En la carrera por el desarrollo de la vacuna contra el covid, los laboratorios siempre ganan

La carrera internacional por la vacuna contra el covid-19 se acelera. En el pelotón de cabeza, el laboratorio británico-sueco AstraZeneca y la compañía china CanSino. Sus proyectos han permitido obtener una respuesta inmunológica significativa y han demostrado ser seguras para los pacientes, según los resultados de dos ensayos clínicos preliminares publicados el 20 de julio en la revista científica The Lancet. Será necesario establecer su eficacia en nuevos ensayos antes de que se pueda considerar su comercialización a gran escala.

Las grandes potencias ya habían adelantado sus peones para asegurarse una porción del pastel del laboratorio de AstraZeneca, cuyo proyecto de vacuna procede de la investigación en la Universidad de Oxford. Tras el enorme pedido previo de Estados Unidos, ya en mayo, America first obligaAmerica first, se creó una alianza incongruente e incompleta de países europeos, que refleja la incapacidad de la Unión Europea para desarrollar una estrategia común.

Esta alianza para la compra anticipada de vacunas covid-19, integrada por Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, reservó con ello 300 millones de dosis por importe de 750 millones de euros a partir del 13 de junio, incluso antes de saber si el suero pasaría las pruebas de seguridad y sería efectivo. En cualquier caso, una apuesta ganadora para el laboratorio.

“Se mantienen negociaciones con otros laboratorios que, como Sanofi, trabajan en vacunas”, según confirma el Ministerio francés de Sanidad a Mediapart, socio editorial de infoLibre. Así que, ¿una vez más, “gracias Paul”, parafraseando a Emmanuel Macron en el cierre de su discurso pronunciado en las instalaciones de Sanofi en Marcy-l'Etoile (Rhône), en Francia, el 16 de junio? Agradecía en estos términos a Paul Hudson, el director general de la compañía, la inversión de 490 millones de euros para construir, antes de 2025, un nuevo centro de producción y un centro de investigación dedicado a las vacunas.

Sin embargo, el mismo Paul Hudson había conmocionado a Francia un mes antes al anunciar que reservaría para los norteamericanos sus primeras vacunas contra el covid-19 fabricadas en Estados Unidos. Y esto a cambio de los cientos de millones de euros pagados por la Casa Blanca por su investigación.

También lanzó: “No permitáis que Europa se quede atrás”, invitando a los Gobiernos del viejo continente a reaccionar para proteger a su población, ya que las esperanzas de la comunidad científica de salir de esta pandemia se centran esencialmente en el desarrollo de una vacuna.

Fue escuchado. El mismo 16 de junio, el Gobierno francés anunció que iba a desbloquear una partida de 200 millones de euros para apoyar a los industriales sanitarias en la producción de vacunas, tratamientos y medicamentos, bajo la presión del suministro durante la crisis, así como la investigación y el desarrollo (I+D) para combatir el covid-19.

“Estas multinacionales aumentan la competencia entre los países diciendo ‘Estados Unidos ha dado tanto que el medicamento llegará más tarde a otros lugares’”, deplora Pauline Londeix, cofundadora del Observatorio para la Transparencia de las Políticas sobre Medicamentos. “Dado que este chantaje ha funcionado en el contexto del covid-19, en el futuro, las empresas podrían condicionar sistemáticamente su posicionamiento, en ciertos mercados esenciales para la salud mundial, a las subvenciones públicas”.

La industria farmacéutica es una de las pocas que se ha beneficiado de esta crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica. En el primer trimestre de 2020, las ventas de Sanofi aumentaron casi un 7%. Lo mismo ocurre con sus competidores Novartis, Pfizer, GSK, Johnson & Johnson, Roche y MSD, cuyos resultados también fueron inflados por la crisis.

Las ventas del analgésico Doliprane producido por Sanofi se dispararon, hasta crecer un 20%: se recomendó el paracetamol en caso de síntomas de coronavirus. A pesar del sombrío contexto mundial, el laboratorio francés sigue aumentando el importe de los dividendos pagados a sus accionistas este año, cerca de 4.000 millones de euros.

Sin embargo, sólo nueve días después de la visita del presidente francés, Sanofi anunciaba la supresión de 1.700 puestos en Europa en tres años, de ellos 1.000 en Francia, y el cierre del centro de investigación de Estrasburgo. Sanofi actúa con total impunidad, lo cual es inaceptable”, comenta Jaume Vidal, asesor político de Health Action International, una ONG que lucha por el acceso al tratamiento para todos. Ningún Estado quiere un enfrentamiento con la industria farmacéutica, que se ha vuelto omnipotente”.

