Ante la duda... Venezuela

No ha disimulado Mariano Rajoy este miércoles en el Congreso que se siente ufano y seguro. Tras haber amarrado la aprobación del techo de gasto, tiene garantizado mantenerse en el Gobierno hasta 2019, como mínimo. Ya pueden reprobarle ministros o sentarle como testigo en el banquillo de la Gürtel. No le importa. Y ante la más mínima duda… Venezuela.

Le ha preguntado la portavoz del PSOE, Margarita Robles, qué piensa hacer con los ministros Rafael Catalá y Cristóbal Montoro, reprobados ambos por el pleno del Congreso. Y Rajoy ha contestado con una de esas frases que resumen bien su filosofía política: “Como la ley no me obliga a tomar ninguna decisión, pues eso es lo que voy a hacer”. O sea, nada. Se aplica a sí mismo lo que aplica a Cataluña, por ejemplo. Desde que el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la reforma del Estatut aprobada por el Parlament, por el Congreso de los Diputados y por los catalanes en referéndum, el apoyo al independentismo se ha disparado en Cataluña. Resulta tan obvio que el problema tiene un carácter esencialmente político que hasta el propio Tribunal Constitucional lo ha recordado en varias sentencias: búsquese una solución política porque esto no se resuelve utilizando la Constitución como una cachiporra. Rajoy sigue con su mantra: “Vamos a aplicar la ley”, “Cumpliremos lo que dice la ley”… y con esa solemne obviedad llevamos enredados siete años (desde la sentencia del TC amputando parte del Estatut) sin que el Gobierno haya mostrado ningún interés en ofrecer algún argumento capaz no ya de convencer a los independentistas (cosa quizás imposible) pero sí de interesar o seducir a tantos catalanes y catalanas que sin serlo han terminado por dar la espalda a España.

Le ha preguntado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, si el Ejecutivo ha calculado el coste que los casos de corrupción del PP han supuesto para los españoles. Y Rajoy ha respondido como el propio Iglesias anticipó: hablando de Venezuela, el otro mantra que figura en los argumentarios de los conservadores a la hora de afrontar cualquier acusación que proceda de la formación morada. Acusó Rajoy a los dirigentes de Podemos de negarse “a denunciar la violación de derechos humanos en países amigos”, de no condenar “la invasión de Parlamentos democráticos” y de calificar de “golpista” a Leopoldo López, dirigente opositor encarcelado durante tres años y medio, hoy bajo arresto domiciliario tras las gestiones de mediación en las que ha participado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

“Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican porque a ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias, para defender posiciones”, concluyó Rajoy, en este caso sin tener en cuenta para nada el respeto a “la ley”, ya que la acusación de que Iglesias ha recibido fondos del  Gobierno venezolano ha sido rechazada siete veces por los tribunales españoles.

La ley o los tribunales sólo importan cuando a Rajoy le conviene. Ante los datos que Iglesias fue desgranando sobre los centenares de millones de fondos públicos desviados por las tramas Gürtel, Lezo o Púnica, Rajoy aplicó la receta de cambiar el marco del debate. Ante la duda, repitan conmigo: Ve-ne-zue-la. Viene a ser una modalidad más de la cansina técnica del ventilador que tanto daño ha hecho a la credibilidad genérica de la política en España.

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Si se piensa detenidamente, la respuesta de Rajoy es surrealista. ¿Qué ocurriría si cada vez que desde el PP se propone hablar de recuperación del empleo o de lo bien que marcha el turismo la oposición en lugar de criticar la precariedad laboral le exigiera condenar las ejecuciones en países “amigos” como China o Arabia Saudí? Son dos de los cinco países en los que más penas de muerte se aplicaron en 2016, según el último informe de Amnistía Internacional. Por supuesto sin juicios justos. ¿Acaso hay mayor “corrupción de los valores democráticos”? Claro que, para que existan y se defiendan valores democráticos, lo primero que tiene que existir es la democracia misma.

Ningún demócrata cabal puede justificar las violaciones de los derechos humanos y políticos que se están produciendo en Venezuela desde hace años: que civiles armados ataquen a parlamentarios mientras las fuerzas de seguridad silban es inaceptable. Que Rajoy y el PP utilicen Venezuela para esquivar sus responsabilidades ante los latrocinios cometidos durante décadas con fórmulas concretas relatadas abundantemente en distintos sumarios judiciales es simplemente una ofensa a la inteligencia.

Este jueves, cuatro de los tesoreros nacionales que el Partido Popular ha tenido durante las últimas décadas están citados a declarar ante la comisión parlamentaria que investiga la financiación irregular. ¿Dónde estaría el presidente del partido gobernante en el Reino Unido, o en Francia o en Italia o en Bélgica, si cuatro de sus últimos tesoreros tuvieran que responder sobre corrupción y financiación ilegal? ¿O si el propio primer ministro tuviera que acudir como testigo con la obligación de no mentir al tribunal sobre esos mismos temas? Para no responder a estas preguntas, mejor sigamos hablando de Venezuela.