El PP incumple sus estatutos y no expedientará a su tesorera tras ser procesada y quedar en “libertad provisional”

La decisión inédita de sentar a una formación política en el banquillo, el PP, junto con su tesorera y dos empleados por destruir los ordenadores en los que Luis Bárcenas declaró que había acumulado pruebas de la caja B saltó este viernes a la escena pública mientras el desfile ante el Tribunal Supremo de los dirigentes independentistas encarcelados copaba toda la atención. Fechado el jueves, el alcance del auto fue minimizado en la Moncloa por el portavoz del Gobierno, que de manera habitual deniega pronunciarse sobre temas del partido: "Las responsabilidades políticas ya han pasado", dictaminó en la rueda de prensa institucional Íñigo Méndez de Vigo.

Por la tarde, a preguntas de infoLibre, fuentes oficiales de la organización que capitanea Mariano Rajoy cerraban el círculo al confirmar que contra la tesorera no se adoptará ninguna medida porque "no es un cargo público". Al blindar a Navarro, quien hace meses ya anunció en el Congreso que no había llegado a ese puesto para investigar nada, el PP incumple los estatutos aprobados en su congreso de febrero, cuando remachó que su militancia había vivido "a miles de años luz de cualquier corruptela política". Porque esos estatutos, menos estrictos incluso que el pacto con Ciudadanos previo a la investidura presidencial, prevén en su artículo 22 esto: que se someterá a "expediente disciplinario" a cualquier afiliado contra quien un juez dicte apertura de juicio por corrupción si se trata de un cargo público; o, en cualquier caso, cuando el afiliado incurra en "conductas que estén tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se hayan cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos a los que los presentes Estatutos sujetan a los afiliados al Partido Popular".

Las fuentes consultadas en el PP no explicaron por qué la dirección del partido no considera aplicable ese punto a Navarro, que según la resolución de la jueza que ha ordenado la apertura de juicio no solo está ya camino del banquillo sino que se encuentra, como los otros acusados, en "libertad provisional".

¿Son delitos dolosos, es decir, perpetrados de manera consciente y voluntaria, los dos que la titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, atribuye a Carmen Navarro y los otros procesados, el de encubrimiento y el de daños informáticos? Los penalistas consultados por este diario sostienen que no hay la menor duda de ello. ¿Y contravienen los "deberes éticos" reflejados en los estatutos del partido? En el reglamento interno no hay ningún capítulo o artículo bajo ese epígrafe pero sí uno relativo a los valores y principios que presiden la organización. Y ahí se incluye esto: "Promovemos una regeneración ética y ejemplarizante de la vida pública, que erradique la corrupción de las instituciones en todas sus vertientes e impulse la rendición de cuentas y la trasparencia".

La "íntima conexión" con la caja B del PP

Pero hay más. Porque el auto de la jueza Freire tumba la pretensión del PP de que el caso se archivase siguiendo la denominada doctrina Botín dado que solo preconizan su enjuiciamiento las acusaciones populares –Adade y Observatori Desc– pero no la Fiscalía. Y lo tumba en un párrafo donde cita una resolución previa de la Audiencia de Madrid para afirmar lo siguiente: que "se impidió con el borrado de los datos [de los ordenadores de Luis Bárcenas] la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia". Esa causa es la de los papeles de Bárcenas. O lo que es lo mismo, la de la caja B del PP, aquella para cuyo enjuiciamiento la Audiencia Nacional acaba de cambiar sobre la marcha y a última hora la composición del tribunal, al que ha incorporado a un magistrado que en 2001 accedió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP. 

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Entre esa causa, la de los papeles de Bárcenas, y la de la destrucción de los ordenadores hay una "íntima conexión", expone la jueza Freire. "Ello impide apreciar en este momento procesal la consideración de la naturaleza estrictamente privada del delito de daños informáticos y la consiguiente aplicación de la conocida como doctrina Botín, posibilitando que en su día resuelva el órgano de enjuiciamiento si así se le plantease". Ese órgano, y así lo dice de forma explícita el auto, será uno de los juzgados de lo Penal de Madrid.

En septiembre de 2016, Luis Bárcenas retiró su acusación contra el PP por haber borrado los que hasta ese momento había proclamado como sus ordenadores. Antes de cambiar de estrategia, cambio que se hizo patente en el recién finalizado juicio de la llamada Época I de Gürtel, el primero de la serie encomendada a la Audiencia Nacional, el hombre que durante dos décadas controló las finanzas del PP en el primero de los dos ordenadores sometidos a destrucción, un Toshiba, guardaba información sobre la caja B del PP que ya había facilitado al juez en 2013. En el segundo ordenador, un Apple que quedó por completo irrecuperable, almacenaba –eso declaró– correos electrónicos, agendas con reuniones fijadas con donantes del partido, recibís de pagos firmados, hojas de cálculo con presupuestos electorales y datos sobre sus propias cuentas opacas de Suiza.

Hace un año y medio, en julio de 2016, y en la resolución por la que daba vía libre para iniciar el camino hacia el juicio y que fue recurrida por el PP, la jueza Freire sostuvo que tanto la tesorera Carmen Navarro como el abogado del partido Alberto Durán "acordaron la destrucción física de los discos duros" con "aplicación de técnicas drásticas". El recurso del PP, que además recusó a la jueza Freire por partida doble, demoró el avance del caso. Pero hace dos semanas, la Audiencia de Madrid rechazó los recursos contra el denominado auto de pase a procedimiento abreviado dictado por Freire en julio del año pasado. Y abrió así la puerta a la jueza para sentar en el banquillo a los procesados, incluido el PP. Desde ahora, todos ellos –el partido, la tesorera, el abogado y el informático de la organización– poseen ya la condición oficial de acusados.