Ribera Salud: así es la pionera de la sanidad privatizada a la que se enfrenta el Gobierno valenciano

Ribera Salud, la compañía que inauguró en España el modelo de sanidad privatizada y que presume de ser la entidad líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, se enfrenta al ocaso de una etapa de expansión lograda, principalmente, gracias a su buena sintonía política con los Gobiernos conservadores de la Comunitat Valenciana, donde centra gran parte de su actividad, y Madrid. 

La Generalitat Valenciana, en manos del PSPV-PSOE y Compromís, dejó claro desde su llegada al poder a mediados de 2015 su voluntad de dar pasos para recuperar el sistema sanitario público. Esta semana comunicó oficialmente a Ribera Salud que no prorrogará su concesión sobre el hospital de Alzira, el primero que adoptó este sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo.

Hará lo mismo, si sigue gobernando, con las concesiones de los otros cuatro departamentos sanitarios que ahora tienen gestión privada. Se trata de las áreas de Torrevieja, cuya concesión finaliza en 2021, Dénia en 2023, Manises en 2024 y Elche en 2025. Ribera Salud participa en todas ellas salvo en Manises, donde la concesión está en manos de Sanitas. En total abarcan la atención sanitaria de 930.000 valencianos a través de seis hospitales y 122 centros de salud y consultorios. La concesiones de Ribera Salud –que actualmente es propiedad al 50% de Banco Sabadell y del grupo norteamericano Centene– afectan a 736.000 pacientes potenciales de la Comunitat Valenciana. 

El modelo de centros sanitarios públicos gestionados totalmente por empresas privadas a través de concesiones fue una apuesta del Gobierno valenciano cuando estaba liderado por el conservador Eduardo Zaplana (1995-2002). El sistema, que también aplicó después Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, es el siguiente: la Administración encarga a una empresa la construcción del edificio y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar atención sanitaria y no sanitaria a los ciudadanos de la población de referencia de ese centro. Cuando las concesiones vencen, si no hay prórrogas, revierten a la Administración, que mientras tanto es una mera inquilina.

69 millones para su rescate 

Ribera Salud fue creada por las desaparecidas cajas CAM y Bancaixa, que se repartieron al 50% el capital, para poner en marcha y gestionar el Hospital de La Ribera, en Alzira. En la inauguración de este centro sanitario –en la que participó el obispo de Valencia, Agustín García-Gasco, que bendijo el edificio– Zaplana puso en valor las nuevas fórmulas "inteligentes" de gestión. Más efusivo fue el entonces consejero de Sanidad, Joaquín Farnós, que señaló que el nuevo hospital marcaba una época y un camino tras reconocer que estaba siendo uno de los días más felices de su vida.

Sin embargo, el hospital de Alzira hizo aguas en sus primeros cuatro años de funcionamiento: registró 5,24 millones de euros de pérdidas entre 1999 y 2002. Esta circunstancia llevó a la Generalitat, que seguía en manos del PP, a rescatar la concesión sacando de nuevo a concurso el hospital con unas condiciones más atractivas para la concesionaria. El rescate, que se realizó de mutuo acuerdo, acabó con una indemnización para la concesionaria de 69 millones de euros, equivalentes supuestamente a la inversión no amortizada y al lucro cesante, aunque el entonces consejero, Serafín Castellano, se negó a detallar en Les Corts el desglose de esa cantidad. 

Los nuevos pliegos contemplaban además del hospital el control de los centros de salud del departamento, con lo que se incrementó en un 68% el canon anual que la Administración pagaba por cada habitante de la comarca al que le correspondía este departamento sanitario. La Generalitat defendió entonces que no se había producido un rescate, sino una "redefinición del modelo". La misma unión de empresas anterior, que fue la única en presentarse, resultó la ganadora del nuevo concurso. 

Expansión del modelo 

A partir de ahí el llamado "modelo Alzira" comenzó a expandirse como una mancha de aceite por la Comunitat Valenciana. En 2006 entraron en funcionamiento las concesiones de Torrevieja y Dénia, en 2009 la de Manises, la única que no está en manos de Ribera Salud y que gestiona Sanitas; y en 2010 la del Hospital de Vinalopó, en Elche.

La consolidación del modelo fue paralela a la de la Ribera Salud, que para poner en marcha su negocio de gestión de servicios sanitarios en colaboración con la Administración apostó por la financiación privada, pero también por la pública a través del ICO. El instituto oficial ha concedido a la sociedad Ribera Salud S.A. y a una de sus filiales, Elche Crevillente S.A., sendos préstamos por valor total de 128 millones de euros, tal y como detalla la propia compañía en la información depositada en el Registro Mercantil. 

