen este tributo a las energéticas, según el observatorio Tax Foundation. En Hungría termina en 2024, en República Checa en 2025 y en Reino Unido en 2030. Alemania lo retiró en agosto de 2023 y Francia e Italia el 1 de enero de 2024.

Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada y analista de Fedea, opina que el gravamen debería reconvertirse en un impuesto sobre los beneficios si se quiere hacer permanente. "Nosotros fuimos críticos desde el principio porque gravar los ingresos y no los beneficios. No digo que no paguen impuestos, pero esa figura es muy rara, y creo que deberían hacerlo mediante el impuesto de sociedades", opina el experto.