Los CIE: motivos para cerrarlos y posibles alternativas

Un total de 39 internos del Centro de Internamiento de Extranjero (CIE) de Aluche (Madrid) permanecieron amotinados durante la noche de este martes en la terraza del edificio como expresión de protesta ante las condiciones que, según sus quejas, se ven obligados a soportar en sus instalaciones. "Nos tratan como a perros" o "aquí hay gente enferma" fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la madrugada y la mañana del miércoles.

Algo que, a juicio de la Unión Federal de Policías (UPF), fue la "crónica de un motín anunciado", tal y como señalaron fuentes del sindicato en conversación con infoLibre. La UPF ya había alertado de la posibilidad de incidentes como el que finalmente se produjo en este centro de internamiento, situación que responde a una "dejación total de los CIE" y a una "mala gestión" en cuanto a la seguridad. Denuncian, en este sentido, que "hasta hace dos años había 13 funcionarios por cada turno" en Aluche, mientras que "ahora hay cinco". Por ello, "lo normal es que pase esto, igual que pasó en Murcia e igual que pasará mañana en Barcelona si no se toman medidas". Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han asegurado que el nivel de ocupación del centro madrileño es del 43% sobre el total.

Los CIE, según el reglamento actual que los regula, el Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo, funcionan como centros temporales de internamiento, es decir, los inmigrantes a los que un juez ha enviado a uno de estos lugares sólo pueden permanecer en ellos 60 días, durante los que se tramita su expulsión del país –que se produce cuando la persona entró en territorio nacional– o devolución –que tiene lugar cuando el inmigrante no logró entrar en el país–, o bien son puestos en libertad. Aunque esta detención es uno de los procedimientos más comunes, teóricamente se trata de una medida extraordinaria que se toma cuando existen sospechas de que el inmigrante puede suponer "un peligro real para el orden público, presenta riesgo de incomparecencia o dificulta su expulsión".

Durante el año 2015, un total de 6.930 personas fueron internadas en los siete CIE que figuran en España –ubicados en Algeciras, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Tenerife y Las Palmas–, según el último informe anual elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes de España (SJM-E). No obstante, sólo 2.871 de las 6.869 expulsiones llevadas a cabo a lo largo del año procedieron de los CIE. Es decir, fueron expulsadas el 41,42% de las personas internadas, menos de la mitad. En cuanto a las devoluciones, únicamente fueron ejecutadas 3.725 de un total de 4.393 personas internadas como medida cautelar en expedientes de devolución por su entrada ilegal en el territorio. Del máximo de 60 días de estancia permitidos en el centro, el 2015 registró una media de 24 entre los siete CIE.

Vulneración de los derechos humanos

La principal denuncia de las ONG es rotunda y unánime: la vulneración de los derechos humanos de los inmigrantes en estos centros. Los argumentos de las organizaciones abarcan aspectos que van desde la privación de libertad, la frecuencia de las retenciones, la opacidad de información o las cuestionables prácticas en el régimen de internamiento.

Privación de libertad

Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, señala en declaraciones a este periódico su preocupación por que "se esté usando la privación de libertad con cierto automatismo como solución única y exclusiva en las situaciones de irregularidad". Según la asociación Karibu, el internamiento "se sigue produciendo de manera abusiva". Esta organización denuncia la frecuencia con la que son "internadas personas con nula posibilidad de ser expulsadas", y critica que tampoco se valore la situación individual de las personas extranjeras, como arraigo en el país, hijos e hijas menores a cargo o enfermedades graves. A juicio de Álvarez, el número de "detenciones arbitrarias" provoca que "muchas personas que nunca deberían ser ingresadas en los CIE lo estén, porque la Aministración sabe que no las va a poder expulsar".

Las ONG también han denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Se trata de "personas enfermas, agredidas, a quien nadie visita, menores, solicitantes de asilo, víctimas de trata o las que carecen de intérprete", tal y como señala la SJM en su informe. En el documento, asimismo, se recoge la presencia en el año 2015 de un total de 19 menores internados y de 196 personas con una solicitud de protección internacional en trámite.

Virginia Álvarez subraya que Amnistía Internacional se opone "radicalmente a que se pueda estar privando de libertad a personas víctimas de trata, embarazadas, solicitantes de asilo o aquellas que estén en situación de cierta vulnerabilidad". Denuncia, asimismo, las redadas contra la prostitución que derivan en el traslado a estos centros de "mujeres sin haber hecho una identificación", que no reciben en un centro de estas características la "protección adecuada". SOS Racismo ha denunciado también la existencia de personas en situaciones de extrema vulnerabilidad en el centro de Aluche.

