A debatir

Respuestas al debate sobre el referéndum

Hace una semana, propuse modificar la relación entre autor y lectores, planteando una pregunta polémica y dando paso a continuación a las opiniones de quienes se animaran a participar. Anuncié que en dos semanas presentaría un resumen del debate y ofrecería mi propio punto de vista a partir de las razones ofrecidas por unos y otros. En un par de días se registraron más de 400 comentarios. Los he leído todos con atención e interés y he tomado numerosas notas. Ante la cantidad de opiniones y la intensidad que está adquiriendo este asunto en la política española, he adelantado la segunda parte del debate.

Permítanme que comience con una felicitación colectiva: han intervenido centenares de personas, se han aportado argumentos razonados y no ha habido apenas excesos verbales. Creo que, colectivamente, hemos dado una lección a aquellos autores exquisitos que despotrican contra internet y las redes sociales. La intervención de los lectores ha sido ejemplar. Por supuesto que en algunos casos los participantes han acabado hablando de temas que no eran exactamente el que había planteado, pero eso es completamente lógico y ocurre en toda conversación, sea virtual o presencial.

Vayamos al grano. Comenzaré por las opiniones en contra de la celebración del referéndum. Estas son las principales objeciones que he recogido:

Un referéndum supone simplificar demasiado, no es la manera más adecuada de resolver un conflicto con tantas aristas.
El referéndum no atajaría el conflicto: si ganara la independencia, provocaría desacuerdos aún mayores que los actuales sobre todos los asuntos a negociar.
Los votantes se dejan llevar por los sentimientos, no por la razón. La gente vota sin estar suficientemente informada sobre las consecuencias de la separación.
Si se deja votar a Cataluña, seguirían luego las demás regiones, pero eso es inviable políticamente, España estaría sometida a revisión territorial constantemente.
¿Por qué tiene que decidir Cataluña y no las provincias de esta, o los municipios, o los barrios? ¿Por qué no deciden Barcelona o Girona por sí mismas?
La democracia se basa en el principio de mayoría. Ante un conflicto entre una mayoría española y una minoría catalana, debe imponerse el criterio de la mayoría.
No se pueden alterar las reglas que nos dimos los españoles como nación, una parte no tiene capacidad para cambiar las reglas que nos afectan a todos.

Intentaré contestar brevemente a estas objeciones. Es cierto que los referéndums son simplificadores y casi siempre binarios. Pero entonces ¿por qué celebramos en su día el referéndum sobre la Constitución del 78, o el referéndum sobre la OTAN en 1986, o el referéndum sobre la Constitución Europea en 2005? Resulta sospechoso que un referéndum sobre la secesión de un territorio sea “simplificador” y no en cambio otro en el que cedamos soberanía a Europa (como el de 2005).

Es cierto que si el referéndum lo gana el independentismo, el conflicto posterior puede ser muy intenso, pero debe recordarse que el referéndum se lleva a cabo para determinar cuál es la voluntad mayoritaria en Cataluña, no para zanjar de una vez por todas un conflicto que de todas formas existe y va a seguir existiendo.

El tercer argumento me parece un tanto despectivo hacia los procedimientos democráticos. ¿Quién decide que los votantes no entienden bien lo que están votando, o que están manipulados por élites malvadas, o que se dejan llevar por emociones? Este tipo de especulaciones no nos llevan demasiado lejos.

Los argumentos cuarto y quinto están relacionados, pues ambos afectan al sujeto del referéndum. Si recuerdan, la semana pasada propuse restringir el referéndum para aquellos territorios que tienen viabilidad estatal. Yo creo que una provincia o una ciudad de Cataluña, y no ya digamos un barrio, no pueden llegar a ser Estados y por tanto no tiene mucho sentido que se plantee un referéndum a una escala menor que la de la propia Cataluña. Supongamos entonces que el referéndum se limita a Cataluña. ¿Cómo prevenir que se extienda a Andalucía y a otras regiones de España? Es una pregunta legítima, pero no estoy seguro de que resulte muy realista. No parece haber una demanda extendida en esos otros territorios a favor de un referéndum sobre la creación de una república propia.

Los dos últimos argumentos son los de mayor calado. La democracia es un juego de mayorías y minorías. Los catalanes están en minoría con respecto al resto de España; por lo tanto, dice la objeción, no les queda más que aguantarse, pues votaron en 1978 a favor de la Constitución que establece la indisoluble unidad de la nación española. Siendo el titular de la soberanía el pueblo español, a la minoría catalana no le asiste derecho alguno para romper dicha soberanía.

Pero esto es justamente lo que los independentistas cuestionan. No cuestionan, entiéndase bien, lo que dice la Constitución de 1978, sino que ellos se sientan vinculados por dicha Constitución. Al no querer seguir siendo españoles, desean regirse por su propia legalidad y su propia Constitución.