Los empleados lo tienen mal. El 8 de julio, demostraron su ira cerca de la Asamblea Nacional en París. “Cuando Emmanuel Macron termina su discurso dando las gracias al director general de Sanofi, nos preguntamos francamente quién toma las decisiones”, dice Thierry Bodin, coordinador de CGT de la empresa.

A pesar de que en 12 años se han producido 5.000 despidos, Thierry Bodin se muestra muy sorprendido. En el micrófono, se deja llevar: “El dinero público, y por lo tanto nuestros impuestos, financian los planes sociales de Sanofi”. Cada año, la empresa recibe unos cien millones de euros en créditos fiscales para la investigación, mientras que la partida para I+D se reduce con los años.

“Es insoportable que el Gobierno dé dinero a Sanofi sin compensación, sin prohibir la reducción de puestos de trabajo”, añadió Eric Coquerel, diputado Francia Insumisa, que vino con un puñado de parlamentarios de izquierda para apoyar a los manifestantes.

Thierry Bodin también denuncia el hecho de que “se distribuyese a los accionistas de Sanofi en un solo año el equivalente a 40 años de donaciones a Téléthon, a pesar del contexto”. Sobre todo porque “el pretexto para remunerar a los accionistas es recompensar la asunción de riesgos, pero Sanofi no se arriesga y externaliza la investigación”, denuncia Marion Layssac, delegada sindical de la industria Sud Chimie y bióloga de Sanofi, que hizo el viaje especialmente desde Montpellier.

El tercer mayor productor de vacunas del mundo ha lanzado dos proyectos en esta competición global para protegerse contra el covid-19. Para el primero, Sanofi ha unido sus fuerzas con el laboratorio GSK y el Ministerio de Sanidad de Estados Unidos. El suero se fabricará en Estados Unidos y Europa, en particular en Francia, Alemania e Italia.

Para su segundo plan, Sanofi se ha asociado con Translate Bio. Se trata de una empresa biotecnológica norteamericana, es decir, una start-up especializada tanto en la ciencia de los seres vivos como en las nuevas tecnologías. Estos nuevos actores, pulgarcitos en el sector farmacéutico, emergen desde los 80. Los grandes laboratorios tienden cada vez más tendencia a confiar el campo de la investigación fundamental a estas pequeñas estructuras especializadas en I+D, antes de aliarse con ellas o comprarlas cuando encuentran pistas fructíferas.

El último ejemplo es la compañía farmacéutica americana MSD, que completó su adquisición de la empresa austriaca Themis Bioscience en junio. Fue con esta compañía que el Instituto Pasteur se asoció para desarrollar su propia vacuna contra el covid-19.

“Se trata de ilustraciones clásicas de las recientes estrategias de los big Pharma. Llegan al final de la carrera, una vez realizada la investigación y cuando las biotecnológicas han asumido todo el riesgo", denuncia Pauline Londeix.

3.800 millones de dólares para la investigación y desarrollo de una vacuna

En total, autoridades públicas, organizaciones y donaciones privadas han destinado 3.800 millones de dólares a I+D al desarrollo de una vacuna contra el covid-19, según el think thank Policy cures research, que controla el esfuerzo financiero en I+D contra Covid-19. Este "grupo de reflexión independiente recibe fondos de la Fundación Bill & Melinda Gates, entre otros", precisa a Mediapart.

La inmensa mayoría de los fondos recaudados para combatir el coronavirus son para vacunas, prueba de las esperanzas que suscitan. Esto se suma a los miles de millones destinados a reservas de pedidos para alentar a las empresas farmacéuticas a comenzar la producción masiva de estas hipotéticas vacunas.

Los partidarios del acceso a los medicamentos no denuncian la asignación de fondos para la investigación de vacunas, habida cuenta de la considerable inversión necesaria para la investigación y la producción a fin de proporcionar inyecciones para todo el planeta. En cambio, lamentan el hecho de que la vacuna covid-19, como bien público mundial, no esté excluida de la política habitual de propiedad intelectual que rige en el sector farmacéutico.

La patente presentada por el laboratorio que comercializa un medicamento o una vacuna le otorga un monopolio y una omnipotencia de 20 años en lo que respecta a los precios, en particular. En resumen, a cambio de la ayuda, lo mínimo sería que la industria farmacéutica fuera transparente en cuanto a sus costos de producción.

“En el sistema actual, la cofinanciación era necesaria porque existía el riesgo de que la vacuna se descubriera mucho después del fin de la pandemia. Sin una garantía de que alguna vez se venderá, la industria farmacéutica no se arriesga a producirla. Por otra parte, como la vacuna contra el covid-19 está tan financiada por los gobiernos, es el momento de cuestionar la política de patentes que crea monopolios y precios indecentes para los productos sanitarios”, dice Nathalie Coutinet, coautora de Économie du médicament (La Découverte, 2018).