La asociación Karibu, además, resalta la "opacidad de los CIE y de los vuelos de repatriación". Ante esta falta de transparencia, señala como necesario que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras publique datos de los centros en los que se especifique, "como mínimo", los países de origen de las personas internas, el motivo de ingreso, la razón del internamiento y la estancia media, así como los perfiles de quienes estén pasando por situaciones de especial vulnerabilidad.

Prácticas internas

Una vez en el interior de las paredes del centro, las organizaciones llevan años censurando el trato a los inmigrantes y las condiciones en las que viven. La activista de SOS Dayana Contreras explica en conversación con este diario que "en Aluche venimos denunciando la vulneración de los derechos humanos, empezando por la atención sanitaria deficiente". En este sentido, apunta a la falta de asistencia a las personas que puedan tener enfermedades crónicas, problemas de adicción, o aquellas que necesiten tratamientos específicos. Los argumentos de Contreras los suscribe un inmigrante anónimo –rechaza hacer público su nombre por encontrarse en una situación irregular– con el que ha podido conversar infoLibre y que permaneció dos meses en el centro madrileño. "No podíamos enfermar fuera de los horarios establecidos", recuerda el joven, quien lamenta que tampoco tenían "una atención adecuada" y que "si uno se enfermaba y ya había pasado el horario del médico –entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana–" no contaba con ninguna alternativa. 

La asociación Karibu también coincide en destacar mediante su informe del 2015 que en el CIE de Aluche "la atención sanitaria presenta importantes carencias: el servicio médico, subcontratado a una empresa, no ha pasado a depender de personal médico de la Administración General del Estado y el centro sigue sin contar con una enfermería". Por otro lado, continúa, "se siguen sin garantizar las necesidades básicas de las personas internas, sobre todo en lo que se refiere a ropa y calzado". El inmigrante internado en Aluche señala además las malas condiciones de la comida, "prácticamente en estado de descomposición".

También insiste en las prácticas por parte de "algunos policías, no todos", respecto a los inmigrantes: "Cuando llevaban a algún compañero a deportar lo maltrataban en el calabozo del aeropuerto", señala. "Lo maltratan, lo golpean, lo martirizan y luego lo llevan al avión advirtiendo de que la próxima vez será peor". Sus palabras concuerdan con el relato de Dayana Contreras, quien asegura que la asociación tiene conocimiento de que "cuando se llevan a las personas deportadas, en el camino reciben maltrato por parte de la policía, especialmente si se resisten porque no se quieren ir". Por su parte, Karibu señala que, "aunque de manera aislada y no generalizada, los internos que son trasladados al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas siguen refiriendo el empleo de la fuerza de manera indebida por parte de los funcionarios de las correspondientes Brigadas Provinciales encargadas de ejecutar la deportación".

El inmigrante procedente de Gambia y primero en denunciar los CIE ante el Parlamento Europeo, Alhagie Yerro, admite que a su llegada a territorio español "no pensaba que esos sitios pudieran existir". Yerro lamenta que "vivir en España sin papeles es un delito" y este tipo de centros "son cárceles". El joven, que estuvo retenido en el centro de Fuerteventura –ahora cerrado– durante 35 días, recuerda en conversación telefónica con este medio los malos tratos por parte de "gente con uniforme, pegándonos todos los días como si fuéramos delincuentes". Denuncia asimismo la escasa atención sanitaria y la falta de responsabilidad por parte de las autoridades. "Si tú coges a una persona, la encierras en una jaula, le privas de libertad, eres responsable de ella", concluye, tras subrayar que en los CIE "hay gente que muere" –en Madrid y Barcelona–.

Dictámenes judiciales

A lo largo del año 2015 se han producido una serie de fallos por parte de la justicia española respecto a los CIE existentes en el territorio. El Tribunal Supremo anuló en febrero tres artículos del reglamento aprobado en marzo del 2014. El primero de ellos condicionaba la compañía de los hijos menores a la existencia en el centro de módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar. El segundo, permitía volver a ingresar en el centro a personas extranjeras por la misma causa hasta completar el plazo de 60 días y, finalmente, el tercero autorizaba los cacheos y registros con desnudo integral.

En cuanto a los juzgados de control, el pasado año fueron registradas tres resoluciones de especial relevancia para algunos de los centros situados en el mapa español. La primera de ellas, que data del mes de mayo, ordenaba una serie de reformas en Zona Franca (Barcelona) que iban desde permitir el uso de móviles y de relojes, hasta el acceso a pruebas sanitarias por parte del interno. El mismo juez ya había ordenado en el año 2014 ampliar el horario de visitas, retirar las mamparas que separaban a los internos de sus familiares e incorporar aseos en los dormitorios.

