La Amazonia y las comunidades indígenas pagan por la impunidad de la minería sin control en Brasil

A finales de enero, la rotura de los diques de contención de la presa de la mina de Correo de Feijão, en la localidad brasileña de Brumadinho (sudeste del país), provocó un alud de lodo y residuos de hierro, sílice, amoniaco y aluminio que arrasó todo a su paso, desde las instalaciones de la compañía propietaria –el productor de mineral de hierro Vale SA– pasando por los pueblos y carreteras cercanas, hasta los territorios de las comunidades indígenas y el río Paraopeba. Según el último informe de Defensa Civil de Minas Gerais, 165 personas han perdido la vida y otras 150 personas continúan desaparecidas.

El 25 de enero, horas después de la rotura, Vale negó cualquier responsabilidad en lo que considera se trató de un accidente y aseguró estar en posesión de unos informes de evaluación, elaborados por la auditora alemana TÜV SÜD con sede en São Paulo, que calificaban las instalaciones como “estables”. Sin embargo, la información publicada por el diario The Wall Street Journal indica que la compañía Vale estaba al tanto de los peligros a los que estaban expuestas las zonas afectadas –las oficinas y la cafetería– en caso de que se produjera una fractura en la estructura de la presa: en uno de los informes, TÜV SÜD notificó al gigante minero que algunos de los sistemas utilizados para monitorizar los niveles de agua del embalse de los residuos eran defectuosos y, además, algunas partes del sistema de drenaje estaban obstruidas con vegetación o dañadas debido a las pisadas de animales de gran envergadura; aun así, la auditora alemana otorgó a la presa de la mina de Correo de Feijão la calificación de “estable”.

Ese mismo día, la Justicia de Brasil ordenó el bloqueo de 12.000 millones de reales (unos 2.841 millones de euros) de sus cuentas para garantizar el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas y mitigar los daños ambientales. También deberá pagar una multa del Instituto Brasileño de Medio Ambiente por valor de 250 millones de reales (más de 59 millones de euros) y otra del Gobierno de Minas Gerais que asciende a 99 millones de reales (23,4 millones de euros).

Por su parte, el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo en un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter que "su gobierno hará todo lo que esté a su alcance para evitar más tragedias como la de Mariana y Brumadinho".

 

El lunes 28 de enero, el gigante minero anunció en una rueda de presa la donación voluntaria de 100.000 reales (unos 23,6 mil euros) para cada familia de las víctimas y la suspensión de la Política de Remuneración a los Accionistas, es decir, el no pago de dividendos e intereses sobre el capital propio.

El 29 de enero, en respuesta a las demandas de justicia por parte de los familiares de las víctimas, grupos ecologistas, políticos e incluso los propios accionistas del gigante minero, un juez del estado de Minas Gerais abrió una investigación para “establecer la responsabilidad penal por la rotura de la presa”. En el marco de dicha investigación, tres empleados de Vale y dos auditores de TÜV SÜD que participaron en la elaboración del informe al que hizo referencia el productor brasileño fueron detenidos de manera cautelar por presunto asesinato, falsificación de documentos y delitos ambientales. Asimismo, el tribunal decidió congelar otros 800 millones de reales (cerca de 191 millones de euros) de los activos de Vale como compensación para las víctimas. El Tribunal Supremo brasileño puso el martes 5 en libertad cautelar a los cinco deteniendo tras constatar que no son peligro para la sociedad.

El presidente de Vale, Fabio Schvartsman, cumpliendo con la promesa de “extinguir” todas las presas que cuenten con estructuras similares y paralizar de manera temporal sus actividades en el estado Minas Gerais, comunicó el 5 de febrero el fin de las operaciones en las presas de Brumadinho y Mariana y el desembolso de 5.000 millones de reales (alrededor de 1.136 millones de euros) para su desmantelamiento a lo largo de los próximos tres años.

El estado brasileño de Minas Gerais canceló el jueves 7 la licencia del productor de mineral de hierro para operar en las minas Brucutu y Jangada.

El 11 de febrero, cerca de un millar de personas tuvieron que ser evacuadas de las inmediaciones de la presa Gongo Soco y otra presa cercana a la ciudad de Itatiaiuçu, ambas en el estado de Minas Gerais,  por temor a nuevos derrumbes como el de la tragedia de Brumadinho.