En 2009, seis años después del rescate del hospital de Alzira, Ribera Salud obtuvo un beneficio de 2,1 millones de euros. En 2015 (último año depositado en el Registro Mercantil) facturó 348,6 millones, provenientes casi en su totalidad de concesiones públicas, empleó a 4.153 personas y declaró unos beneficios de 13 millones. En junio de ese año la empresa compró a SegurCaixa Adeslas su participación del 51% del Hospital de La Ribera, que ya controla al 96%; y se hizo con el control del 65% del centro de Torrevieja y del 60% de Vinalopó, que estaban en manos de Asisa, y de los que ya tiene el 100%. La firma también gestiona los laboratorios clínicos de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y sus áreas de influencia y dos hospitales en Perú. 

Otros servicios privatizados 

Ribera Salud no se benefició solo de las grandes concesiones hospitalarias, sino también de otros servicios médicos que privatizó el PP. El mayor pelotazo se dio en 2008 con el concierto que externalizó el diagnóstico con resonancia magnética. Aquel año se le adjudicó por 497 millones (100 más que la segunda oferta) a la Unión Temporal de Empresas denominada Erescanner Salud, cuyos principales accionistas eran las compañías Eresa (49%), Inscanner (20%), Ribera Salud (14,5%) y Beanaca (8,5%).

La primera de ellas, Eresa, fundada en 1980, es propiedad de Vicente Saus, amigo de Eduardo Zaplana, quien en 2000 ya le adjudicó las pruebas de resonancia magnética de Castellón y Valencia a través de Iberdiagnosis e Inversión en Alta Tecnología. Las resonancias de Alicante quedaron en manos José Carlos Paz Figueroa, propietario de Inscanner y Beanaca, que tenía como uno de sus principales accionistas a Luis de la Concepción, diputado del PP fallecido en 2008. La cuarta integrante de la UTE, Ribera Salud, cuenta con Alberto de Rosa como gerente. Alberto es hermano de Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y, actualmente, presidente de la Audiencia de Valencia.

La licitación de este concierto recibió un duro varapalo en 2013 con la publicación de un informe desde la Sindicatura de Cuentas bajo el elocuente título de "Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro". La institución fiscalizadora señaló que Sanidad ahorraría al año 16,8 millones si las asumiera públicamente, ya que las pruebas le saldrían a un coste medio de 108,36 euros, mientras que a la UTE se le pagan a 257,19 euros de media. Es decir, la gestión privada supone un sobrecoste del 137%. 

Además del fin de las concesiones, Ribera Salud también afronta un proceso judicial por el presunto cobro irregular de comisiones a empresas de material ortoprotésico que está siendo investigado por un magistrado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción. A diferencia de otros suministros utilizados por la compañía, en el caso de los productos sanitarios (marcapasos, lentes intraoculares, prótesis mamarias, de rodilla, cadera, hombro...) los proveedores facturan directamente a la conselleria los artículos que los médicos les encargan a través de un sistema informático. Es decir, los paga directamente el Gobierno autonómico.

Pues bien, las pesquisas de la UDEF de la Policía Nacional –que investiga el caso gracias a la documentación aportada por un sindicato– apuntan a que la concesionaria pedía a sus médicos solicitar únicamente artículos de proveedores adscritos a su central de compras B2B, con la que Ribera Salud había pactado previamente el pago de una comisión de entre el 5 y el 40% del coste total sin IVA de ese producto, garantizándoles el mercado de las cuatro zonas sanitarias que gestiona. De ahí que la policía apunte a la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

También en relación a la central de compras B2B, la Conselleria de Sanidad inició a principios de este mes un procedimiento sancionador por supuestamente distribuir sin autorización medicamentos a los cuatro hospitales que dependen de la empresa concesionaria, tal y como adelantó Levante. El periódico digital El Español también reveló que Ribera Salud habría facturado 10,6 millones de euros en comisiones a distintos laboratorios que venden a los hospitales que gestiona. 

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La empresa que dirige Alberto de Rosa también tiene abiertos otros procedimientos judiciales por la compra de las acciones que Asisa tenía en el Hospital de Torrevieja, que según el sindicato Simap-Intersindical no fue autorizada por la conselleria; y por una supuesta facturación irregular en el Hospital de Dénia, del que es propietaria del 35% (el resto le corresponde a DKV). En este último caso se investiga si el centró cobró tasas a terceros a través de Gestitursa, una sociedad que actúa como intermediaria entre compañías de seguros y pacientes extranjeros cuando estos acuden a hospitales públicos. 

Por otro lado, la compañía mantiene abiertos otros dos litigios directamente con la Conselleria de Sanidad, a la que ha llevado a sede judicial por haber desestimado sendas reclamaciones sobre reequilibrio económico de una de las concesiones y otro también por la vía contencioso administrativa sobre una orden que la compañía considera que ha convertido en "más gravoso" para sus intereses el contrato de concesión.

Además, la empresa ha anunciado que recurrirá ante la Justicia la decisión de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera, al considerar que es "puramente ideológica" y "no defiende el interés público de los ciudadanos". La vuelta al sistema de sanidad pública puede acabar, por tanto, en los tribunales.