La polémica sobre el "adoctrinamiento" en los libros de texto catalanes reabre el debate sobre la censura previa

Las réplicas del momento que vive Cataluña por la tensión soberanista han llegado al sistema educativo a través de sectores de la población que han reactivado el debate sobre el supuesto "adoctrinamiento político" en las aulas. Piedra angular de estas críticas son los libros de texto con los que estudian los alumnos catalanes, que están siendo analizados por la Alta Inspección Educativa. El Ministerio de Educación encargó en mayo a este cuerpo de funcionarios un informe "detallado y urgente" al respecto.

La investigación, tal y como confirma un portavoz autorizado del departamento que dirige Iñigo Méndez de Vigo, todavía no ha sido finalizada, pues hay que revisar los libros de todas las editoriales. El pasado 18 de mayo, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, dijo que este documento estaría disponible "en breves días" y que se pronunciarían entonces sobre si se estaba vulnerando o no la normativa y sobre si estos manuales carecen de "rigor histórico". Pero han pasado cinco meses y no hay novedades. 

La Generalitat cuestiona la investigación abierta por el Ministerio de Educación, que califica de mera operación de propaganda y sitúa en un contexto de "oscurantismo y censura franquista". "No se entiende por qué se escandalizan tanto de que se ponga el foco en la geografía de Cataluña. Esto pasa en todo el mundo, que todas las materias se explican en referencia al entorno inmediato", ha argumentado la consejera de Educación, Clara Ponsatí. El Gremi d'Editors de Catalunya también ha apuntado que detrás del informe que ha alentado la investigación del ministerio hay un cierto "interés" en "criminalizar" a todo un sector. 

El origen de la investigación de Educación está en un informe [consultar, aquí] de la asociación de profesores Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES), que tras analizar 14 manuales de la asignatura de Conocimiento del Medio de 5º y 6º de primaria (alumnos de once y doce años) de siete editoriales determinó que los contenidos que fija el Gobierno central se han reducido tanto que se dificulta su adquisición y criticó que en algunos de ellos se diga que la ley principal de Cataluña es el Estatuto de Autonomía o que la parte de historia se presente como un constante enfrentamiento entre España y Cataluña al tiempo que se hacen alusiones a la inexistente "corona catalanoaragonesa". 

El documento también cuestiona que la falta de referencias a la monarquía, la Constitución, el Gobierno de España u otras estructuras del Estado "favorece que los alumnos catalanes no adquieran la identidad española" y que "no se sientan españoles, sino sólo catalanes". O que se ensalcen "en exceso" las "diferencias entre los catalanes y los ciudadanos del resto de España, mientras que se reduce o se ignora lo que los une".

No obstante, entre los aspectos criticados de los libros también hay cuestiones de carácter valorativo. Por ejemplo, AMES critica que se presente a la II República "de forma excesivamente favorable"; que se utilice la denominación Estado para referirse a España, lo que lleva a los alumnos a "desconocer que existe una realidad que se llama España"; o que se diga que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 recuperó el uso público de la lengua catalana, lo que da a entender "que antes estaba prohibido hablar en catalán". 

El debate, sin embargo, no es nuevo. En el año 2000, en medio de la negociación de un decreto que pretendía unificar los contenidos de humanidades de todo el país, la Real Academia de la Historia dio a conocer un informe sobre los libros de historia en la enseñanza secundaria en el que determinaba que los manuales no incluían las clásicas cronologías de acontecimientos, ni los personajes históricos y daban una visión parcial y sesgada de la historia de España en detrimento de la historia de cada autonomía. Los académicos también alertaban sobre la supuesta ocultación del concepto de España. Una década después, en 2011, la Real Academia de la Historia fue cuestionada por el escaso rigor científico de algunas de las biografías de personajes del siglo XX incluidas en su flamante Diccionario Biográfico Español. 