El julio del 2015, el juzgado de instrucción en funciones de control del CIE de Aluche emitió un auto por el que recordaba a su director la obligación de notificar a las personas internas con una antelación de 12 horas el momento en que se va a producir la expulsión, el número de vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino. En su auto, el juez aseguraba que las condiciones a las que se somete a los internos durante las horas previas a la expulsión "suponen un desconocimiento del significado y alcance constitucional que exige el respeto a la dignidad humana de las personas".

El 31 de julio de ese mismo año el juzgado de control de Las Palmas concluyó que, más de un año después de la aprobación del reglamento, "la estructura organizativa actual no cumple la normativa vigente, ya que únicamente se han adoptado sus previsiones en lo que respecta al personal policial". Señalaba, de este modo, las carencias en cuanto al personal médico, los escasos servicios de asistencia social y cultural, o la inexistente asistencia jurídica. 

Finalmente, la Fiscalía General del Estado afirmaba en su memoria anual que el CIE de Aluche presenta "un deterioro progresivo de las instalaciones" y "la inexistencia un año más de servicios de asistencia social en el CIE de Algeciras".

Alternativas a los CIE

La postura de organizaciones y activistas respecto a la existencia de los CIE en España se traduce en un grito prácticamente unánime: su cierre definitivo. Entretanto, diversas asociaciones han propuesto una serie de alternativas que aspiran a relegar el internamiento como última opción. 

El objetivo inicial de los mecanismos propuestos se basa en reducir el número de personas sometidas a la reclusión en los CIE. En este sentido, la SJM insiste en una serie de cuestiones básicas: priorizar el retorno voluntario, no internar a personas por mera estancia irregular, no internar a miembros de la Unión Europea ni a sus familiares, tampoco a aquellas con perspectivas razonables de obtener la regularización de su situación y, por último, no hacerlo con quienes tengan bajas o nulas perspectivas de ser expulsadas.

Siguiendo una línea similar, SOS Racismo incide también en que la "principal alternativa es buscar caminos de regularización por arraigo familiar, por razones humanitarias o por ser susceptibles de solicitar asilo", entre otras posibles observaciones a tener en cuenta. 

Medidas de vigilancia

Sobre las vías a poner en marcha para reemplazar el internamiento, Santiago Yerga, coordinador del Área CIE de Pueblos Unidos, señala que "las personas expuestas a una devolución o expulsión" pueden estar controladas mediante una presentación periódica ante las autoridades. Esta medida, que también ha defendido el relator especial de los Derechos Humanos de la ONU en el año 2010, es una alternativa actualmente prevista en la Ley de Extranjería. También el Comité de Derechos Humanos de la ONU mencionó la posibilidad de imponer la obligación de presentarse ante las autoridades competentes, del mismo modo que lo planteó en abril del 2012 el Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Otra forma de mantener el control sobre los migrantes sin necesidad de internamiento apunta a la habilitación de un registro de personas extranjeras en situación irregular, iniciativa planteada también por el relator de la ONU, y que incluiría la provisión de documentos oficiales de registro como alternativa a la práctica del internamiento de quienes lleguen sin documentación.

Depósito de una fianza

El relator François Crépeau también expone en su análisis la opción de iniciar diferentes sistemas de garantía, como la entrega de una fianza "para garantizar el futuro cumplimiento de los procedimientos de inmigración por una persona". De este modo, aquella persona "sometida a un expediente de expulsión, tendría que dejar un depósito, y si no comparece lo pierde", explica Yerga, quien zanja que "la retención tiene que ser el último instrumento y no el primero".

Residencia obligatoria

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En último lugar, otra de las medidas que ya están contempladas en la Ley de Extranjería es la de una residencia obligatoria en un lugar determinado. Este punto también fue expuesto por el relator europeo, quien apuesta por la permanencia en un domicilio designado, un centro abierto u otro tipo de vivienda especial.

Por su parte, Jueces para la Democracia propuso en septiembre del 2015 una serie de alternativas a los centros, atendiendo a la necesidad de "iniciar un plan para su cierre progresivo, pues resulta desproporcionada jurídicamente esta privación de libertad ante supuestos de infracción administrativa". Los jueces apuestan, además, por "valorar la implantación de una red de pisos tutelados con las suficientes garantías de localización, con una persona asignada, con retención de pasaporte en dependencias policiales y con presentaciones periódicas". Santiago Yerga también contempla el impulso de los pisos tutelados por las ONG y tutorizados por las administraciones públicas.

Finalmente, subrayan que, respecto a los casos de inmigrantes en situación irregular que hayan cometido actos delictivos con posibilidades de expulsión, el artículo 89 del Código Penal prevé el mantenimiento en prisión hasta materializar el procedimiento, bajo control judicial y sin necesidad de internamiento.