El director de Telemadrid, imputado por su actuación en el ERE

El Juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón, en un auto del 16 de abril, abre diligencias, en calidad de imputado, contra el director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, por delitos contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario en el marco del ERE en el que fueron despedidos 861 trabajadores de la cadena pública. 

El juez ha admitido a trámite una querella presentada por CCOO, en la que el sindicato señala que Sánchez sustituyó a empleados de la televisión autonómica que estaban siendo afectados por el ERE por otros de Telefonica Broadcast Services para hacer el mismo trabajo. Lo cierto es que Telemadrid encargó a la empresa de César Alierta el establecimiento de los servicios técnicos necesarios para la elaboración de la parrilla. Por estos servicios, en principio pactados para dos meses, la empresa pública pagó 500.000 euros.

En un comunicado, el ente dice desconocer la querella y señala que en la sentencia en la que se declaram improcedentes los despidos de Telemadrid, ya han sido "analizados, valorados y desestimados todos los hechos que, al parecer, han dado origen a la referida querella".

"Es una situación de mala fe negocial, pues mientras la dirección justificaba los despidos por motivos económicos durante el periodo de consultas del ERE, estaba contrando personal para hacer las mismas funciones. Eso quiere decir que ya teníamn tomada la decisión", señala a infoLibre David Jabato, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Madrid. Además de la vía penal, el sindicato ha llevado los hechos a la Inspección de Trabajo.

En la querella, el sindicato señala que el ente no estaba capacitado para usar esa fórmula de contratación porque las circunstancias "no eran ni imprevisibles ni no imputables", tal y como requiere la Ley de Contratos Públicos. CCOO advierte, además, de que los servicios que antes eran realizados por trabajadores de la casa fueron adjudicados a empresas privadas en condiciones de "clandestinidad", según la querella.

El pasado  de abril, el Tribunal Superior de Juticia de Madrid declaró "no ajustado a derecho" el expediente por el que fueron despedidos 861 trabajadores. Al haber declarado improcedentes los despidos, los empleados tendrán ahora que ser readmitidos o indemnizados con 45 días y 42 mensualidades por los años trabajados hasta el 12 de febrero de 2012 –cuando entró en vigor el nuevo marco laboral– y con 33 años y 24 mensualidades a partir de entonces. El Gobierno regional, que preside el conservador Ignacio González, ya anunció que no contempla la primera opción.