La Fundación Jaume Bofill respondió en 2001 al documento de la Real Academia de la Historia con un contrainforme coordinado por el historiador Antoni Segura en el que se analizaron 155 libros de texto, el 80% del total. Ese trabajo demostró que los porcentajes de cada libro dedicados a los avatares de cada comunidad autónoma, estaban muy por debajo de los dedicados a la historia común de España. En Cataluña, la media de páginas dedicadas a la historia autonómica alcanzaba el 15% en ESO y el 33,8% en bachillerato, cuando la normativa fijaba la cuota de historia autonómica en el 45%. 

¿Vuelta a la censura previa? 

En España, desde 2002, no existe para las editoriales la obligación de contar con la autorización de la Administración para poder sacar un material didáctico al mercado, cuestión que ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa. Eso sí, la ley establece que deben adaptarse a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa. La responsabilidad sobre qué manual elegir recae sobre los órganos de coordinación didáctica de los centros educativos.

Respecto a los contenidos que se plasman en los libros, el Gobierno central fija los de las materias troncales (lengua, matemáticas, geografía e historia, física y química, geografía e historia, lengua extranjera...), mientras que los de las llamadas específicas (educación física, plástica, música...) y las de libre configuración (que suponen en torno a un 10-15% del currículo) depende exclusivamente de las autonomías.

En este sentido, el sindicato AMES, que no tiene representación en las instituciones catalanas, reclama que se cambie la ley para que se imponga de nuevo el permiso previo "dados los abusos e incumplimientos de la buena fe constatados". El Govern, sin embargo, no está dispuesto a recoger el guante. A este respecto, la consellera Ponsatí ha defendido que cree "en la libertad de expresión y en la libertad académica" y que entre sus funciones no está censurar de los libros de texto o vigilar a las editoriales. 

La propuesta tampoco gusta a los sindicatos con mayor representación en el cuerpo docente público. El mayoritario USTEC critica las "perversas" finalidades de ese informe, que son "crear una policía del pensamiento, un rígido control curricular y la voluntad de represión contra la disidencia propia de las dictaduras o de democracias como la turca". "Las quejas que se perciben en el informe, solo demuestran la nostalgia por los libros de texto del franquismo", dijo la organización en un comunicado. 

La segunda fuerza sindical del sector, CCOO, también está en contra de la censura previa. "Nosotros creemos en la libertad de imprenta y de cátedra. No se puede controlar absolutamente todo", señala Manel Pulido, profesor de Secundaria y secretario general de la federación de Educación de CCOO en Cataluña. La propuesta tampoco tiene el apoyo de la Fapac, la federación que agrupa al 76% de las asociaciones de padres de alumnos catalanes. "No creemos que sea necesario ese control previo. Nuestra apuesta, de hecho, es que cada vez se utilicen menos los libros de texto en las escuelas", señala su presidenta, Montse Conejo. 

Al igual que ocurre con los supuestos casos de adoctrinamiento o con el modelo de inmersión lingüística, gran parte de la comunidad educativa entiende que este cuestionamiento de los libros de texto no se basa en criterios ni pedagógicos ni sociales, sino meramente partidistas y con fines de desestabilización política. 

En contraposición, la censura previa sí está respaldada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), organización creada en 2014 con el objetivo de promover y difundir las ventajas del bilingüismo y del trilingüismo y defender la "neutralidad política e ideológica" en los centros educativos. Su presidenta, Ana Losada, cree que sí es necesaria la supervisión. Y va más allá, defiende que los manuales deberían ser los mismos en todas las comunidades autónomas y que, en todo caso, se tradujeran a las lenguas cooficiales.   

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Este artículo forma parte de una serie de tres reportajes que ha publicado infoLibre sobre el sistema educativo catalán. Las otras dos entregas son las siguientes: - Verdades y opiniones sobre el supuesto adoctrinamiento en las aulas catalanas- La inmersión lingüística en la escuela catalana: un modelo de consenso cuestionado por unos pocos

Verdades y opiniones sobre el supuesto adoctrinamiento en las aulas catalanas

La inmersión lingüística en la escuela catalana: un modelo de consenso cuestionado por unos pocos