Arranca en el Congreso la comisión de investigación sobre Fernández Díaz

El Congreso ha constituido este jueves la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y ahora los grupos parlamentarios contarán con diez días para diseñar un plan de trabajo que pondrán en común el próximo 21 de marzo.

La presidenta de la Cámara Baja, la conservadora Ana Pastor, ha presidido la ceremonia de constitución de la citada comisión, que estará presidida por el portavoz de Interior del PNV y exviceconsejero vasco del ramo, Mikel Legarda, como presidente.

Para la Mesa de la comisión, además de Legarda, también han elegidos otros cuatro miembros de los cuatro principales partidos: dos vicepresidentes, Francisco Molinero (PP) y Juan Carlos Campo (PSOE), y dos secretarios, Gloria Elizo (Unidos Podemos) y Miguel Gutiérrez (Ciudadanos), conforme al acuerdo alcanzado por los diferentes grupos parlamentarios.

Se trata de la primera comisión de investigación que echa a andar en el Congreso en esta XII Legislatura. Su creación fue aprobada por el Pleno en septiembre del año pasado, pero estuvo parada por la enfermedad del exministro, que cerca de Navidades tuvo que ser ingresado en un hospital para someterse a una intervención quirúrgica.

Tras su constitución formal, el presidente de la comisión ha propuesto a los grupos que se den unos días, en concreto diez, para que elabore cada uno su plan de trabajo que incluya la documentación que requieren y un listado con los comparecientes que pretenden citar en este órgano, que deberán registrar como plazo máximo el viernes 17.

No adelantar conclusiones

Legarda ha aprovechado para recordar a los grupos que, aún sabiendo la "determinación" y las "ganas" que existen por conocer la verdad de lo que se investiga, "no se debe perder la cortesía", singularmente con los comparecientes, ni adelantar conclusiones.

Además, les ha recordado que no todas las comparecencias serán públicas, sino que pueda haber alguna que, al tratarse de asuntos relacionados con las Fuerzas de Seguridad y de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, pueda exigir que se celebren a puerta cerrada.

Todos los grupos dan por hecho, incluido el PP, que el exministro Jorge Fernández Díaz, a quien precisamente la Cámara Baja reprobó en la Comisión de Interior por los hechos por los que ahora se le quiere investigar, será uno de los más demandados por la oposición.

De hecho, el representante del PSOE, Antonio Trevín, ha subrayado que el testimonio de Fernández Díaz es "clave". Y es que los socialistas sostienen que el exministro organizó una "policía política" que actuó "fuera de la legalidad para perseguir a adversarios políticos.

También el exdirector antifraude de Cataluña

También se da por segura que se cite a declarar al que fuera director de la Oficina Antifraude Catalana Daniel de Alfonso, con el que se publicó las conversaciones que Fernández Díaz mantuvo en su despacho en su etapa de ministro.

Sin embargo, PDeCAT y Esquerra Republicana (ERC) también tienen previsto pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy porque, según ha comentado el representante de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, "cuesta creer" que no supiera "nada" de lo que estaba haciendo su ministro. De su lado, el PP tiene previsto solicitar toda la documentación utilizada en la

investigación que se abrió por la Operación Cataluña en el Parlament autonómico.

Asimismo, tanto los independentistas catalanes como Unidos Podemos se plantean solicitar la presencia de la presidenta del PP catalán y actual secretaria primera de la Mesa del Congreso Alicia Sánchez Camacho, y del jefe de gabinete del presidente, Jorge Moragas, después de que el diario Público publicara que fueron los urdidores de la llamada Operación Cataluña.

En concreto, según el diputado del PDeCAT, Sergi Miquel, lo que se pretende es conocer si Sánchez Camacho y Moragas actuaban como "lobos solitarios" o "coordinados" por alguien del Ministerio del Interior o del Gobierno.

El objetivo es arrojar luz sobre lo que el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha denominado "el Watergate español" y hacerlo, en palabras del diputado de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, "sin revanchas" para dirimir las responsabilidad "políticas, nunca penales".

Asimismo, Unidos Podemos, ERC y PDeCAT también tienen previsto reclamar en a la comisión de investigación a los mandos policiales que acompañaron a Fernández Díaz durante su etapa en el Ministerio del Interior, entre ellos al comisario José Villarejo, ya jubilado, quien declaró en sede judicial haber trabajado hasta el año 2012 en cuestiones relativas al secesionismo catalán, en lo que se conoce como Operación Cataluña, para intentar desacreditar a políticos catalanes.

PP Y PSOE no quieren citar a excomisarios

Sin embargo, tanto el PP como el PSOE no tienen intención de citar a excomisarios de la etapa de Fernández Díaz en Interior, algunos implicados en procesos judiciales abiertos. Su idea es que acudan los responsables políticos de funcionarios policiales, como el propio exministro o el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, según informaron a Europa Press fuentes de ambos partidos.

De hecho, aunque otros grupos los soliciten, los dos partidos mayoritarios harán valer sus votos –en esa comisión rige el voto ponderado– para echar por tierra la pretensión de usar el Congreso como altavoz de los comisarios.

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Esta comisión de investigación nace con un plazo de trabajo de tres meses, pero los conservadores y los socialistas están de acuerdo en tener bastante avanzados sus trabajos para poder constituir la siguiente, relativa al rescate bancario y la crisis de las cajas con especial atención a Bankia, que debe echar a andar antes de acabar abril.

No obstante, tanto el PP como el PSOE pretenden acelerar el trabajo en este órgano con el objetivo de resolver el grueso del trabajo, y principalmente las comparecencias, en los dos primeros meses y asegurarse de que, finales de mayo, se podían elevar ya las conclusiones de la investigación.

De esta manera, el Congreso evitaría que esta comisión coincidiera en el tiempo lo menos posible con la investigación sobre la gestión de la crisis financiera y las cajas de ahorro, confirmaron las fuentes consultadas.