Bruselas no quita ojo a los gigantes tecnológicos por sus trucos fiscales y sus prácticas contra la competencia

El 21 de enero de 2016, el CEO del gigante tecnológico Apple, Tim Cook, se reunió en Bruselas con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para analizar los acuerdos fiscales disfrutados por la compañía en Irlanda, un caso que Bruselas llevaba investigando desde 2013. El encuentro, según publicaron varios medios de comunicación en su momento, fue tenso. El empresario adoptó una posición ofensiva, tratando de intimidar a la comisaria danesa con interrupciones durante el interrogatorio y algún que otro grito. Incluso llegó a darle, según desveló The Guardian, una breve conferencia sobre el correcto enfoque de los impuestos corporativos. Pero Vestager no se amilanó. Siete meses después de la reunión, la Comisión concluyó que Apple tenía que devolver miles de millones de euros a Irlanda. Cook calificó la decisión de "basura política". Vestager le respondió el pasado mes de julio durante una entrevista: "Juega respetando las normas europeas".

A pesar de las presiones que hayan podido llegar desde el otro lado del Atlántico, el Ejecutivo comunitario lleva años con el foco puesto sobre los cuatro gigantes tecnológicos: Google, Amazon, Facebook y Apple –las conocidas últimamente bajo el acrónimo GAFA–. La dirección de Competencia del Ejecutivo comunitario ha golpeado a estas firmas en media docena de ocasiones –2 decisiones afectaron a Apple, otras 2 a Amazon, 1 a Facebook y 1 a Google– durante los últimos años. En algunos casos, empresa y Comisión llegaron a un acuerdo para poner fin a la práctica sin que fuera necesaria la imposición de sanciones. En otros, se fijaron multas que alcanzaron los 2.530 millones y que podrían incrementarse próximamente si el Ejecutivo comunitario encuentra culpable a Google en otros dos expedientes que la compañía tiene abiertos actualmente en Bruselas. Y en dos de ellos, la Comisión decidió obligar a dos Estados miembros a recuperar 13.250 millones que Amazon y Apple se habían ahorrado en el pago de impuestos.

  Apple: del ‘caso iTunes’ a los privilegios fiscales en Irlanda

El primer varapalo dado por el Ejecutivo comunitario a los gigantes tecnológicos lo recibió Apple en abril de 2007. Tras una demanda interpuesta por una organización de consumidores británicos, el Ejecutivo que por aquel entonces presidía el portugués José Manuel Durão Barroso decidió abrir una investigación contra iTunes –la tradicional tienda de contenidos multimedia de la compañía estadounidense– después de comprobar que aplicaba precios diferentes a los contenidos en función del país. Así, por ejemplo, mientras que en los países de la Eurozona costaba unos 99 céntimos descargar una canción, en Reino Unido había que pagar 1,17 euros –un 18% más–. Finalmente, un año después Apple se comprometió a equiparar los precios en toda la Unión Europea y la Comisión, tras comprobar que no existía un acuerdo entre la compañía y las grandes discográficas para organizar la estrategia comercial de iTunes en Europa, dio carpetazo al caso.

Sin embargo, la compañía que dirige Tim Cook no pudo esquivar, ocho años después de aquel primer tirón de orejas, el misil lanzado desde Bruselas por los privilegios tributarios de los que se había beneficiado durante años el gigante tecnológico en Irlanda. Tras una exhaustiva investigación, en agosto de 2016 la Comisión Europea declaró ilegales dos resoluciones fiscales emitidas por las autoridades irlandesas con respecto a Apple que permitieron a la firma estadounidense reducir "artificial y sustancialmente" los impuestos pagados en el territorio durante dos décadas. Según el Ejecutivo comunitario, la compañía se benefició de esta manera de "un trato selectivo" que le permitió abonar menos tributos que otras empresas. "Apple consiguió pagar un tipo efectivo del impuesto de sociedades del 1% sobre beneficios generados en Europa en 2003 y que se redujo hasta el 0,005% en 2014", señaló la Comisión. Traduciendo, la tecnológica pagó en ese último año 50 euros en impuestos por cada millón de beneficios.

Según se explicó en un comunicado, el mecanismo era el siguiente: la "práctica totalidad" de los beneficios por ventas que obtenían las sociedades mercantiles irlandesas del grupo Apple –Apple Sales International y Apple Operations Europe, las únicas autorizadas para fabricar y vender productos de la marca fuera de América– se distribuían internamente a una "administración central", que sólo existía "nominalmente". Dichas ganancias, completaba la Comisión, "no fueron objeto de gravamen en ningún país". "A mí me habría llamado la atención", apostilló Vestager tras hacerse pública la decisión. En total, el Ejecutivo comunitario ordenó a Irlanda recuperar la friolera de 13.000 millones de euros que se habría ahorrado la compañía durante los años investigados –de 2003 a 2014–.

