Las guerras comerciales de Trump: una disputa del sector aeronáutico impacta en el campo español

Estados Unidos continúa con sus guerras comerciales. Esta vez, recuperando el conflicto con la Unión Europea y con varios países en el punto de mira, entre ellos España. Este miércoles, el Gobierno de Donald Trump anunció que el próximo 18 de octubre comenzará a imponer aranceles de hasta el 25% a ciertos productos agrícolasa ciertos productos agrícolas procedentes, fundamentalmente, de cuatro países europeos: Francia, Alemania, Reino Unido y España. Una decisión que se produjo después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC) diera un giro de 180 grados a su posición y dictaminara que estas sanciones comerciales eran legales. En la práctica, todo esto se traslada a que productos como el vino, el aceite de oliva, las aceitunas o el queso tendrán mayores impuestos a la hora de ser importados en EEUU. Algo que, según explica Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), podría tener un impacto económico en nuestro país de hasta 1.000 millones de euros. Y también podría afectar enormemente al empleo. 

Lo llamativo es que esta noticia viene de un conflicto anterior y que, a priori, muy poco tiene que ver con el comercio de productos alimentarios. Según recuerda Albert Puig, profesor de los Estudios de Economía y Empresa y Director del máster universitario de Análisis del Entorno Económico de la UOC, se trata de la guerra que mantienen las dos grandes compañías aeronáuticas americana y europea desde los años 90: Boeing y Airbus. En 2004, EEUU solicitó que se investigara si la compañía europea estaba recibiendo subvenciones por parte de los Estados miembros, lo que suponía una desventaja para su principal competidor, la compañía norteamericana. Y la OMC concluyó que sí, por lo que pidió cambiar ciertos comportamientos. Sin embargo, la institución considera que no se ha hecho y, por ello, ahora ha decidido permitir que EEUU castigue a algunos productos europeos.

Y esto ha sentado muy mal entre los sectores afectados. Actualmente, EEUU es el primer mercado de destino de las exportaciones de alimentos y bebidas de la UE: sólo en 2018, España exportó 1.728 millones de euros. "No entendemos que cualquier conflicto de intereses, como en este caso, al final lo tengamos que pagar los agricultores y los ganaderos", lamenta Ramos. Por eso, su organización ha pedido una "respuesta contundente". Porque ya no es sólo el impacto económico en el sector, sino también en el empleo que crea. "Estos dos son sectores que generan mucha mano de obra en el campo y en la parte de elaboración y transformación. Si no somos capaces de colocar en otro sitio los productos que no exportamos, tendremos que reducirlos y esto tendrá un impacto muy directo sobre el empleo", añade. Por eso, el establecimiento de estos aranceles le parece "una barbaridad". 

En el mismo sentido se manifestó la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que cifra el impacto económico en 970 millones de euros. "Durante el último año, el valor de las exportaciones españolas a EEUU se situó en torno a los 400 millones de euros en vino, 300 millones en aceite, 180 en aceitunas y 87 en productos lácteos, fundamentalmente quesos", subraya la organización. Por ello, su secretario general, Miguel Blanco, aseguró, en la misma línea que Ramos, que "resulta injusto y desproporcionado que, una vez más, el sector agrario sea el pagano de una guerra comercial de la UE que no tiene nada que ver con el campo español". "Exigimos a las autoridades comunitarias y al Gobierno español que protejan los intereses de nuestra agricultura con una solución rápida y equilibrada para evitar que este conflicto acabe pasando una nueva y costosa factura a nuestros agricultores y ganaderos", añadió.

Las autoridades comunitarias y el Ejecutivo español, por su parte, también se pronunciaron, aunque más tarde. La secretaria de Estado de Comercio en funciones, Xiana Méndez, calificó de "desafortunada" la decisión adoptada por la Administración Trump. Además, según informó Europa Press, recordó que en "pocos meses" habrá otra resolución por parte de la OMC que habilitará a la UE a establecer aranceles a productos estadounidenses como consecuencia de las ayudas recibidas por Boeing —similares a las recibidas por Airbus—, por lo que se trata de "paneles cruzados que se neutralizan entre sí". No obstante, lamentó que "no han visto voluntad por parte de Estados Unidos" después de que se hayan hecho diferentes ofertas para sentarse a negociar. 

El portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Daniel Rosario, también lamentó la noticia. "Es un movimiento que ante todo golpeará a los consumidores y las empresas estadounidenses y hace más difíciles los esfuerzos hacia un acuerdo negociado", aseguró, por lo que se mostró dispuesto a buscar una "solución justa y equilibrada" y establecer un régimen de ayudas pactado para la industria aeronáutica.

¿Cómo afecta a España?

Pocas horas después de que saltara la noticia, ya había consecuencias: Deoleo, productora de la marca de aceite Carbonell, comenzaba a caer en Bolsa. Pero el anuncio de Trump no solo afectará al aceite de oliva, sino que impondrá unos aranceles a una larga lista de productos como el vino, el queso, las aceitunas, las naranjas, los limones, los mejillones y ciertos productos porcinos. Del mismo modo, la imposición de este tipo de impuestos también afectará a otros tres países de la UE: Francia, Reino Unido y Alemania. "Lo que ha hecho Estados Unidos es ver con qué productos se puede hacer más daño a esos países propietarios de Airbus", explica Mariano Íñigo, profesor de la EAE Business School. En conjunto, el importe total de la sanción será de 7.000 millones de euros anuales. "Atacan productos que supongan un impacto serio sobre la economía" de esos países, explica el experto. 

Pero sin duda, el mayor impacto para España vendrá por los aranceles impuestos al aceite de oliva, del que nuestro país es el principal productor y exportador. Además, explica Íñigo, se trata de un producto que genera unos ingresos difícilmente recuperables a través de la venta puramente nacional. Y es que, según explica, en España el consumo ya es muy elevado como para exista un margen de mejora sustancial. 

Por otro lado, dice, los impuestos sobre el vino también tendrán consecuencias importantes, aunque Francia, primer productor mundial, lo notará mucho más. El director general de la Federación Española del Vino (FEV), José Luis Benítez, lamentó en declaraciones a Europa Press que el vino sea "de nuevo objeto de represalia en un conflicto comercial internacional en el que no tiene nada que ver". Y por ello pidió soluciones. "Desde el sector del vino no entendemos que productos agrícolas como el nuestro se vean envueltos en un conflicto generado por otros sectores y, en este sentido, pedimos al Gobierno que, mientras se resuelve la situación, estudie posibles medidas para apoyar a los sectores afectados y compensar los efectos negativos que van a generar los aranceles adicionales", aseguró. 

Y si las alarmas han sido inmediatas es porque el impacto podría notarse de manera casi automática. Pero solo en la economía, aunque este no sería el único ámbito al que perjudicaría. "El impacto económico acabará trasladándose a la producción y, por tanto, al empleo, y yo creo que sería cuestión de semanas o de meses porque hablamos de volúmenes muy grandes de productos", dice. Por ejemplo, según los datos que ofreció este jueves la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alicia Villauriz, solo en los aranceles a las almejas, los mejillones y los preparados de pulpo, el impacto ya podría situarse en los 400.000 euros. 

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Además del Gobierno y de los sectores afectados, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también mostró su preocupación. Por ello, y a través de un comunicado, la patronal pidió al Ejecutivo y a las autoridades de la Unión Europea "la máxima colaboración y esfuerzo para evitar" que la imposición de aranceles se lleve a término. Pero, ¿qué margen de maniobra tiene España? Según Íñigo, no demasiado. "El Gobierno tiene que hablar con la UE para que defienda sus intereses", insta. Y cree que, "sin duda", la institución "tomará medidas". 

Recuerda además que hay pendiente otra decisión de la OMC relativa, esta vez, a las denuncias de la Unión Europea sobre Boeing. El resultado, en caso de ser favorable para la UE —al igual que lo fue para EEUU en su enfrentamiento con Airbus—, podría tener unas consecuencias "perversas en las economías de todo el mundo". Por ello, opta por la negociación. Porque la situación en la que nos encontramos ahora "no tiene fácil solución a no ser que haya un esfuerzo por ambas partes para sellar la paz". "Si no se negocia, todos saldremos perdiendo", alerta Íñigo. 

La guerra comercial que mantiene desde hace años Estados Unidos cambia, de este modo, de objetivo. Según explica Puig, hasta hace unos meses, cuando se oían estas dos palabras se pensaba, inevitablemente, en la lucha por la hegemonía tecnológica que mantienen EEUU y China. Ahora, el concepto se amplía. Y para Trump, dice, el aval de la OMC para imponer estos aranceles supone "un triunfo que va a intentar explotar al máximo". La lucha entre Boeing y Airbus, recuerda, cumple ya 15 años.