Desde el día de la catástrofe, los equipos de rescate, formados por bomberos, militares, voluntarios y perros rastreadores, continúan sin descanso con los trabajos de búsqueda y rescate por tierra; y mientras, embarcaciones acuáticas recorren el Río Paraopeba.

La mina de Feijao después de la rotura de los diques de contención de la presa. EFE

El activista de la ONG Greenpeace Brasil, Davi Martins, en declaraciones a infoLibre, señala que esta catástrofe reabre el debate sobre la regulación del sector de la minería e intensifica los temores que despiertan las propuestas del presidente Jair Bolsonaro. El foco se traslada ahora a aquellos que sufren las consecuencias de la impunidad de esta industria: las comunidades indígenas y el medio ambiente. Los millones de metros cúbicos de residuos tóxicos (sílice, amoniaco y aluminio) llegaron en pocas horas al río Paraopeba —hogar y medio de vida de pueblos como el Pataxó Hã-hã-hãe— contaminaron el agua, dejaron a su paso un rastro de peces muertos y obligaron a miles de indios a abandonar sus tierras; una injusticia que se suma a siglos de abusos y discriminaciones. En cuanto al otro gran damnificado, la Amazonia, desde Greenpeace consideran que se trata de un “crimen” no un “accidente” y exigen al Gobierno de Brasil que garantice una legislación que sea aun más dura para frenar de una vez la explotación del bosque primario más extenso del planeta.

Sistema de inspecciones

El Gobierno de Brasil supervisa la industria minera ubicada a orillas del río Amazonas a través de la Agencia Nacional de Aguas de Brasil (ANA), encargada de examinar el estado de las presas del país, comprobar si cumplen con la legalidad vigente y clasificarlas, en función de los datos obtenidos, como de “bajo”, “medio” o “alto riesgo”. Según señala Greenpeace, debido a la normativa ambiental, el Gobierno no tiene capacidad fiscalizadora para realizar inspecciones independientes y la consecuencia de esto es que la información que maneja la ANA es aquella que le proporcionan las propias empresas, quienes muchas veces contratan a consultoras externas para que realicen las inspecciones; como es el caso de Vale S.A. y la asociación alemana de inspecciones técnicas TÜV SÜD, cuyos servicios van desde inspección de tuberías o presas hasta de implantes mamarios.

Por defecto, la validez y credibilidad de los informes de este tipo de empresas son cuestionables pero, en el caso de TÜV SÜD, más aún debido a sus antecedentes –fue suspendida en 2010 por el Comité de Cambio Climático de Naciones Unidas por no seguir los procedimientos y por dar “una validación positiva a algunos proyectos a pesar de que los resultados de las inspecciones eran preocupantes”– y, por ello, la ONG encuentra sorprendente que la ANA no contrastase previamente dichos datos  y los utilizase para clasificar la construcción como de “bajo riesgo” pocas semanas antes de su colapso.

 

La presa que ha sufrido la rotura era usada para la recirculación del agua en una planta de contención de residuos para sucesos de emergencia. TW

En cuanto a Vale SA, Greenpeace recuerda que no es la primera vez que el gigante del mineral de hierro tiene que hacer frente a una situación de este tipo, aunque parece que la compañía no aprendió nada de sus errores y “continúa dañando el medio ambiente”. En general, las presas de residuos tienen una estructura “construcción río arriba” que, por sus paredes hechas a partir de residuos de arena y lodo arcilloso, es el diseño más barato y menos estable del mercado, propenso a grietas y otros daños que pueden causar rupturas. Tras encontrar evidentes indicios de fracturas estructurales alrededor de varias de sus empresas de relevo, Vale SA desarrolló en 2009 el proyecto Zero Dams que habría supuesto entre otras cosas, el secador de las represas de relevos.

Más la compañía minera nunca llegó a poner en marcha el proyecto ni implantó esas medidas que podrían haber evitado que, en 2015, el muro de mina que explotaba Samarco –controlada por la brasileña Vale y la australiana BHP Billiton–, ubicada a 35 km de la ciudad de Mariana (Minas Gerais), reventara y 50 millones de toneladas de lodo tóxico contaminaran 800 kilómetros del río Doçe, arrasaran pueblos enteros y provocara la muerte de 19 personas.  

