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Argentina

Asociaciones argentinas responsabilizan al Gobierno de Macri de la desaparición de un joven durante una ocupación de tierras

Un cartel de protesta contra la desaparición de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto.

Desde el pasado 1 de agosto, el conflicto territorial que la etnia mapuche mantiene en la Patagonia argentina y chilena se ha visto recrudecido. Ese día se perdió la pista a Santiago Maldonado, un artesano de 28 años cuyo paradero se desconoce desde que la Gendarmería –dependiente del Ministerio de Seguridad argentino– llevara a cabo un operativo en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut.

Según informó la familia, Maldonado fue visto por última vez cuando estaba participando en una protesta que pedía la liberación del líder mapuche Facundo Jones Huala, detenido desde hace más de un mes en la cárcel de Esquel –a 1.800 kilómetros de Buenos Aires– y sobre el que pesan cargos de terrorismo que le podrían suponer una condena de 18 años de cárcel. El motivo de su detención es la ocupación de unas tierras pertenecientes a la firma italiana de ropa Benetton, en las que el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) lleva asentado desde 2015.

Algunos testigos que participaban en la protesta indicaron que fue detenido por la Gendarmería Nacional, que irrumpió en la zona ocupada por los mapuches, la mayoría de los cuales cruzaron el río para huir, excepto Maldonado. "Al no pertenecer a la comunidad y desconocer el terreno, Santiago –que acudió a la concentración para mostrar su apoyo– permaneció escondido bajo un árbol", explica a infoLibre Gabriela Kletzel, directora del Equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "Según los testimonios de las personas que lo presenciaron, se escuchó a los gendarmes gritar 'aquí está, estás detenido' y, después, vieron cómo cargaban algo de forma violenta hacia un camiónalgo", añade. 

Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó que no se puede afirmar que Maldonado haya sido detenido, pues “todos los manifestantes estaban encapuchados” y en una actitud de “agresividad”, según informó el periódico La nación. Para Bullrich, “todos los que afirman que fue una desaparición forzosa” no hacen más que “una construcción política” de la desaparición. Bullrich fue citada a declarar en el Congreso argentino por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda, para que diera explicaciones sobre el caso. No acudió.

La ONU solicita al Gobierno medidas para encontrar a Maldonado

La desaparición alcanzó tal impacto que, además de la implicación de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno de Mauricio Macri que adopte una “estrategia integral y exhaustiva” para encontrar con vida al joven. La implicación de la ONU se produjo después de que el CELS pidiera la intervención al manifestar que la Gendarmería, al entrar en la comunidad, “disparó balas de goma y de plomo y no tomó ninguna precaución para proteger la vida y la integridad” de las personas que se encontraban allí manifestándose.

"Solicitamos intervención a la ONU en el marco del artículo 30 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", explica Kletzel. "Por parte del Gobierno no había ni una respuesta adecuada ni compromiso", enfatiza. 

En el comunicado enviado al Gobierno argentino, la ONU manifestó su preocupación “por la integridad física y psicológica” de Maldonado, por lo que solicitó al Estado que tome “inmediatamente todas las medidas urgentes que sean necesarias para buscarlo y localizarlo” y que la Gendarmería no se implique en la investigación, entre otras medidas.

La desaparición es el resultado de una "política perversa"

La tensión que se vive en el territorio se ha ido agravando con el paso del tiempo con numerosas protestas reprimidas por la Gendarmería argentina. Tras su desaparición, encontrar a Maldonado con vida es una de las principales metas de las asociaciones defensoras de los derechos humanos en Argentina, que no dudan en responsabilizar al Gobierno de Mauricio Macri de lo ocurrido.

“Queremos volver a abrazar a Santiago”. Bajo ese lema se manifestó la Asociación Madres de Plaza de Mayo, una organización creada durante la dictadura de Jorge Videla con el fin de encontrar con vida a los detenidos desaparecidos. El caso de Maldonado, según manifestaron, “retrotrae a épocas oscuras que no pueden regresar”. “Las Madres hemos calificado, desde el minuto cero, a este gobierno como ‘enemigo del pueblo’ y hemos sostenido que sus prácticas eran similares a las de una dictadura, que esta desaparición confirma cabalmente”, escribieron en un comunicado.

Norma Ríos, presidenta de la Asamblea Permanente  por los Derechos Humanos en Argentina (APDH), cuenta a infoLibre que esta situación "es horrible". "Se trata de una desaparición forzada que tiene lugar en una democracia", añade. 

Todos los organismos que se han manifestado en relación a la desaparición de Maldonado acusan a la Gendarmería, al Ministerio de Seguridad y al presidente Mauricio Macri de, además de no tomar ninguna medida para encontrarlo, ser responsables directos de los hechos. "Este es un caso de represión, apresamiento y desaparición", explica Ríos, quien añade que "la responsabilidad de lo ocurrido es, sin duda, del Gobierno".

Las autoridades, en cambio, niegan una y otra vez que Maldonado haya sido arrestado y, para encontrarlo, han ofrecido una recompensa de 27.000 euros para todo aquel que facilite alguna pista sobre su paradero. "Le buscan como si fuera un perro. Falta seriedad y sobra desidia", lamenta Ríos, quien añade que lo ocurrido es resultado de una "política perversa" acompañada de una "censura mediática" que evidencian que la política de Macri "es igual a la de la dictadura"

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Precisamente por el recuerdo de la dictadura militar de Jorge Videla este caso ha causado tanto impacto en la sociedad argentina. Con 30.000 personas detenidas o desaparecidas durante la represión militar, Argentina no quiere recordar ni volver a vivir aquellos años. "Hay 30.000 desaparecidos, no queremos otro más", explica Ríos. "Esto es un caso de terrorismo de Estado". 

"En Argentina no hemos tenido la oportunidad de gozar de gran libertad, hay muchos casos de 'gatillo fácil' en los que ocurren muertes a manos de la policía. Es algo totalmente habitual. Además, siempre tienen excusas y un gran arsenal para distorsionar la verdad", denuncia. 

Los nueve días sin conocer el paradero de Maldonado han generado numerosas protestas en algunas ciudades argentinas. Así, este jueves la marcha semanal de la Asociación Madres de Plaza de Mayo reclamó, en primer lugar, la implicación del Gobierno en el caso. Además, el pasado martes, cuando se cumplía una semana de la desaparición, las marchas y las concentraciones se repartieron por varios puntos del país, como Rawson, Esquel, El Bolsón y Bariloche, donde tuvieron lugar los hechos. 

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