El gigante tecnológico criticó con dureza la decisión de la UE, asegurando que iba a provocar "un profundo daño en las inversiones y la creación de empleo" y aseverando que se estaba intentando "reescribir la historia de Apple en Europa" y "dar la vuelta al sistema fiscal internacional". Tampoco se mostró conforme el Gobierno irlandés, que apuntó que apelarían porque no se habían concedido "ventajas fiscales" de ningún tipo a la compañía. "La decisión no me deja otra opción que buscar la aprobación del gabinete de apelar. Esto es necesario para defender la integridad de nuestro sistema fiscal, para velar por la seguridad fiscal de los negocios y para desafiar a la invasión de las normas sobre ayudas estatales de la UE", apuntó el entonces ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan.

Ante la dilación de Irlanda a la hora de tomar las medidas necesarias para recuperar el dinero eludido –tendría que haber sido una realidad a comienzos de enero de 2017–, la Comisión Europea intentó dejar claro el pasado mes de octubre que en este asunto será inflexible y denunció al Estado irlandés ante el Tribunal de Justicia de la UE. "Ha pasado un año desde la decisión e Irlanda sigue sin haber recuperado esa suma, ni tan siquiera en parte", criticó la comisaria de Competencia. Un mes más tarde, el Ejecutivo irlandés desveló que había alcanzado un acuerdo con la multinacional estadounidense para ingresar los 13.000 millones perdidos. Según explicó el ministro de Finanzas, Paschal Donohoe, se espera que Apple comience a transferir el dinero a partir del próximo mes de marzo.

  Amazon: entre eBooks y evasión fiscal

El mismo día que Bruselas comunicó que llevaría el caso Apple ante el TJUE, la Comisión hizo público también el resultado de otra nueva investigación –última decisión en materia fiscal tomada hasta la fecha–. En concreto, el Ejecutivo comunitario exhortó a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros que el gigante de comercio electrónico Amazon había evitado pagar en concepto de impuestos entre mayo de 2006 y junio de 2014 gracias al traje tributario a medida que le confeccionó el Gran Ducado. "Luxemburgo concedió beneficios fiscales ilegales a Amazon. (...) Se le permitió que pagara la cuarta parte de los impuestos que pagan otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales nacionales. (...) Los Estados miembro no pueden conceder a grupos multinacionales beneficios fiscales selectivos a los que no tienen acceso otros", señaló Vestager.

La ingeniería fiscal se hizo a través de dos compañías radicadas en Luxemburgo: Amazon EU –con 500 trabajadores en 2014, esta "empresa de gestión" se encargaba de adoptar decisiones y realizar actividades relacionadas con el negocio minorista de la compañía en el Viejo Continente– y Amazon Europe Holding Technologies –sin empleados, oficinas o actividad empresarial, esta "sociedad de cartera", fundada para cobrar los derechos de propiedad intelectual de la marca en Europa, actuaba como intermediaria entre la primera y la matriz en Washington–. Según explicaba Competencia a través de un comunicado, la firma tecnológica registraba mediante la primera sociedad –sujeta a tributación– los beneficios por su actividad en el continente, pero los transfería casi por completo en concepto de canon por derechos de propiedad intelectual a la "sociedad cartera", que no estaba sujeta al pago del impuesto de sociedades en Luxemburgo. Gracias a esto consiguió eximir del fisco casi el 75% de sus ganancias.

"Creemos que Amazon no recibió ningún trato especial por parte de Luxemburgo y que pagamos nuestros impuestos en plena conformidad con la legislación tributaria luxemburguesa e internacional", señaló nada más conocerse la noticia la compañía en un comunicado. La misma valoración hizo el Ministerio de Finanzas del Gran Ducado, que defendió que no se habían concedido ayudas de Estado ilegales a la firma estadounidense y anunció que estudiaría la decisión y valoraría si llevarla o no ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dos meses después, las autoridades luxemburguesas confirmaron que recurrirían: “[La apelación ante el TJUE] busca obtener seguridad jurídica y no cuestiona el fuerte compromiso de Luxemburgo con la transparencia fiscal y la lucha contra las prácticas fiscales perjudiciales", señalaron en un comunicado, en el que añadieron que no compartían el análisis de Bruselas. A pesar de ello, desde Bruselas aseguran a este diario que la recuperación del dinero está en proceso.

Este no ha sido el único varapalo que ha recibido la compañía capitaneada por Jeff Bezos. En junio de 2015, el Ejecutivo comunitario abrió una investigación contra Amazon al sospechar que podría estar restringiendo el mercado de libros electrónicos en Europa. En su análisis preliminar, la Comisión concluyó que el gigante del comercio electrónico estaba abusando “de sus posiciones dominantes en los mercados de distribución minorista” de ebooks “en lengua inglesa y alemana” por las cláusulas introducidas por la compañía en los contratos con proveedores de libros electrónicos –les obligaban incluso a revelar los términos de los acuerdos que alcanzaban con otros distribuidores de libros para poder igualar o mejorar esas ofertas–. En este sentido, Bruselas señalaba que dichas cláusulas impedían a los minoristas de ebooks expandirse o entrar “en los mercados de referencia” ofreciendo “precios minoristas de los libros electrónicos para los consumidores más bajos que Amazon”.