Razones para temer a Bolsonaro

Firme defensor de la dictadura militar brasileña, negacionista del cambio climático y partidario de facilitar la explotación de recursos naturales, la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro supone que tendremos “más desastres como el de la minas de Brumadinho y Mariana a lo largo de todo el Amazonas”, señala el activista Davi Martins. 

–Pueblos indígenas: durante su campaña electoral, Bolsonaro prometió que, si se convertía en presidente de Brasil, no se desmarcarían más territorio indios y que las reservas ya existentes se abrirían a la industria minera. También calificó de “obsoleto” el sistema de tierras protegidas y, al igual que en el periodo de la dictadura, defendió que “ha llegado el momento de reintegrarlos en la sociedad y reconocer que no quieren vivir en zoológicos”.

Una vez elegido presidente, Bolsonaro dijo que si fuera por él “no tendríamos más áreas para indígenas en el país” pues considera que estos territorios son un “impedimento para el crecimiento económico”.

El 2 de enero, el nuevo presidente de Brasil aprobó un decreto para transferir las competencias de identificar, delimitar y demarcar las tierras de las tribus indígenas propias de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) al Ministerio de Agricultura.

–Medio Ambiente: Bolsonaro, aliado del grupo de diputados en el Congreso que responden a los intereses del lobby agroindustrial –dominado por los principales exportadores de soja y carne del mundo– expuso su intención de fusionar los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente. Aunque finalmente la fusión no se llevó a cabo, Bolsonaro puso al frente del Ministerio de Agricultura a Tereza Cristina Dias, diputada al frente de la bancada que representa los intereses de la industria agroganadera y conocida con en sobrenombre de la musa del veneno por su apoyo a la relajación de los controles de los agrotóxicos.  

Sus planes para flexibilizar la legislación de protección ambiental se topan con la ley que prohíbe la actividad industrial a gran escala en los espacios demarcados como territorio indígena, pero Bolsonaro ha garantizado que se podrán llevar a cabo mediante la paralización de las multas a las empresas e individuos que violen dicha ley.

En el decreto aprobado el 2 de enero, el presidente también trasladó el Servicio Forestal Brasileño –órgano vinculado al Ministerio de Medio Ambiente– su competencia para reforestar las áreas devastadas y para regular la explotación sostenible de regiones selváticas al Ministerio de Agricultura.

Los pueblo indígenas de Brasil

En el siglo XVI, entre tres y cinco millones de indígenas vivían en lo que hoy se conoce como Brasil pero el desembarco de los primeros colonos portugueses trajo no solo la civilización, sino también la viruela, la gripe y otras enfermedades europeas que diezmaron la población local. Después vinieron décadas de esclavitud, trabajos forzados en las plantaciones de azúcar y posteriormente en las de caucho, que continuaron con la reducción del número de habitantes de las comunidades indígenas. Pero fue el golpe de Estado de 1964 y las dos décadas de dictadura militar que le precedieron, las que consiguieron que la comunidad indígena se hundiera por debajo de los 100.000 habitantes.

 

Anuncio de venta de tierras propiedad de tribus indígenas.

–Organismos para proteger a los indios: a principio del siglo XX, se fundó el Servicio de Protección Indígena (SPI) con el propósito de proteger a los indígenas incorporándolos a la civilización para así eliminar la diversidad cultural y dejar libres sus tierras. Aunque la creación de este órgano consiguió acabar con el monopolio de la Iglesia en la “asistencia” a los indígenas, la corrupción pronto se convirtió en el eje central de su actividad.

En 1967, se hizo público el Informe de Figueiredo, un documento elaborado por el Ministerio del Interior en el que se detallaban las atrocidades cometidas por el SPI. A lo largo de 5.000 páginas, el informe describía, entre otras cosas: la aniquilación de más de 80 tribus, como en el caso de la de Maranhão; la estrategia que los propietarios de las tierras utilizaron para introducir la viruela en aldeas aisladas; la tortura mediante la técnica de “el tronco”, que lentamente aplastaba los tobillos de las víctimas; o cómo los funcionarios comerciaban con los indígenas como si fueran animales.

A consecuencia de la publicación de este documento, el Ministerio de Justicia y Asuntos Públicos decidió reemplazar el SPI por la FUNAI.

En 1969, surgió el movimiento global Survival International en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, un mecanismo para prevenir la aniquilación de los pueblos tribales y una plataforma para dar testimonio de la violencia genocida, la esclavitud y el racismo a los que todavía hoy se enfrentan.