El mismo eco se escucha en Ginebra en el Centro de Salud Mundial del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IHEID). El dinero público es necesario para asegurar una inversión adecuada en I+D y en la producción de las vacunas Covid-19 porque las empresas privadas creen que es demasiado arriesgado pagar por ello”, dice Suerie Moon, codirectora del IHEID. “Pero, por supuesto, si se invierte tanto dinero público, los políticos deben exigir transparencia en el uso de esos fondos para poder determinar el precio justo de una vacuna, y no es así”.

Los 193 miembros de la ONU adoptaron una resolución no vinculante el 20 de abril en la que se pedía un acceso equitativo a las futuras vacunas covid-19, subrayando el “papel de liderazgo crucial” de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo tanto, corresponde al organismo especializado de las Naciones Unidas asegurarse de que los acuerdos bilaterales alcanzados directamente entre un Estado y una empresa farmacéutica con fines proteccionistas no dibujen por completo el mapa de la distribución de la vacuna. El papel de la OMS es limitar el todo vale de todos con un previsible abandono de los menos ricos.

Para ello, ha encargado a dos organizaciones internacionales híbridas recientes, en las que se mezclan actores públicos y privados, que distribuyan ayuda para la investigación, fomenten la producción masiva de vacunas y organicen la distribución de sueros contra el Covid-19. Ambos reclaman un deseo de accesibilidad a todas las vacunas.

La primera, Gavi, conocido como la Alianza para las vacunas, nació en 2000. Entre sus colaboradores se encuentran filántropos, principalmente la Fundación Bill y Melinda Gates, la Comisión Europea y los Gobiernos de países mayormente desarrollados como Estados Unidos y países europeos como Francia, pero también Rusia, Catar, etc.

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) se creó en 2017 en respuesta a la catastrófica gestión de la epidemia del ébola. Entre sus contribuyentes se encuentra también la Fundación Bill y Melinda Gates, la Comisión Europea, pero hasta ahora son menos los países miembros: sólo Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Etiopía, Japón, México, Noruega y Gran Bretaña.

Estas dos uniones público-privadas, Gavi y Cepi, ejecutan bajo las directivas de la OMS la política mundial de vacunas en todas sus etapas. En primer lugar, eligen los laboratorios de vacunas que financian. Por ejemplo, la Cepi está apoyando nueve proyectos de vacunas contra el Covid-19 por importe de 829 millones de dólares. Pero los activistas de las ONG para el acceso a los medicamentos deploran la opacidad de la elección de los laboratorios subvencionados.

Estas organizaciones se encargan entonces de distribuir estas vacunas, tras haber encargado las dosis “en el marco de un mecanismo de asignación que será determinado por la OMS”, según Gavi. Por ejemplo, Gavi ha destinado 300 millones de dosis para AstraZeneca por importe de 663 millones de euros. "No hay transparencia en la elección de los laboratorios o el coste real de producción pese a la financiación pública”, lamenta Kate Elder, especialista en vacunación de Médicos Sin Fronteras. Al igual que el departamento de comunicación del Ministerio de Sanidad francés, el departamento de Gavi respondió a Mediapart que AstraZeneca fue elegida porque es “uno de los candidatos más avanzados”.

Gavi dispensará las inyecciones compradas a los diversos fabricantes a los países contribuyentes y a los más pobres. “Las dosis se distribuirán equitativamente a medida que estén disponibles entre los países autofinanciados que pagarán por sus dosis y los países en desarrollo que de otro modo no podrían pagar por la vacuna”, precisa Gavi.

En total, 75 países han mostrado interés en participar financieramente en la compra de vacunas a través de Gavi y Cepi, coordinados por la OMS. Se estima que 90 países de bajos ingresos tendrán acceso a vacunas apoyadas por el sistema de distribución establecido. “Juntos, este grupo de 165 países representa más del 60% de la población mundial. El grupo incluye representantes de todos los continentes y de más de la mitad de las economías del G20 en todo el mundo”, se ha felicitado la OMS en una declaración el 15 de julio.

Sin embargo, es probable que el 40% restante esté al margen del acceso a la vacuna Covid-19: la mayoría de ellos son países de ingresos medios no contribuyentes, como Argelia, Colombia, Gabón, Iraq, Tailandia y Turquía, por ejemplo. Están en el punto ciego de esta política de “acceso global”, desfavorecidos y sujetos a las leyes del mercado y por lo tanto a los precios negociados por las empresas farmacéuticas, claramente en posición de fuerza en este período de crisis sanitaria. Impera la ley del más fuerte.

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Traducción: Mariola Moreno

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