La cultura española saca un 5 raspado tras seis años de suspensos

La cultura española saca un 5 raspado. No parece gran cosa, pero es la primera vez en seis años que el sector aprueba el informe anual de la Fundación Alternativas. Solo en su primera edición, allá por 2011, el mundo de la cultura se puntuó a sí mismo con un 5,1. Y es la propia industria la que se toma la temperatura, ya que la encuesta se hace llegar a unos 300 agentes culturales, entre creadores, gestores y críticos, de entre los que han respondido un centenar. Patricia Corredor Llamas, la autora del informe que analiza este apartado, habla en el documento de un "aprobado sin alegrías", pero cierta alegría debe de haber, porque los expertos han otorgado a su propio campo tres décimas más que el último año (4,7) y seis décimas más que en 2017 (4,4), el peor de la serie.  

El informe de la Fundación Alternativas —think tank próximo al PSOE— ofrece unas calificaciones desiguales: algunas asignaturas obtienen mucha mejor nota que otras. Los encuestados otorgan un 7,5, la nota más alta, al uso de las nuevas redes por parte de los creadores para llegar al público, y en general el uso de las nuevas tecnologías y la innovación creativa obtienen las mejores calificaciones de la encuesta. Sin embargo, los expertos otorgan solo un 3 a la proyección exterior de las pymes —la inmensa mayoría de las empresas culturales— y un 3,1 a la justa remuneración de los artistas: en general, las relaciones con el exterior y los ingresos de creadores y empresas son los aspectos que peor puntúan. El ligero aumento del boletín de notas parece ser acorde, no obstante, con la tímida recuperación que reflejan las cifras de negocio. 

Los grandes números no permiten aún saltos de alegría. El informe señala que el sector generó el pasado año 693.000 puestos de trabajo, un ligero aumento con respecto a los 687.200 de 2017 pero una caída aún si se compara con 2008, cuando vivían de la cultura 706.300 personas. Las empresas sin embargo, son hoy más numerosas que hace una década (118.407 frente a 111.631), lo que genera una "atomización empresarial" creciente: las sociedades que emplean a más de 6 trabajadores no llegan al 7%. Si se miran las aportaciones públicas a la cultura, tampoco hay grandes alaracas: las administraciones dedicaron en 2016 4.800 millones de euros al sector, en sus distintas manifestaciones, un tercio menos de los 7.090 millones de 2008. 

Los municipios sostienen la cultura

Cuando se piensa en las políticas culturales públicas, vienen a la cabeza los grandes centros estatales: el Museo del Prado, el Reina Sofía, el Centro Dramático Nacional, el Instituto de la Cinematografía... Pero atendiendo a las cifras habría que mirar hacia otro lado: a ese teatro municipal, a la biblioteca de barrio, a la muestra que se realiza todos los años en la casa de la cultura del pueblo. Porque las aportaciones del Estado no se reparten equitativamente: en 2016, la administración local ponía más de seis de cada diez euros públicos gastados en cultura, según cifras del Ministerio recogidas por el Informe del Estado de la Cultura. Por eso, el informe se dedica este año a analizar las políticas culturales de las administraciones locales, sus fortalezas y sus fragilidades. 

El primer punto de análisis sería, como suele suceder, el económico. Si en 2008 las administraciones locales cargaban con el 54% del gasto público, en 2016 eran responsables del 64%. ¿La razón? Los brutales recortes operados en el Estado central, que suprimió entre esos años el 38% de su financiación para cultura, y de las comunidades autónomas, que la redujeron a la mitad. Esto no significa que los municipios no sufrieran recortes, ya que entre 2008 y 2013 perdieron unos 1.300 milones de euros. Pero desde 2013 la cuantía que dedican a la cultura no ha dejado de crecer, de 2.500 a 3.500 millones, mientras que la de las demás administraciones solo ha acertado a mantenerse estable: el Estado central alcanzó en torno a los 675 millones de euros y las autonomías en torno a los 1.070 millones de euros.

Una carga demasiado pesada

Ese peso creciente "no es el reflejo de una mejora, sino de un deterioro de las políticas culturales en su conjunto" que ha conllevado "una redistribución interna de roles", como defiende el catedrático de Comunicación Audiovisual Ramón Zallo, autor de otra sección del informe. Así, se han producido a lo largo de la última década situaciones paradójicas, como que quien sostenga el grueso del ecosistema cultural sean unas administraciones cuyas competencias culturales están mucho menos definidas que las de sus hermanas mayores. "Si las administraciones locales se hubieran atenido al literal de la ley", explica el gestor cultural Luis Ben, "estarían ejerciendo prácticamente una competencia, la de la lectura pública a través del servicio de bibliotecas". A lo largo de la historia democrática, defiende, los ayuntamientos y diputaciones han ido expandiendo de facto sus campos de acción respondiendo "de manera vehemente a la petición que hace la ciudadanía de más y mejor cultura en sus calles y barrios". 

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Las administraciones locales se han adaptado a la oscilación presupuestaria sobre todo en un campo: el de las inversiones, que en 2010 suponían el 26% de su presupuesto y en 2017, solo el 9%. "Este ajuste", explica el economista Pau Rausell Köster, "naturalmente viene forzado por las circunstancias de la crisis", pero también supone "el fin a un ciclo de cierta burbuja de equipamientos e inversiones culturales". Adiós al "efecto Guggenheim", tan criticado. Hay otro capítulo, el del gasto de personal, que llama igualmente la atención, porque pese a la recuperación de la inversión este ámbito a decrecido ligeramente. Puede ser, dice Köster, que se haya producido una "mejora de la eficiencia" de la plantilla, pero también es posible que se hayan "empeorado las condiciones laborales" con menos retribución o más carga de trabajo. 

Con unas administraciones centrales y autonómicas muy lejos de la recuperación, unas competencias poco claras y una plantilla "escasa" y "sobrecargada", ¿cómo pueden hacer frente los municipios a los desafíos que tienen por delante? No son pocos, porque no basta con tener "más" gasto público, defiende el informe, sino "mejor": dando paso a un modelo de "mayor transparencia y participación", para lo que sería necesaria una mayor colaboración entre municipios y unas "prácticas de gestión con mayor autonomía", poniendo coto a la vez al "historial de corrupción e irregularidades". ¿Es posible hacer eso sin más personal y sin instrumentos legales que lo permitan? La respuesta parece clara.