El anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que Sumar ha llegado a un acuerdo con el PSOE para impulsar una reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional con el objetivo de privar de financiación pública a aquellos medios de comunicación que vulneren los códigos deontológicos en la actividad periodística planteó este martes más preguntas que respuestas. En particular, porque, para decidir quién incumple o no un código deontológico periodístico, primero haría falta determinar cuál de ellos sería de aplicación y después sería necesario establecer quiénes estarían obligados a cumplirlo.
Porque en España la profesión periodística no está regulada. Cualquiera puede ejercerla, tenga o no una licenciatura en periodismo. Basta con autoproclamarse profesional de la información. Y porque en nuestro país hay tantos códigos deontológicos como organizaciones de periodistas.
Un buen ejemplo del problema es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), una entidad privada ajena al ordenamiento jurídico. Las resoluciones de este órgano que en los últimos días han condenado la violación del código de la FAPE de El Confidencial Digital, Estado de Alarma TV, Federico Jiménez Losantos, El Debate, Libertad Digital o El Español, por poner solamente algunos ejemplos, han sido olímpicamente ignoradas pro los afectados y no han tenido consecuencia alguna para ellos. Todos los condenados por la Comisión han recibido y siguen recibiendo sustanciosos ingresos procedentes de diferentes administraciones públicas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular.
Definir qué es un medio
La Vicepresidencia Segunda, a petición de infoLibre, no aclaró cómo planea el Gobierno retirar la publicidad institucional a los medios que incumplan los códigos deontológicos a la vista de que no existe una norma legal que regule la profesión. El departamento de Yolanda Díaz sí precisó que cuando habló de códigos se refería a la “buena praxis”, de manera genérica, y no a un conjunto de normas profesionales concretas. “Defendemos una Ley de Publicidad Institucional en la que se defina qué es un medio de comunicación y se regule, por ejemplo, algún mecanismo por el cual un medio condenado por noticias falsas no puede recibir publicidad institucional”, aseguraron las mismas fuentes. “Esta ley, además, debe abordar la transparencia en la publicidad institucional que afecta al equilibrio y a la financiación de los medios de comunicación”.
Desde hace años está pendiente la creación por ley, tal y como obliga la legislación que regula los colegios profesionales, del Consejo de Colegios de Periodistas de España, a imagen y semejanza de los que ya reúnen a médicos o abogados, entre otras profesiones. Esa ley podría mandatar al Consejo a aprobar un Código Deontológico válido para toda España.
Otra posibilidad sería la creación de un Consejo de la Información a partir de lo que mandata el reglamento europeos de libertad de medios en el que, además de los periodistas, estuviesen representadas las empresas informativas y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Un órgano de estas características también podría adoptar un código deontológico de obligado cumplimiento para quienes ejercieran el periodismo profesional en nuestro país.
Autoridad independiente
La normativa europea obliga a España a crear una “autoridad u organismo regulador nacional independiente” encargada, entre otras cosas, de la “creación de bases de datos nacionales sobre la propiedad de los medios de comunicación”. Nuestro país tiene que garantizar que este organismo cuente “con los recursos económicos, humanos y técnicos adecuados para desempeñar sus funciones”, entre ellas la protección de periodistas, la transparencia sobre la propiedad de los medios y el reparto de la publicidad institucional para garantizar su independencia y la alfabetización mediática para combatir la desinformación.
De momento, nada se sabe de los planes de PSOE y Sumar, que el presidente Pedro Sánchez tiene intención de hacer públicos en el pleno del Congreso de este miércoles. La formación de Díaz registró en la Cámara Alta una proposición no de ley en la que plantea pedir al Gobierno una reforma de la ley de regulación de la publicidad institucional y financiación de los medios con recursos públicos “garantizando la proporcionalidad, equidad en el reparto de los contratos publicitarios entre distintos medios, respetando la diversidad, el pluralismo y la calidad de la información de los medios beneficiarios de dinero público”.
La iniciativa, que aunque fuese aprobada no compromete al Ejecutivo —representa únicamente la posición de Sumar—, apuesta por “definir indicadores y criterios objetivos, plurales y ponderados de asignación de recursos públicos a los medios para eliminar todo sesgo o discrecionalidad en las ayudas”, así como por regular “el procedimiento de asignación con transparencia, los medios para su consulta y conocimiento público por la ciudadanía y organizaciones de defensa de los usuarios y consumidores y otras organizaciones de la sociedad civil”.
Autorregulación
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Sumar quiere se constituyan “organismos de autorregulación y corregulación de fiscalización del reparto publicitario a nivel estatal y autonómico, siguiendo modelos armonizados, medibles y contrastables equiparables a otros países de nuestro entorno comunitario”. Y propone “evaluar el control efectivo de los datos reales de los medios y sistemas de investigación de impacto y contraste de dominio público para verificar los datos de operadores del mercado y plataformas que hoy tienen el oligopolio del control de audiencias en materia publicitaria” a través de “una unidad de monitoreo y control del cumplimiento de los medios en relación con la publicidad institucional en el seno de la autoridad independiente encargada de velar por los derechos de acceso, independencia editorial y pluralismo que establece el Reglamento Europeo en materia de libertad de medios”.
Precisamente para mostrar su apoyo al contenido de este reglamento, la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) entregó este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un informe sobre su contenido. No obstante, la entidad aprovechó la ocasión para expresarse en contra de la regulación de la profesión defendiendo “la importancia de que se asegure” su “libre ejercicio, rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos”.
FAPE también defiende que “se garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, y se salvaguarde la independencia de los medios de comunicación con una financiación estable y transparente”.
El anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que Sumar ha llegado a un acuerdo con el PSOE para impulsar una reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional con el objetivo de privar de financiación pública a aquellos medios de comunicación que vulneren los códigos deontológicos en la actividad periodística planteó este martes más preguntas que respuestas. En particular, porque, para decidir quién incumple o no un código deontológico periodístico, primero haría falta determinar cuál de ellos sería de aplicación y después sería necesario establecer quiénes estarían obligados a cumplirlo.