Unidos Podemos y el PSOE se unen contra la regla de gasto utilizada por Montoro contra Carmena

La norma por la cual el Ministerio de Hacienda ha puesto bajo vigilancia las cuentas del ayuntamiento de Madrid podría tener los meses contados. La Mesa del Congreso desestimó este martes el veto del Gobierno a una proposición de ley de Unidos Podemos para eliminar la obligación de que los consistorios con superávit lo dediquen a amortizar deuda, por lo que la admisión a trámite de la propuesta se debatirá en las próximas semanas en la Cámara baja. Además, Unidos Podemos y el PSOE acordaron este martes una moción conjunta en el Congreso para instar al Ejecutivo precisamente a eliminar estas limitaciones a los ayuntamientos, si bien esa moción, de ser aprobada, no tendrá efectos jurídicos y sólo servirá como presión política al Gobierno, a diferencia de la proposición de ley.

Unidos Podemos registró su proposición de ley en el Congreso el pasado 13 de noviembre, pero el Gobierno trató de utilizar su prerrogativa de veto para paralizar la propuesta y evitar que fuera calificada por la Mesa. No obstante, el Ejecutivo presentó su solicitud cuatro minutos después de que acabase el plazo para ello, por lo que la Mesa la ha desestimado y la admisión a trámite de la proposición de ley se someterá a debate y votación en las próximas semanas. Si saliera adelante, eso no implicaría su aprobación inmediata, sino el comienzo de su tramitación parlamentaria.

La proposición de ley pretende reformar varios artículos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la que desarrolla el artículo 135 de la Constitución y en virtud de la cual Hacienda ha intervenido las cuentas del ayuntamiento de Madrid. "Esa regla impide a las administraciones públicas utilizar el remanente de tesorería derivado de superávits fiscales para financiar las políticas económicas y sociales [...] otorgando prioridad al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público", señala Unidos Podemos en la exposición de motivos de su texto. 

Fundamentalmente, la iniciativa plantea eliminar las limitaciones que impone la norma para elevar el gasto público para los ayuntamientos que tengan "superávit o equilibrio presupuestario" y una deuda "inferior al 110%" de su PIB. Asimismo, el texto busca la eliminación del apartado que indica en la Ley de Estabilidad que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública", y también plantea que se supriman de la norma los artículos que establecen la posibilidad de aplicar medidas coercitivas para los ayuntamientos que incumplan los objetivos marcados. Precisamente son estos artículos los que ha utilizado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para poner bajo vigilancia las cuentas de Madrid.

"Esta regla, tal y como se encuentra formulada, implica necesariamente una pérdida continuada de peso del gasto público sobre el PIB en un contexto de ya significativo alejamiento de nuestro país respecto a los niveles medios de la UE", denuncia en su proposición de ley Unidos Podemos, que también asegura –citando a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)– que "la aplicación de la regla de gasto es distinta de la interpretación que se hace de ella a nivel europeo". En la UE, compara el texto, las limitaciones se aplican "al conjunto" de las administraciones públicas y no a cada una por separado, la regla no se activa "mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo" y su incumplimiento "no tiene consecuencias en forma de sanciones".

PSOE y Unidos Podemos acuerdan una moción

En este asunto, el PSOE va en la misma línea que Unidos Podemos. Y, aunque la admisión a trámite de la proposición de ley de la coalición no se debatirá hasta dentro de unas semanas, este mismo martes se discutió en el Congreso una moción sobre la misma cuestión presentada por los socialistas, que finalmente acordaron con Unidos Podemos presentar un texto conjunto. Esta moción se someterá a votación el próximo jueves, y ya han anunciado que la apoyarán el PDeCAT, el PNV y EH Bildu.

En esta moción conjunta –que, de aprobarse, no tendrá efectos jurídicos y sólo servirá como presión política al Gobierno, a diferencia de la proposición de ley– se exige al Ejecutivo a seguir "la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la UE" a la hora de aplicar la regla de gasto, así como a eximir de los límites que impone a los ayuntamientos "que preesnten cuentas públicas saneadas", es decir, aquellos que "presenten superávit o equilibrio presupuestario, tengan un nivel de deuda inferior al 110% de los recursos corrientes y mantengan un plazo medio de pago a proveedores inferior a los 30 días".

Asimismo, la transaccional negociada por PSOE y Unidos Podemos insta al Gobierno a eliminar la obligación de que los ayuntamientos tengan que utilizar su eventual superávit para amortizar deuda "y, en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de igualdad, políticas de juventud, etc.". También se exige "modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local, de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%".

Ciudadanos y el PP, en contra

La cúpula de Podemos quiere que Julio Rodríguez sea el número dos de la lista de Carmena

Ver más

A la espera de lo que decida ERC –que no manifestó su posición este martes–, la moción de PSOE y Unidos Podemos cuenta con 171 votos comprometidos a favor: los 85 del PSOE, los 71 de Unidos Podemos y Compromís, los 8 del PDeCAT, los 5 del PNV y los 2 de EH Bildu. En su defensa de la propuesta, la diputada socialista Susana Sumelzo exigió "una vez más a Rajoy y a Montoro que dejen de tratar a los ayuntamientos como si fueran una administración de segunda división", y denunció que "desde que Gobierna el PP, las entidades locales están sufriendo un constante acoso e injerencia en su autonomía local".

Por su parte, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, criticó que "la misma regla de gasto que el PP obliga a cumplir a los ayuntamientos es incumplida todos y cada uno de los años por la administración central gobernada por el señor M. Rajoy, y por supuesto nunca ha sufrido ninguna medida correctiva por ello". "El PP no obliga a cumplir esta torticera regla de gasto a todos los ayuntamientos, sino solo a aquellos que les da la gana, y así puede ocurrir que intervengan el ayuntamiento de Madrid, uno de los que mejor está gestionando en España [...] y sin embargo le perdonan el incumplimiento sistemático de la regla de gasto" al ayuntamiento de Jaén, gobernado por el PP y que es "el que más deuda tiene por habitante".

Ciudadanos y el PP se mostraron en contra de las medidas exigidas por PSOE y Unidos Podemos. "Lo que no puede ser es que cuando una entidad tenga superávit tenga derecho a gastárselo inmediatamente, porque eso es comprometer el Estado del bienestar", aseguró Francisco de la Torre, diputado del partido naranja, que alertó de que relajar las limitaciones a los ayuntamientos con superávit "les va a permitir gastarse más de lo que ingresan y esto es el primer paso de que acabamos teniendo todos subidas de impuestos y recortes". Por su parte, el parlamentario del PP José Vicente Marí afirmó que reformar la regla de gasto supondría volver "a las políticas equivocadas de gasto público descontrolado, que tuvieron como resultado la práctica quiebra de todas nuestras administraciones y que 3,5 millones de españoles fueran a parar a las colas del paro".