 

En Brasil existen alrededor de un centenar de tribus no contactadas, más que en ninguna otra parte del mundo. 

–Demarcación de territorios: la Constitución Federal de Brasil de 1988 se diseñó con la intención de reparar los abusos del pasado. Se establecieron las pautas a seguir en la denominada demarcación, proceso que define los límites de un territorio que tradicionalmente ha sido ocupado por comunidades indígenas.

Durante sus escasos dos años de presidencia, Fernando Collor de Mello, aprobó decretos que permitieron la creación de 128 reservas, casi 32 millones de hectáreas. En 1992, se enfrentó a una moción de censura tras ser acusado de corrupción. 

El predecesor de Collor de Mello, el cofundador del Partido Social Democrático brasileño, Fernando Henrique Cardoso, autorizó la demarcación de 147 reservas (más de 36 millones de hectáreas) a lo largo de los ocho años que duró su presidencia.

En 2005, Amnistía Internacional publicó el documento Extranjeros en nuestro propio país en el que criticaba la inacción política del por entonces presidente de Brasil, Lula Ignacio Da Silva, con respecto a la comunidad indígena, a la que había prometido que construiría reservas donde podría vivir sin alterar sus costumbres de vida. Según la ONG, la actitud del presidente dejaba expuestos a los indígenas a a cualquier acto de discriminación y violencia, así como a la pobreza y desnutrición.

Ese mismo año, Da Silva ratificó el decreto de Homologación de Raposa Serra do Sol, una reserva de 1,7 millones de hectáreas en el estado de Romaima, frontera con Venezuela y Guyana, que albergaba a unos 20.000 indígenas pertenecientes a cinco grupos étnicos. El territorio fue el centro de conflictos por la tierra entre las comunidades nativas y los agricultores no indígenas desde que se inició el proceso de demarcación en la década de 1970. La decisión del presidente de Brasil fue impugnada como inconstitucional y el caso terminó en la Corte Suprema, donde finalmente se confirmó la creación de la reserva en marzo de 2009.

 

La reserva Raposa Serra do Sol albergaba a unos 20.000 indígenas pertenecientes a cinco grupos étnicos.

En 2013, los funcionarios de la FUNAI escribieron una carta a la presidenta Dilma Rousseff donde le reprocharon que su gobierno hubiera designado menos tierras a grupos tribales que cualquier otra administración en 25 años. Según los funcionarios, la presidenta estaba transfiriendo la responsabilidad de la demarcación de tierras de la organización representante de los pueblos indígenas a otros organismos gubernamentales, como el Congreso y el Ministerio de Agricultura, que están más cerca de los intereses del grupo de presión ruralista.

Poco después, el Consejo Indígenista Misionero publicó el Informe de la violencia contra los pueblos indígenas de Brasil que exponía que 452 indígenas fueron asesinados entre 2002 y 2010, lo que suponía un fuerte incremento con respecto a los 167 indígenas asesinados durante los ocho años anteriores.

En el informe del 2018, la organización católica alertaba de que, pese a la reducción del numero de muertes frente a 2016 y 2015, al menos 110 indios fueron asesinados en Brasil y acusaba a los tres poderes del Estado de "ser cómplices de la presión sobre las tierras indígenas, ya que pretenden permitir la explotación de sus recursos naturales".

En la actualidad, casi un millón de indígenas –repartidos en más de 300 tribus– viven en Brasil, lo que representa el 0,4% de la población total del país. El gobierno brasileño ha reconocido 690 territorios para su población indígena, es decir, cerca del 13% de la extensión de Brasil; y casi toda esta tierra denominada como reservada (98,5%) se encuentra en el Amazonas.

El pulmón del planeta

La Amazonia es la mayor región tropical del planeta y juega un papel fundamental en los mecanismos de regulación del clima, tanto a nivel regional como global. El intercambio con la atmósfera de gases como el CO2 o el vapor de agua hace de este gran ecosistema un aliado fundamental para mitigar el cambio climático y, sin embargo, la destrucción de la selva amazónica de Brasil alcanzó en 2018 su nivel más alto en una década, según datos publicados por el Gobierno de Estados Unidos, debido a la tala ilegal derivada del creciente sector de las materas primas y a la invasión de la agricultura.

 

Entre julio de 2017 y julio de 2018 se talaron 7.900 kilómetros cuadrados de bosque en el Amazonas. E.P.