Con el objetivo de poner punto final al caso, la empresa de Seattle, que mostró su desacuerdo con el análisis preliminar, remitió al Ejecutivo de la UE un listado de compromisos “para responder a las inquietudes” de Bruselas. Después de las “observaciones de quince terceros interesados” a la primera propuesta de Amazon, la tecnológica puso sobre la mesa una segunda lista de compromisos que, finalmente, la Comisión Europea consideró “suficientes”. “Se aplicarán por un periodo de cinco años a cualquier libro electrónico en cualquier idioma distribuido por Amazon en el Espacio Económico Europeo”, señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado. No obstante, a pesar del acuerdo, Bruselas avisaba: “Si incumpliera los compromisos, la Comisión podrá imponer una multa de hasta el 10% de la facturación anual total de Amazon”.

  Facebook: 110 millones por ocultar información

Tampoco Facebook se ha escapado de la lupa de las instituciones europeas. En mayo de 2017, la Comisión decidió imponer a la empresa que dirige Mark Zuckerberg una multa de 110 millones de euros por proporcionar a las autoridades comunitarias información “incorrecta o engañosa” en relación con la compra de Whatsapp en 2014, convirtiéndose así en la primera de las cuatro grandes empresas tecnológicas en ser sancionada económicamente por Bruselas –cabe recordar que en los casos de evasión fiscal de Amazon y Apple no se impusieron multas a las empresas, sino que se obligó a Luxemburgo e Irlanda a recuperar el dinero perdido–. En concreto, el Ejecutivo europeo sancionó a Facebook por no comunicar durante el proceso de compra que “existía la posibilidad técnica de vincular automáticamente las cuentas” de los usuarios de la red social y el servicio de mensajería instantánea.

“La decisión adoptada hoy envía a las empresas una clara señal de que deben cumplir todos los aspectos de las normas sobre concentraciones de la UE, incluida la obligación de proporcionar una información correcta”, señaló Vestager al hacer pública la sanción, “proporcional y disuasoria”, al gigante estadounidense. Esta decisión, sin embargo, no afectó a la operación de compra, valorada en 21.800 millones de dólares y que recibió luz verde de la Comisión Europea en octubre de 2014 al considerar que la adquisición de WhatsApp no obstaculizaba la competencia ante la “gran variedad de aplicaciones de comunicación” alternativas. Casi un año después del varapalo, fuentes comunitarias consultadas por infoLibre señalan que la empresa ya ha abonado la sanción impuesta.

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Sin embargo, la multa impuesta contra Facebook, que no alcanzó el límite máximo que fija la normativa europea –el 10% sobre la facturación anual de la empresa–, fue anecdótica en comparación con la que le cayó sólo un mes después a Google. En junio de 2017, tras casi siete largos años de investigación, la Comisión Europea impuso a Alphabet, la empresa matriz de Google, una multa de 2.420 millones de euros –la mayor sanción antimonopolio fijada en la UE a una compañía– al considerar probado que el gigante tecnológico había abusado de su posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados de su buscador. “Niega a otras compañías la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y de innovar. Y lo más importante, niega a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación”, criticó la comisaria de Competencia.

El mismo día que se conoció el golpe de Bruselas, la multinacional mostró su “desacuerdo” y aseveró que el Ejecutivo comunitario estaba subestimando el valor de las conexiones rápidas y sencillas que impulsan para conectar al usuario con miles de anunciantes. “Mostrar anuncios que incluyen imágenes, reseñas, precios, nos favorece a nosotros, a nuestros anunciantes y, sobre todo, a los usuarios”, señaló la empresa, que añadió que “miles de comerciantes y tiendas europeas utilizan estos anuncios para competir con empresas como Amazon o eBay”. El pasado mes de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comunicó en redes sociales que el gigante tecnológico había recurrido la decisión. Fuentes comunitarias afirman a este diario que Alphabet, que está por el momento a la espera del veredicto del TJUE, ya ha depositado una garantía bancaria para hacer frente a la multa.

No obstante, la tormenta sobre la tecnológica que dirige Larry Page puede intensificarse en los próximos meses. Actualmente, el gigante estadounidense tiene abiertas otras dos investigaciones que le podrían acarrear nuevas multas millonarias. En primer lugar, la Comisión mantiene la lupa puesta sobre el sistema operativo Android, que preocupa a las autoridades europeas por considerar que Google “ha restringido las ofertas y la innovación en diversas aplicaciones y servicios móviles” aplicando “una estrategia global” en los dispositivos “para proteger y ampliar su posición en las búsquedas de internet de carácter general”. Por otro lado, Competencia investiga el funcionamiento de AdSense, el servicio de publicidad de la firma, al temer que la compañía “haya reducido la oferta impidiendo que los sitios web de terceros obtengan anuncios de búsqueda de los competidores de Google”. Las fuentes europeas consultadas por infoLibre desconocen cuándo tomará Competencia una decisión sobre ambos casos.