En la teoría política se ha estudiado este conflicto (es el llamado problema del demos, que analicé, por si a alguien le interesa, en el capítulo segundo de mi librito Más democracia, menos liberalismo): la democracia funciona cuando todos nos ponemos de acuerdo en tomar decisiones colectivamente, es decir, cuando el demos (pueblo) de la democracia está claro. Si hay una demanda de independencia, la unidad del demos se quiebra. La democracia no tiene forma de procesar ese conflicto, pues la parte que quiere separarse no se considera obligada por las decisiones que tome el resto del demos, por grande o pequeño que éste sea. Yendo al caso catalán: de poco sirve alegar que los catalanes independentistas tienen que aceptar lo establecido en la Constitución de 1978, ya que estos no aceptan la autoridad de dicha Constitución. Ante este problema, no se me ocurre solución mejor que celebrar un referéndum en el que quede claro cuánta gente no se siente parte del demos español y, si es un número muy elevado, permitir, tras los acuerdos y compensaciones pertinentes, la formación de un Estado nuevo. Una vez producido el conflicto de legitimidades, que sea la propia gente quien decida cómo quiere resolverlo.

De hecho, la mayor parte de las intervenciones en el debate han sido a favor de un referéndum pactado y con garantías, en llamativo contraste con lo que vemos en las encuestas y en los medios de comunicación tradicionales. Son muchos los participantes que consideran que si hay una mayoría amplia de catalanes a favor del referéndum, este debería celebrarse y, si para ello resulta imprescindible modificar la Constitución, piden que se haga así. Creen que el respeto al principio democrático debe prevalecer sobre otras consideraciones políticas.

Me alegro mucho de que esta sea la opinión dominante entre los participantes en el debate, pues llevo muchos años argumentando a favor de un referéndum. Que el referéndum sea pactado y tenga garantías significa cosas muy distintas para distintos opinantes. Resumo a continuación algunas de las ideas expresadas:

Que el resultado del referéndum sea reversible (si Cataluña llegara a independizarse, debería dejarse la puerta abierta a su futura reunificación con España si así lo deseara la gente).
Que se deje lo más claro posible qué significaría la independencia (por ejemplo, negociando antes cómo se repartiría la deuda pública, qué compensaciones habría que pagar, qué sucedería con la pertenencia a la UE, etc) para que nadie pueda llamarse después a engaño.
Que se establezca un umbral mínimo de participación y de votos a favor para poder concluir que hay una mayoría sólida de catalanes que quiere la independencia. De todas las propuestas realizadas, hay una con la que me identifico especialmente y que he defendido en el pasado: no podría decirse que ha ganado la opción independentista a no ser que la mitad más uno del censo así lo quiera. Creo que se trata de una opción equilibrada, respetuosa con el principio democrático y que da una cierta ventaja al statu quo por ser esta una decisión tan trascendental.
Que se asegure que la voluntad independentista es estable, para lo cual habría que repetir el referéndum varias veces (se llega a proponer un periodo muy largo de prueba, de 50 años, que a mí me parece sin duda excesivo).
Que en el referéndum haya más de dos opciones.
Que el referéndum se vote en toda España.

'Patria'

Esta última condición es especialmente polémica. Creo que encierra un argumento atendible, pero se expresa de forma inadecuada. Estoy de acuerdo con quienes piensan que el resto de españoles no pueden permanecer pasivos ante lo que decidan los catalanes. El pueblo catalán no puede decidir unilateralmente separarse de España, pues hay muchos asuntos que deben resolverse mediante negociaciones entre las partes (doble nacionalidad, relaciones comerciales, defensa, infraestructuras, etc). Pero eso no se arregla extendiendo el referéndum al conjunto de España. El referéndum es un instrumento democrático para averiguar cuál es el apoyo popular a la independencia en Cataluña. Si se celebrara en toda España, sólo serviría para constatar el abismo que se ha generado entre esta parte de España y el resto. Más bien, lo lógico es que, en caso de que gane la opción independentista, se abran negociaciones entre el Gobierno central y el Gobierno catalán para que todas las partes afectadas pierdan lo menos posible. Aunque sea un ejemplo para muchos desprestigiado, podemos pensar en el Brexit: no ha votado toda la UE, sólo el Reino Unido, pero como la decisión del Reino Unido tiene consecuencias de todo tipo para ambas partes, estas están negociando en la actualidad un acuerdo de separación.

Más allá de cómo entienda cada uno las garantías del referéndum, lo que me gustaría señalar es la filosofía sobre la que se basa la propuesta del referéndum pactado. Me explico. En la cuestión catalana, por el problema de demos antes apuntado, los independentistas tratan de justificar sus pretensiones apelando al principio democrático, mientras que los contrarios a la independencia se acogen al principio constitucional. Ambos principios, el democrático y el constitucional, entran en colisión. Según argumentó el Tribunal Supremo de Canadá en su célebre sentencia sobre la independencia de Quebec, es preciso encontrar una solución en la que los dos principios encuentren acomodo: el sistema legal-constitucional debe hacer hueco a un referéndum, no porque la minoría territorial tenga derecho a ello, sino porque es la mejor manera de respetar el principio democrático. La mayor parte de los participantes en el debate, aunque no lo haya formulado en estos términos, ha creído que la organización unilateral y al margen de la ley del referéndum no es una buena solución, pero tampoco resulta admisible la cerrazón completa del sistema a una demanda ampliamente mayoritaria en Cataluña. Por eso, han apostado por un referéndum pactado. Eso exigirá mayor sensibilidad democrática en el establishment español, algo que por desgracia parece bastante lejano.

La semana próxima propondré un nuevo tema de debate. Mientras, invito a todos los lectores a que continúen opinando sobre la cuestión catalana. No faltarán ocasiones para retomarla. Saludos para todos.

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