Plaza Pública
¿Separar Trabajo y Seguridad Social?
Mientras la Seguridad Social estuvo dentro del Ministerio de Trabajo el Fondo de Reserva se ha ido esfumando, cuando en 2011 contaba con casi setenta mil millones de euros, y la Seguridad Social debe hoy al Estado más de cincuenta mil millones. Además, la mitad del déficit anual del Estado está hoy causado por nuestra Seguridad Social.
Sucede todo esto con un sistema público de pensiones de reparto cuyos ingresos se calculan todos los meses como un porcentaje de los salarios, y solo de los salarios, de los trabajadores. Tal sería la lógica de que la Seguridad Social estuviese durante todos esos años dentro del Ministerio de Trabajo.
Pero es lo cierto que con ese sistema de cotización sobre los salarios, cuando se necesitan menos ocupados para hacer lo mismo, cuando los trabajadores fijos ven devaluadas sus remuneraciones o cuando los nuevos ocupados perciben salarios a cada paso inferiores, la insuficiencia de ingresos mensuales para pagar unas pensiones mínimas dignas y –todas- revalorizadas aboca al sistema al déficit.
Entonces, para reducir el crecimiento de los gastos, se postula retrasar la edad de jubilación y jubilarse con una pensión inicial menor. Dificultando el relevo de los ocupados con más de 35 años cotizados por los actuales desempleados, y con formas de cálculo que darían pensiones iniciales medias por debajo de los mil euros para los nuevos jubilados (no digamos para el actual precariado). Medidas que, para los que pasan por técnicos sin ideología en estos asuntos (calificados de ortodoxos) son de sentido común, pero que les agradecen los que venden planes privados de pensiones.
¿Una buena noticia?
Por este motivo quizás sea, paradójicamente, una buena noticia que la Seguridad Social deje de estar dentro del Ministerio de Trabajo. Porque quizás así se pueda abrir la perspectiva, y considerar que los ingresos de un reforzado sistema público de pensiones no tienen por qué venir solo de un ingreso porcentual mensual sobre los salarios. Sino que debieran nutrirse también con una parte de esos siete puntos de PIB de ingresos públicos que recaudamos por debajo de la media europea.
En este punto debe reiterarse las veces que sea preciso que el Sistema y la Tesorería de nuestra Seguridad Social durante muchos años evitaron (ver aquí) que nuestra Hacienda Pública destinase ingresos fiscales para financiar nuestro envidiable sistema sanitario público y universal. Se estima que por unos quinientos mil millones de euros. Sería simple reciprocidad que a partir de ahora con cargo a impuestos generales se absorbiesen los déficits que la Seguridad Social contraiga con el Estado. Hasta esos quinientos mil millones.
Pero, además, porque si incorporásemos el resto del valor añadido que no son salarios a las bases de cotización (por ejemplo con un tipo del 10%) y redujésemos el porcentaje actual de cotización sobre la masa salarial (del actual 26% al 17%), conseguiríamos no solo evitar que el sistema anote un déficit de recursos anual por más de veinte mil millones, sino hacerlo gracias a rebajar las aportaciones de las actividades más intensivas en empleo (como las educativas y sanitarias) y aumentar la aportación de las más automatizadas (como la energía o los servicios financieros). Conseguiríamos (ver aquí) un equilibrio del sistema de pensiones público y de reparto, sin penalizar el empleo y sin actividades gorronas.
¿Cambiar el modelo?
De manera que bienvenida sea esa separación de nuestra Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Abandonemos progresivamente la masa salarial como base exclusiva del cálculo de cotización de nuestras empresas al sistema de pensiones de la Seguridad Social. No sigamos penalizando a sectores y empresas que mantienen más y mejor empleo.
Porque no basta con reformas puntuales de los ingresos que levanten los topes de cotización de los asalariados con mayores nóminas, que ajusten las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales o con la supresión de bonificaciones y reducciones de las cuotas manifiestamente ineficientes para articular “un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones” y “garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural”, tal como se enuncia en el reciente Acuerdo de Gobierno para España (puntos 2.4.1. y 2.4.1.1.).
Porque un sistema de pensiones –públicas, universales y de reparto– sólido y con futuro en el siglo XXI no puede permitirse que una creciente parte de la riqueza y valor producidos, en muchas de nuestras empresas y sectores, quede al margen de su contribución a la protección social de los trabajadores que lo hacen posible.
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Por no querer enfrentar esta cuestión crucial se hacen trampas al solitario tanto los que ven la solución en un aumento de la natalidad, como los que mientras tanto la buscan en la inmigración. Porque en ambos casos se razona la sostenibilidad de las pensiones públicas en el limitado y anacrónico marco de un sistema anclado en cotizaciones sobre salarios, no sobre el conjunto del valor añadido o de la riqueza nacional.
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