La reforma energética de Soria a examen tras desvelar que las eléctricas 'dictan' las leyes al Gobierno

José Manuel Soria fue designado titular de Industria, Energía y Turismo de España el 22 de diciembre de 2011, en el primer gabinete del recién elegido presidente Mariano Rajoy. Estuvo en el cargo hasta el 15 de abril de 2016, cuando se vio obligado a dimitir de esa triple cartera después de que diversas informaciones periodísticas demostraron que no había dicho la verdad sobre su relación con empresas en paraísos fiscales, a raíz de la publicación de los papeles de Panamá.

Soria está ya alejado de la política. Sin embargo, el libro que está redactando sobre sus vivencias puede que le devuelva de nuevo a los focos. Según adelantó El Mundo, el exministro asegura en esas memorias que las eléctricas iban a su despacho "con reales decretos ya redactados". Lo cierto es que durante su mandato se aprobaron decenas de normas, incluida una gran reforma energética que, sobre el papel, tenía como objetivo reducir el ascendente déficit de tarifa, que alcanzó los 26.000 millones de euros. Lo logró, aunque dejara por el camino otras graves secuelas como la subida del recibo de la luz o el parón a las renovables, que no se reactivaron hasta la pasada primavera.  

Si por algo será recordado Soria será, sin duda, por ser el azote de las energías eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, cogeneración, hidráulicas y las que funcionan con residuos, a las que recortó 1.700 millones de euros a través de un nuevo régimen retributivo que supuso una moratoria a la instalación de nueva potencia renovable con primas.

En el sector de las energías limpias mantienen que se paralizaron las renovables para no perjudicar a las compañías eléctricas. Estas pretendían "ganar tiempo" manteniendo a pleno rendimiento las centrales de ciclos combinados para amortizarlas unos años más más y para prepararse para copar el mercado renovable en el futuro, con el riesgo de que se genere un nuevo oligopolio, según señala una fuente del sector. 

Las consecuencias de ese parón, no obstante, se dirimirán en el foro de arbitraje del Banco Mundial donde hay acumuladas casi una treintena de demandas de empresas extranjeras por el cambio en las reglas del juego dictadas por el Gobierno español. De hecho, sólo hasta el pasado febrero España acumulaba gastos de casi nueve millones de euros en asesorías externas para defenderse de esos procesos arbitrales internacionales. Y el único laudo dictado hasta el momento no ha sido positivo para España, que fue condenada el pasado mayo a indemnizar con 128 millones al fondo británico Eiser por sus fallidas inversiones en tres plantas termosolares por el fin de las primas. 

También fueron controvertidas las medidas sobre el autoconsumo eléctrico a través de sistemas como los paneles fotovoltaicos llevadas a cabo durante el mandato de Soria. Especialmente, el gravamen al autoconsumo de la energía que se produce desde esos paneles para los consumidores que no tienen instalaciones totalmente aisladas de la red, que tienen que seguir pagando los costes regulados del sistema y sus impuestos correspondientes igual que el resto de clientes.

El decreto sobre autoconsumo tampoco incluyó una de las principales demandas del sector fotovoltaico y los defensores del autoconsumo, el llamado balance neto, que consiste en que los usuarios de placas puedan verter a la red el excedente energético y luego recuperarlo en las horas sin sol a cambio de alguna cuota de mantenimiento o una compensación. De hecho, el Gobierno vetó el pasado enero una proposición de ley que abogaba por un autoconsumo eléctrico sin cargos –apoyada por todos los partidos políticos, excepto el PP y Foro Asturias– con el argumento de que se dejarían de recaudar 162 millones de euros anuales. 

Fuentes del sector sostienen que aunque el autoconsumo es "poca amenaza" para las grandes eléctricas –entre los usuarios domésticos instalar una placa supone una inversión considerable y en los entornos urbanos, donde vive la gran parte de la población, la superficie solar por vivienda es muy pequeña– las grandes del sector sí han mostrado reticencias a los "autoconsumos colectivos". Por ejemplo, que las empresas que conforman un polígono industrial monten un parque solar. 

Interrumpibilidad y auditoría 

El paquete de la reforma eléctrica también incluyó cambios en la adjudicación de la llamada interrumpibilidad, los pagos a industrias con consumo intensivo de electricidad a cambio de que se comprometan a detener su actividad en picos de demanda y que permiten que grandes consumidores como Alcoa, Acerlor Mittal, Ercros o Cemex tengan descuentos de millones de euros en la factura. A cambio, se comprometen a asegurar el funcionamiento de la red en caso necesario. 

Las grandes eléctricas ganan 4.295 millones hasta septiembre, un 0,41% más

Ver más

Pues bien, Soria y Nadal idearon cambiar el anterior sistema de adjudicación directa por otro de subasta ciega e individualizada en el que los pujadores no conocían la oferta de los demás. Esa primera operación se cerró con éxito desde el punto de vista del ahorro –de 550 millones a 350–, pero soliviantó a multinacionales como Alcoa, que amenazó con miles de despidos porque alguna de sus plantas se quedaron fuera.  Al final, el ministerio acabó cediendo y apenas un mes después de esa primera subasta anunció el reparto de otros 200 millones de euros más en ayudas eléctricas. Desde entonces ha habido otras dos grandes subastas más en las que se adjudicaron 1.028 millones de euros. Por tanto, la rebaja respecto al sistema anterior ha sido de apenas 72 millones de euros, un 4,4%. 

Por otro lado, durante el mandato de Soria tampoco se realizó una auditoría del conjunto de los costes integrados en la tarifa energética y, en concreto, de los costes reales de generar electricidad, como vienen reclamando de forma reiterada los expertos. El pasado enero, ante la reclamación de un análisis profundo del sector por parte de la mayor parte de los grupos de la oposición, su sucesor, Álvaro Nadal, aseguró que este trabajo ya se había hecho en 2013. No obstante, en aquel momento lo que se realizó fue un estudio sobre los nuevos parámetros de retribución de las renovables. No se analizó el sistema en su conjunto.

Los expertos argumentan que la desconfianza que genera el sistema en los consumidores es consecuencia, en parte, del hecho de que cinco grandes empresas –Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo– se encarguen de producir y venderse a ellas mismas la energía. Esas mismas cinco compañías controlan, además, el 95% del mercado doméstico. Los costes de generación suponen alrededor del 35% de la factura, mientras que el 65% son los llamados costes regulados, que son los que fija el Gobierno.