Los efectos de la actividad minera en la masa forestal representaron entre 2005 y 2015 en torno al 10% de la pérdida total de la Amazonia, según científicos de la Universidad de Vermont. En concreto, esa pérdida es doce veces mayor fuera de esas áreas que dentro de ellas, y puede llegarse a extender 70 kilómetros a la redonda desde los límites de una mina.

El Observatorio del Clima de Brasil, una red de organizaciones no gubernamentales, señaló que la deforestación es la causa de alrededor del 15% de las emisiones anuales.

En 2008, un informe elaborado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales alertó de un aumento “nunca visto” en la destrucción de la Amazonia: en los últimos cinco meses de 2007, 3.235 kilómetros cuadrados de bosque fueron destruidos. La reacción del presidente Lula Da Silva fue criticar los datos y subrayar que “no se puede responsabilizar a la soja, ni al ganado ni a los campesinos sin tierra”, sin antes investigar el asunto, y comparó el informe con un diagnóstico médico: “El médico detecta un tumorcito, y en vez de hacer una biopsia y saber cómo lo van a tratar, uno sale diciendo que tiene cáncer”.

En 2009, el mandatario brasileño se comprometió a reducir un 80% la deforestación en la Amazonia y un 39%% los gases de efecto invernadero hasta 2020. No obstante, Brasil se quedo fuera del documento impulsado por Naciones Unidas en septiembre de 2014 que daría forma al Acuerdo Mundial sobre el Clima y que ponía como objetivo reducir a la mitad la deforestación en el mundo hasta 2020. Según la ministra de Medio Ambiente brasileña, Izabella Teixeira, el país no firmó el documento porque no fue consultado durante su elaboración.

 

El ex presidente de Brasil, Michel Temer, en la ratificación del Acuerdo de París

Finalmente, en septiembre de 2016, el presidente Michel Temer ratificó el Acuerdo de París prometiendo de esta manera que Brasil reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 37% para 2025 y en un 43% para 2030 en relación con las emisiones de 2005.

Sin embargo en 2017, Temer firmó un decreto para "extinguir" la Reserva Nacional de Cobre y sus asociados (RENCA), una enorme reserva amazónica de 47.000 kilómetros cuadrados, lo que suscitó un rechazo generalizado por parte de las organizaciones ambientalistas por considerar que esta medida fomentaría el negocio de la minería ilegal, al mismo tiempo que supondría una amenaza para el medio ambiente y las comunidades indígenas. Menos de cinco meses después, un juez federal de Brasilia frenó el decreto presidencial por considerar que el gobierno había abusado de su autoridad al retirar la designación de área protegida a la RENCA, una potestad que solo tiene el Congreso.

A pocos meses de finalizar su mandato, Temer publicó dos decretos para reformar el Código Minero de 1967 y que los títulos mineros puedan ser usados como garantías para la financiación, un intento por estimular la inversión en el sector, así como permisos para que las mineras mantengan la exploración de minerales aunque estén pendientes las solicitudes por licencias. El decreto incluirá también normas más estrictas para la recuperación de áreas degradadas y la planificación del cierre de minas.

Durante su campaña electoral, Bolsonaro aseguró que pondría fin a la "industria de las multas" dirigida por Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y su "tendencia" a controlar la minería ilegal, la deforestación y la tala de árboles. La aversión del presidente por el IBAMA se remonta a 2012, cuando tuvo que pagar una multa de 2.700 dólares tras ser sorprendido pescando ilegalmente dentro de una reserva federal frente a la costa de Río de Janeiro. Desde entonces, ha utilizado su posición como miembro de la Cámara de Diputados de Brasil para atacar a IBAMA, llegando incluso a presentar un proyecto de ley para prohibir a sus agentes llevar armas, a pesar de que operan en algunas de las zonas más peligrosas del país.

El 7 de enero, la presidenta del IBAMA, Suely Araújo, dimitió tras ser criticada abiertamente a través de Twitter por el nuevo presidente de Brasil. En un mensaje que fue borrado poco después de publicarse, Bolsonaro cuestionaba un contrato de alquiler de vehículos suscrito por el Instituto en diciembre de 2018, aunque no mencionaba ninguna irregularidad concreta. Araújo iba a ser sustituida en el cargo por Eduardo Fortunato Bim, la opción del nuevo ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, para dirigir este organismo.