Las iniciativas de mediación se multiplican mientras sigue cerrada la vía del diálogo entre Rajoy y Puigdemont

A medida que crece el conflicto entre los principales actores de Cataluña y España y se hace visible su incapacidad para abrir una vía de diálogo que pueda proporcionar una salida a la situación han comenzado a multiplicarse las voces que reclaman una mediación. Es decir, una intervención externa que facilite la negociación y que evite la asunción de cualquier medida drástica, ya fuera por parte del Govern de la Generalitat, a través de la declaración unilateral de independencia, o a iniciativa del Gobierno central, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin duda, cualquiera de ellas supondría un nuevo paso en la actual escalada de tensión.

El escenario ideal para el president Carles Puigdemont, que promovió un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y sustentado por una ley en cuya tramitación no se respetaron los derechos de la oposición parlamentaria, sería precisamente la internacionalización del procés a través de una mediación externa de la Unión Europea. Este miércoles volvió a insistir en esta idea en su discurso televisado, si bien reiteró que sus planes de declarar la independencia seguían en pie.

La propuesta de Puigdemont ha sido rechazada frontalmente en Bruselas, donde a pesar de que se sigue con preocupación la situación de Cataluña, los líderes comunitarios se muestran reticentes a involucrarse en un asunto interno de un Estado miembro, especialmente teniendo en cuenta la ausencia de precedentes. Tanto el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no han llegado más allá de sus apelaciones al diálogo en sus declaraciones. "Compartiendo los argumentos constitucionales [del Gobierno], hago un llamamiento a encontrar la forma de evitar una escalada y el uso de la fuerza", dijo Tusk el lunes.

El Gobierno central, cuyo intento de desmontar el referéndum por la fuerza a través de la actuación policial sí ha recibido críticas en Bruselas, rechaza tanto la mediación como su paso previo, cualquier vía de negociación, hasta que la Generalitat no "vuelva a la legalidad". "No se puede mediar con quien no cumple la Constitución ni las leyes. No nos podemos sentar en una misma mesa con aquel que no las reconoce", señaló este jueves el coordinador general de los conservadores, Fernando Martínez-Maillo.

Concepción Escobar, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, señala que una mediación como a la que aspira la Generalitat supondría reconocer a Cataluña "cierta posición internacional", de ahí que el Ejecutivo no la acepte. "El mediador tiene como objetivo aproximar a las partes, ofrecerles alternativas para intentar encontrar una solución, no resolver el problema. No hay que confundirlo con el árbitro, que es un arreglo judicial que sí resuelve la controversia y su decisión es de obligado cumplimiento", subraya.

Por otro lado, Escobar explica que la función de mediación internacional la pueden desarrollar un Estado de manera individual, grupos de Estados, organizaciones internacionales (UE, ONU, Unión Africana...) o altas personalidades. En este sentido, recuerda que el rey emérito Juan Carlos I ejerció de mediador en un conflicto entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos papeleras. Eso sí, ambas partes tienen que estar de acuerdo en el mediador elegido.

En la misma posición que el Gobierno de rechazo a cualquier salida negociada está Ciudadanos. Albert Rivera ha pedido a Rajoy que utilice el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de asumir las competencias del president de la Generalitat para convocar elecciones autonómicas.

El PSOE, por su parte, rechaza cualquier "mediación externa" alegando que ese proceso deben ejercerlo las fuerzas políticas con representación parlamentaria. En los últimos días también ha cambiado su posición respecto a la búsqueda de una salida negociada. Si el lunes Sánchez trasladó a Rajoy que debía entablar negociaciones "inmediatas" con Puigdemont, este miércoles su número tres, José Luis Ábalos, dijo que "no se puede apelar al diálogo" sin desconvocar el pleno "ilegal" del lunes 9 y restituir la legalidad.

Iniciativas 

A pesar de que tres de las cuatro principales fuerzas parlamentarias rechacen la mediación, en los últimos días sí han ido surgiendo iniciativas en ese sentido. Este miércoles Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís instaron a Rajoy y a Puigdemont a que "se sienten en una mesa, sin condiciones previas, para acordar una mediación" entre los ejecutivos que presiden para buscar una solución. Estos son los partidos que el pasado 24 de septiembre se reunieron en Zaragoza, a instancias de la formación morada, para buscar salidas a la crisis catalana. A la cita que mantuvieron el miércoles también acudieron los sindicatos CCOO y UGT como observadores.

En el ámbito de la política ha hecho un ofrecimiento el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que se propuso ante el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para una posible de mediación siempre que contara con el aval del Ejecutivo comunitario.

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En la vertiente institucional, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, también se ofreció el miércoles para promover una mediación con el objetivo de alcanzar un diálogo "sin condiciones" entre todas las partes. En rueda de prensa, añadió que estaba hablando con “muy altas instancias internacionales”, así como con su homólogo estatal. Dijo que no se podían perder días sin dialogar porque se estaban poniendo en peligro derechos básicos de toda la población, tanto en Cataluña como en el resto del Estado.

En el entorno de la sociedad civil destacan las iniciativas como la del Colegio de Abogados de Barcelona, con su decana Eugènia Gay al frente, que ha impulsado la creación de una comisión independiente que articule una vía de salida. A esa llamada al diálogo ya se han sumado CCOO, UGT, las patronales de la pequeña y mediana empresa, las universidades e incluso el FC Barcelona. Como primeras medidas para facilitar el entendimiento han reclamado a Puigdemont aparcar la declaración de independencia y a Rajoy que retire los casi 10.000 efectivos policiales desplegados en Cataluña para impedir el referéndum.

También una treintena de filósofos, entre los que figuran independentistas y no independentistas, han firmado un llamamiento a la negociación reclamando una reconducción de la "peligrosa escalada de acciones y emociones que vive la sociedad catalana", según informa La Vanguardia. Por otro lado, representantes de la Iglesia han mantenido contactos políticos a alto nivel, si bien en este caso la institución católica no tiene la pretensión de actuar como promotora del diálogo, ni de mediadora, pues el Estado de la Santa Sede ha mostrado su firme compromiso con la unidad territorial.